- Integran comisión con dos magistrados de circuito
- Queda pendiente definir los alcances de las pesquisa
Los ministros Sergio Armando Valls, Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Carlos Ramos MamahuaJESÚS ARANDA
Después de que no había claridad acerca de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, ayer, por mayoría de siete votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atender la "exigencia de nuestra sociedad" e investigar la presunta violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco, ocurridas en mayo de 2007.
Sin embargo, por primera vez ningún ministro formará parte de la comisión investigadora, y sólo se designó a dos magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio González Bernabé.
Esta decisión, trascendió, fue adoptada a propuesta del ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para "bajarle al asunto". Además, falta definir los alcances de la investigación, que serán determinados cuando Juan N. Silva Meza elabore la ampliación del caso y sea revisado por sus compañeros.
En las anteriores comisiones formadas por la Corte, aun cuando participaron magistrados, al frente de la indagatoria siempre había estado un ministro, lo que les daba más fuerza y presencia, se comentó.
Fuentes oficiales señalaron que en el ánimo de los ministros de la mayoría como en el caso de Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se había pronunciado inicialmente contra la intervención de la Corte pesaron las peticiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones no gubernamentales del país e internacionales, del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos e inclusive de líderes políticos quienes, aprovechando el acto conmemorativo del aniversario de la Constitución en Palacio Nacional, comentaron "en corto" que "¿cómo era posible que la Corte hubiera atraído el caso de Lydia Cacho, que afectó a una persona, y no lo hiciera en el caso Atenco?"
Al fijar su postura en favor de la indagatoria, el ministro presidente señaló que, "aunque no se hicieran recomendaciones, (o) habiéndolas hecho sean desatendidas, los criterios jurídicos de interpretación de la Constitución en estos tópicos serán de gran utilidad, más aún, lo siento, lo advierto en lo personal como una exigencia de nuestra sociedad". Agregó que percibe, en la exigencia social, que la Corte ha discutido intensamente sobre derechos humanos fundamentales, pero "hemos tenido muy pocos pronunciamientos" sobre esa materia.
Al justificar su voto, precisó que la comisión no investigará los "hechos" ocurridos en San Salvador Atenco, porque eso ya lo hizo la CNDH, sino que tendrá que determinar el contenido y el alcance de los derechos humanos fundamentales y decidir en qué punto se les faltó al respeto y si hubo violación de garantías.
También quedó claro, dijo, que a pesar de la investigación y las conclusiones a que llegó la CNDH de que fueron violados los derechos a la vida, la libertad, la integridad física de las personas, la libertad sexual, la privacidad y la inviolabilidad del domicilio, hasta la fecha no se han cumplido las recomendaciones de esa comisión. Es más, "aquella que se dirigió a la Policía Federal Preventiva fue rechazada rotundamente por su titular (Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República)".
Y cuestionó: "cuando la fuerza pública interviene, legítimamente, para restaurar el orden público violado, ¿puede desconocer los derechos humanos de los participantes o tendrá que haber restricciones en la medida en que ésta afectación pueda darse?, ¿quién ha dado estos límites al ejercicio del poder público?, parece que no está establecido.
"¿Es permisible que en un acto de restauración del orden público o como consecuencia de él, se llegaran a practicar actos de tortura, o ésta es una prohibición absoluta que, en ningún caso, puede desatender la autoridad?", agregó.
Precisó que la investigación sobre el caso Atenco permitirá a la Corte determinar "en qué medida pueden ceder los derechos humanos en actos de desorden social que deban ser controlados por la policía".
De acuerdo con los ministros consultados, lo que abrió la puerta para revertir la tendencia de no investigar fueron los criterios expuestos por Fernando Franco González-Salas, quien en su primera intervención en un asunto de este tipo apuntó: "no porque otras autoridades hayan intervenido, la Corte tiene que prescindir de (su) alta responsabilidad de investigar"; si no se atienden las recomendaciones de un organismo público de defensa de los derechos humanos en este caso de la CNDH, debe intervenirse; que la violación grave de garantías trascienda en la vida de una comunidad, pero que ello no significa que tenga que darse un desorden público a escala nacional para investigar como planteaba el proyecto original, porque también se puede violar la garantía de una persona.
A su vez, José Ramón Cossío argumentó que "si uno piensa que hubo, después de las detenciones, actos de violencia física, presuntamente de violencia sexual y sicológica; si se impide la entrada de ambulancias o si se lleva a cabo una acción y se piensa para llevarla a cabo en la noche y entrar a los domicilios de las personas, me parece que sí hay elementos de lo que calificaría como violaciones graves".
La mayoría integrada por Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero y Luna Ramos avaló estos criterios que fueron la base para aprobar la investigación.
Sin embargo, el inicio de la sesión fue complicado. De entrada, Ortiz Mayagoitia hizo un reproche a "quienes, ostentándose como integrantes del pueblo de San Salvador Atenco, han lazando amenazas en contra de uno de los señores ministros de este alto tribunal" trascendió que se trataba del ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, contra quien hubo gritos, en el mítin del jueves pasado ante la SCJN, de que "se lo iban a chingar".
También censuró a los manifestantes que estaban afuera de la Corte exigiendo una resolución en su favor: "Esa actitud, además de reprochable, resulta inadmisible", los ministros sólo obedecemos el mandato de la Constitución y de la ley, "de acuerdo con nuestra íntima convicción, sin hacer caso de presiones, amenazas ni exigencias indebidas".
Por parte de la minoría, que consideraba innecesario investigar porque ya lo hizo la CNDH, Mariano Azuela Güitrón manifestó que en el mundo se multiplican los eventos masivos, en los que si bien no hay intención de generar violencia, se producen fenómenos de este tipo, y que para evitar males mayores interviene la fuerza pública y al intervenir ésta la violencia se multiplica, justificó.
Al tratar de revertir la votación, Azuela advirtió: "va a llegar un momento en que con motivo de la pasión deportiva se dé un evento en un estadio que obligue a la intervención policiaca (y que), como resultado de ésta, se produzcan situaciones que puedan llegar a ser violatorias de las garantías individuales y se nos pida, con la pasión propia del deporte, que hagamos la investigación. Entonces entraremos a un capítulo muy peculiar de la Corte, tratando de ser presionada por pasiones deportivas para que se lleve adelante una investigación, porque aquéllos que resultaron lesionados eran partidarios de tal o cual equipo...".
