Es inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a su propia capacidad para atraer el caso de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías federales y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006. En días pasados, los magistrados expresaron posturas opuestas en este tema: Genaro David Góngora Pimentel defendió la pertinencia de atraer el caso porque, dijo, la SCJN "no debe ser cómplice por omisión ni lavandería de violaciones a los derechos humanos", y señaló que los atropellos policiales contra los atenquenses dos homicidios, violaciones y otros abusos sexuales, golpizas a decenas de personas, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, incomunicaciones carcelarias, allanamientos de morada y robo de pertenencias, según lo enumeran los habitantes de la localidad mexiquense constituyen un asunto de Estado que debe ser investigado y esclarecido para "cerrar heridas sociales y purificar la conciencia nacional". En contraste con esta visión, José de Jesús Gudiño y Sergio Salvador Aguirre Anguiano afirmaron, el primero, que "no vamos a obtener nada más de lo que ya obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)" y, el segundo, que "la Corte no puede ordenar medidas ni directamente reparar el daño, ni ordenar que se repare, ni decir la palabra en ningún sentido final del derecho".
Entre estas dos actitudes se debate la posibilidad de que la SCJN recupere, o no, las atribuciones que le confiere el artículo 97 de la Constitución. Al término del proceso electoral del año pasado, el entonces presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela, rechazó la participación del organismo en el esclarecimiento de oficio de "hechos que constituyan la violación del voto público [...] en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión". Azuela argumentó entonces que el artículo mencionado estaba "escrito con los pies", y de esa forma no sólo puso en duda el texto constitucional sino que convalidó una elección dudosa e impugnada por más de un tercio del electorado y condenó al titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, a ejercer un mandato cuestionado y, lo más grave, abdicó de una de sus facultades constitucionales más importantes.
Hoy, algunos de los magistrados vuelven a cuestionar, en los hechos, otro párrafo del artículo mencionado que a la letra dice: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual." El jurista Jaime Cárdenas Gracia puso de relieve otra consecuencia de una posible negativa de la SCJN a investigar los atropellos policiales en Texcoco-Atenco: la vulneración del principio de acceso a la justicia, que se tipifica en el artículo 17 de la Carta Magna: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".
Más allá del respeto a los preceptos constitucionales, festejados precisamente ayer en el ámbito oficial, la decisión de la Corte sobre el episodio Texcoco-Atenco fortalecerá o debilitará, según sea el caso, la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el país. Ha de recordarse que en su momento la CNDH realizó una investigación exhaustiva examinó 211 quejas, envió a un equipo de 25 visitadores a realizar trabajo de campo, elaboró 209 certificados médicos sobre el estado de salud física y mental de los detenidos, obtuvo más de 600 fotografías de las lesiones sufridas por muchos de éstos a manos de los efectivos policiales, y con base en ella emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública federal encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, hoy procurador general de la República y que la respuesta gubernamental no se limitó a una virulenta descalificación del remitente y de sus razones, sino que fue seguida por actitudes de encono casi personal y de acoso por parte de la administración foxista contra la CNDH y contra su titular, José Luis Soberanes.
Ayer, el ombudsman señaló la necesidad de que la SCJN atraiga el caso Texcoco-Atenco, y en igual sentido se manifestó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Es tiempo de que las más altas instancias del poder público empezando por la ejecutiva y la judicial caigan en la cuenta que la demanda de investigar y sancionar la barbarie policial de mayo del año pasado en esas poblaciones mexiquenses no tiene por objeto encubrir ni exculpar a los lugareños que agredieron a efectivos policiales, ni poner en duda la autoridad de las instituciones, ni crear agitación, sino restablecer el estado de derecho; que hay otros protagonistas de infracciones a la legalidad además del narco y los manifestantes opositores, como parecen creerlo los integrantes del actual equipo de gobierno; que en ocasiones los delitos proceden de las propias instituciones del poder público, y que corregir la impunidad que protege a los malos servidores públicos resulta tan crucial para la supervivencia del Estado como el combate a la delincuencia organizada. La Suprema Corte tiene la palabra.
