- Divide a ministros proyecto que rechaza la investigación del caso por la SCJN
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra marcharon del monumento a la Revolución a la Corte para exigir la libertad de los presos políticos, entre otras demandas Foto: Jesús Villaseca
La discusión sobre la solicitud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigue el operativo policiaco de mayo pasado en San Salvador Atenco se complicó en la sesión de ayer de ese organismo, y ante la necesidad de que el pleno defina antes de tomar una decisión qué se entiende por "violación grave de garantías individuales", el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resolvió aplazar el debate para el próximo martes.
Sólo tres ministros Genaro Góngora Pimental, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero demandaron abiertamente que la SCJN investigue las denuncias hechas por pobladores de Atenco y organizaciones sociales, que acusan a los cuerpos policiacos federales y estatales de uso excesivo de la fuerza, allanamiento ilegal de domicilio, detenciones arbitrarias, tortura y abuso sexual de 44 mujeres detenidas.
José Ramón Cosío y Fernando Franco rechazaron el proyecto de dictamen que rehúsa investigar el caso, en razón de que no era lo suficientemente claro y le faltaba argumentar su postura, pero ninguno se pronunció abiertamente por que se hiciera la investigación.
A su vez, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Margarita Luna Ramos apoyaron la propuesta del ministro instructor, Sergio Salvador Aguirre Anguiano; Ortiz Mayagoitia no definió su postura.
En la sesión del próximo martes, el pleno ya estará completo, pues Mariano Azuela Güitrón se integrará después de haberse ausentado unos días; hace unos meses él declaró que el artículo 97 constitucional que prevé la facultad de la Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales es "totalmente anacrónico y está redactado con los pies"; por lo que es previsible el sentido de su voto.
Ayer las puertas del salón de sesiones permanecieron cerradas para impedir que las consignas de pobladores de San Salvador Atenco, que realizaron un mitin afuera de la sede de la Corte, entorpecieran la labor de los ministros. También se tomaron precauciones para que en el recinto sólo estuvieran presentes funcionarios, estudiantes y periodistas. El público en general pudo seguir la transmisión por circuito cerrado de televisión.
El más elocuente fue Góngora Pimentel, quien de entrada no dejó duda de su postura al señalar: "hice mía la petición del grupo de ciudadanos de que la SCJN ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional porque mi conciencia no me dio otra alternativa.
"La Corte no puede ser cómplice por omisión ni lavandería de violaciones a los derechos humanos; la Corte debe investigar qué pasó, si existieron violaciones graves a las garantías individuales, que en el caso son patentes, qué autoridades fueron las responsables de éstos, hacer recomendaciones precisas a las autoridades y, sobre todo, sentar un precedente de que en México eso no está permitido", expresó. Que se determine "si los hechos surgieron espontáneamente, o si fueron provocados, o si un ánimo de venganza por parte del gobierno suscitó tales acontecimientos".
Es tan vigente el tema, enfatizó, que al propio presidente Felipe Calderón lo han perseguido en sus giras en el extranjero en razón de estos hechos.
También cuestionó que el proyecto propusiera que la Corte no investigue hechos cuando la autoridad actúe en el marco de sus atribuciones para mantener el orden público. Eso "sería una licencia de la SCJN a las policías para que maten y golpeen por el simple hecho de ser policías; sería convalidar, ahora sí claramente, mediante una resolución, el 68 o el jueves de Corpus de 1971".
Recordó que aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el asunto, sólo el gobernador del estado de México la atendió; en cambio, el secretario de Seguridad Pública federal (Eduardo Medina Mora, quien ahora ocupa el cargo de procurador general de la República) se negó a aceptarla porque, alegó, estaba sustentada en "hechos falsos".
Enfatizó que una investigación "no va a exacerbar los ánimos sino, al contrario, ayudará a cerrar heridas sociales, a purificar la conciencia nacional.
"Todos vimos las terribles imágenes en la televisión de 32 hombres golpeando a otro en el suelo; vimos a los policías entrar en los domicilios sin ninguna orden judicial, tirando las puertas a patadas y cómo hasta a los perros les tocaron palos". Y aún persiste la pregunta: "¿quiénes son los responsables? ¿Actuaron motu proprio granaderos y policías?"
Señaló que no atender la gravedad de los hechos sería como "si en un ataque generalizado de locura se aplaudieran matanzas, como sucedió en la Alemania nazi".
Al igual que Cosío, Góngora criticó el proyecto, porque en éste sólo se reprodujo la postura de las autoridades, ignorando a las víctimas.
Pese a que no hubo un criterio mayoritario en favor del planteamiento de Aguirre Anguiano, las críticas de los ministros al proyecto obligaron a Aguirre a recular en varias de sus posturas, para asegurar un apoyo mayoritario.
Así, aceptó eliminar lo que decía sobre el mantenimiento de la "paz social"; adelantó que prescindiría de calificaciones relativas a personajes que estuvieron en los hechos ocurridos el 4 y el 5 de mayo del año pasado en San Salvador Atenco, como expresiones sobre la presencia de sindicalistas y extranjeros; además de quitar su afirmación de que "la Corte no debe intervenir cuando los hechos se motivaron por el legítimo ejercicio de las autoridades policiacas de sus atribuciones", y se dijo dispuesto a eliminar proposiciones tendientes a crear una doctrina jurisdiccional sobre el artículo 97 constitucional.
