Cabe felicitarse por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aplicar la facultad que le otorga el artículo 97 constitucional para atraer la averiguación de "hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual" y de integrar una comisión para investigar los atropellos a los derechos humanos cometidos por efectivos policiales federales y estatales en mayo del año pasado en Texcoco y San Salvador Atenco. La decisión misma fortalece la posición de organismos oficiales y sociales de derechos humanos, tanto de México como del extranjero, en el sentido de que en la represión contra pobladores de la segunda de esas localidades se cometieron abundantes y graves abusos incluidos dos homicidios y varias violaciones sexuales, además de torturas contra decenas de detenidos, y abre, en consecuencia, la posibilidad de que las tropelías policiales sean sancionadas conforme a derecho.
El fallo, adoptado en votación mayoritaria por los ministros del máximo tribunal del país, es además una reivindicación de la propia Corte, cuyo desempeño ha sido empañado por la deplorable cercanía por no decir subordinación hacia el Poder Ejecutivo que le imprimió su ex presidente, Mariano Azuela. Con la decisión de investigar los atropellos policiales en Texcoco-Atenco se refrenda el principio de división de poderes y se da una esperanza en la lucha contra la escandalosa impunidad de que han disfrutado, en el sexenio pasado y en lo que va del presente, los servidores públicos que violan los derechos humanos.
El fallo, adoptado en votación mayoritaria por los ministros del máximo tribunal del país, es además una reivindicación de la propia Corte, cuyo desempeño ha sido empañado por la deplorable cercanía por no decir subordinación hacia el Poder Ejecutivo que le imprimió su ex presidente, Mariano Azuela. Con la decisión de investigar los atropellos policiales en Texcoco-Atenco se refrenda el principio de división de poderes y se da una esperanza en la lucha contra la escandalosa impunidad de que han disfrutado, en el sexenio pasado y en lo que va del presente, los servidores públicos que violan los derechos humanos.
Ciertamente, la resolución comentada es sólo un primer paso en esta dirección. Cabe esperar que la investigación rinda frutos y corrija la falta de voluntad del Ejecutivo el federal y el estatal para esclarecer y sancionar los excesos represivos de sus propios agentes. Tales atropellos, al igual que los perpetrados en Oaxaca por las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, no deben repetirse nunca más.
