- Cumpliría tratados internacionales
México DF, 2 febrero 07 (CIMAC).- La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), "preocupada ante la persistente impunidad de los graves hechos acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México", recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que examine favorablemente la posibilidad de ejercer su facultad constitucional de investigación para conocer los casos registrados de violaciones a los derechos humanos.
La SCJN se reunirá el próximo martes para definir si ejerce o no su facultad constitucional de investigar los hechos, después de que ayer diera a conocer que los ministros no lograron un consenso sobre el asunto.
"La investigación de estas violaciones por parte de la jurisdicción suprema del país permitirá al Estado conformarse con las recomendaciones recién emitidas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y de esta manera con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos", afirmó Mariana Duarte, responsable del programa Violencia contra la Mujer de la OMCT, informó este organismo a través de un boletín.
En particular, el órgano encargado de monitorear la aplicación de la Convención contra la Tortura instó al Estado mexicano realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública en San Salvador Atenco y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente.
Dice la OMCT que la Corte debe tomar en cuenta la existencia de informes e investigaciones que ya existen sobre el tema, como el documento presentado ante las Naciones Unidas por la OMCT, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro PRODH) y el Comité Latinoamericano y del Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el 21 de noviembre de 2006.
Ese documento resalta que por lo menos 27 mujeres de las 47 detenidas en los hechos ocurridos en Atenco sufrieron actos de tortura sexual, incluida la violación.
Asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe confirmando la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo.
Sin embargo, hasta la fecha sólo ha habido una consignación en uno de los casos de violación sexual por parte de agentes de la policía, y no por violación, sino por "acto libidinoso", lo que no cumple con la exigencia de brindar reparación legal a la víctima.
Además de la violencia ejercida por elementos de la policía contra mujeres durante el operativo, y como consecuencia del uso excesivo e irracional de la fuerza pública, resultaron muertas dos personas, incluso un menor, y ocurrieron varias detenciones arbitrarias, actos de tortura y malos tratos, así como atentados contra el debido proceso y otras garantías individuales.
Los obstáculos a la identificación y la punición de los responsables también fueron llevados al conocimiento del Comité contra la Tortura (CAT) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW).
07/GG
