- La CNDH saluda la decisión del máximo tribunal
(Con información de Israel Dávila)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ayer que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar ''presuntas'' violaciones a las garantías fundamentales de pobladores de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México como resultado de los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006-, será fundamental para que se aplique la justicia.
demás, subrayó, esa decisión constituye un firme llamado de atención para que las autoridades de seguridad, al actuar en tareas de ''restauración del orden público, cumplan sus funciones en el marco de las leyes vigentes y con respeto a sus propios reglamentos''.
El organismo anunció que pondrá a disposición de la comisión especial del máximo tribunal el expediente del caso más de 20 mil fojas que contiene los exámenes médicos, videos, fotografías y pruebas de carácter testimonial recabados durante las indagatorias. Subraya que ''esta comisión concluyó que personal de las corporaciones policiacas que actuaron en las dos localidades mencionadas incurrieron en diversas conductas violatorias de los derechos fundamentales''.
Asimismo, acusa a la Secretaría de Seguridad Pública federal en ese entonces su titular era Eduardo Medina Mora de actuar en forma parcial y contradictoria, e inclusive rechazó las solicitudes de información que la CNDH le hizo, con el argumento de que los datos requeridos ''eran reservados o confidenciales'', circunstancia que, sostiene, ''no constituye eximiente alguna para los efectos''.
Destaca también que ''la CNDH considera que los actos presuntamente delictivos cometidos individualmente o en grupo por particulares en contra de elementos policiacos, deben ser igualmente sancionados conforme al orden jurídico en vigor y únicamente por las autoridades competentes. En los enfrentamientos entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco contra elementos de los cuerpos policiacos hubo excesos inaceptables por ambas partes''.
Asimismo, en Toluca, José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, informó que el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle Medina, continuará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ya que el amparo que le concedió el juez primero de distrito en materia de amparos y juicios civiles, Willy Vega, sólo ordena que se le dicte un nuevo auto, pero no concedió la protección de la justicia federal para trasladarlo a un penal de Texcoco, como pretende su defensa.
Los abogados de las personas detenidas en Atenco argumentan que no existen razones jurídicas para mantenerlos en cárceles de Almoloya, a más de 100 kilómetros de donde ocurrieron los hechos.
Respecto de la investigación que la comisión de la Suprema Corte hará de los enfrentamientos en Atenco, el gobernador Enrique Peña Nieto aseguró hoy que su administración colaborará en todo lo que se requiera para que la máxima instancia de justicia tenga los elementos necesarios para determinar si existieron violaciones a las garantías individuales de los pobladores de este municipio mexiquense.
Expresó que si de esta indagatoria se desprenden nuevas responsabilidades para elementos policiacos que actuaron en el operativo, o bien para los mandos de la Policía Estatal, su gobierno procederá conforme a derecho y castigará los abusos cometidos contra la población. Reiteró que la operación que ordenó en Atenco fue con la única intención de restablecer el orden y la paz en el municipio.
A pesar de ello, ningún policía que participó en Atenco se encuentra en la cárcel, ya que los 13 que enfrentan procesos penales por los delitos de abuso de autoridad o actos libidinosos, están enfrentando sus juicios en libertad, debido a amparos concedidos por la justicia federal.
De su lado, el procurador de Justicia del estado, Abel Villicaña, manifestó que los avances para esclarecer los homicidios de los jóvenes Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés Santiago, quienes perecieron en los enfrentamientos con la policía del estado, son nulos. Indicó que en ambos casos los familiares de las víctimas se han negado a colaborar con la procuraduría para dar con los responsables de los crímenes.
Villicaña negó también tener avances en las investigaciones por los abusos sexuales de que fueron víctimas 14 de las detenidas. ''Si ellas no reconocen a sus agresores, no podemos proceder''.
