Magdalena Gómez
El binomio enunciado entraña un tema fundamental para un nuevo proyecto de nación como es la defensa del régimen de libertades que constituye la parte dogmática de nuestra Constitución. Viene al caso en estos días por la decisión que finalmente tomó la Suprema Corte de Justicia de abrir una investigación sobre la violación de garantías fundamentales en el caso Atenco. Reflexionar sobre sus implicaciones constituye además una llamada de atención ante la visión prevaleciente en la clase política, y en algunos analistas, de pensar a la Constitución sólo en términos del ejercicio de su parte orgánica, esto es, la relacionada con los ajustes y desajustes en torno a la integración de los diversos niveles de gobierno y la relación entre poderes.
El asunto, por tanto, no nada más se restringe a garantizar que las fuerzas policiacas en tareas de "restauración del orden público cumplan sus funciones en el marco de las leyes vigentes y con respeto a sus propios reglamentos'', hecho que no sería menor, pero sólo representa la punta del iceberg en la grave problemática respecto al acceso a la justicia y, ante todo, de violación sistemática del derecho a la organización, a la libertad de expresión y, en última instancia, el derecho a la protesta social.
Puesto en estos términos podemos acercarnos al entramado político e ideológico que el sistema ha construido para criminalizar la movilización social: ¿qué otra cosa estuvo detrás de los crímenes en 1968, en 1971, en la llamada guerra sucia? El Charco y Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas no son ajenos a esta dimensión.
Cuando una se acerca a los debates de la Suprema Corte de Justicia de la semana pasada sobre la posibilidad de ejercer para Atenco la investigación ya aludida, observa la tensión de conceptos y visiones entre sus integrantes; alguno de ellos ostenta no sólo su conservadurismo, sino también su trivialidad: es el caso del ministro Azuela, quien ha defenestrado al artículo 97 constitucional y ante todo la posibilidad misma de que la Corte asuma su función de órgano de control constitucional tratándose del ejercicio de derechos fundamentales. No queda atrás el ministro Aguirre Anguiano, que elaboró un proyecto de dictamen en el cual asentó: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables", llegando al colmo de aseverar que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación a nivel nacional e internacional, resulta notorio que la paz social ya ha sido restablecida y las autoridades competentes ya tomaron conocimiento de los hechos".
Por fortuna prevalecieron los criterios de los ministros que enfatizaron la imposibilidad de cerrarse a un reclamo social tan fuerte; ojalá avancen en la comprensión de que pese a tanta arbitrariedad todavía se acude a las puertas de la Corte a pedir justicia por vías pacíficas aun cuando el reclamo les parezca o llegue a ser altisonante. Al respecto señalaron: "Esa actitud, además de reprochable, resulta inadmisible", los ministros sólo obedecemos el mandato de la Constitución y de la ley, "de acuerdo con nuestra íntima convicción, sin hacer caso de presiones, amenazas ni exigencias indebidas". ¿Entenderán algún día los ministros que también existe una racionalidad en la protesta social y que al hacerce también se ejercen derechos?
Pese a las limitaciones de la intervención de la Suprema Corte, dado que únicamente emitirá una opinión, que en sí misma no es jurídicamente vinculatoria, es de la máxima importancia que este órgano promueva activamente el respeto a los derechos humanos fundamentales por parte de las fuerzas policiacas. Su opinión será un yo acuso al abuso del poder y el inicio de otra etapa en el tema, pues el propio ministro presidente afirmó que "la Corte ha discutido intensamente sobre derechos humanos fundamentales, pero hemos tenido muy pocos pronunciamientos sobre esa materia".
Este alcance debe ser claro para los agraviados en Atenco, porque si bien el Centro Pro de Derechos Humanos asentó que lograr la justicia "supone que los hechos sean esclarecidos, que los responsables sean sancionados, que el daño sea reparado a las víctimas, y que se tomen medidas para que hechos como los de Atenco no se repitan", esta dimensión no se alcanzará de manera automática con la sola opinión o recomendación de la Corte aun en el supuesto de que sea favorable. Por ejemplo, preocupa como señal que ningún ministro formará parte de la comisión investigadora, como ha sucedido en otros casos, y sólo se designó a dos magistrados de circuito. Ojalá no se confirme la impresión de que le quieren bajar el perfil a la decisión tomada.
