- La Fevim ofreció consignar el caso a un juez federal, pero será estatal: Centro Pro
- Alega el IFAI motivos de "seguridad nacional" para negar nombres de policías implicados
EMIR OLIVARES ALONSO
En la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) sobre las presuntas torturas que infligieron policías estatales y federales a 14 de las 44 mujeres detenidas en mayo pasado durante el operativo en San Salvador Atenco, no aparece el nombre de ningún elemento federal debido a que la Secretaría de Seguridad Pública negó proporcionar esa información a la instancia que encabeza Alicia Pérez Duarte, aseveraron fuentes cercanas a la investigación.
Luisa Pérez, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quien abanderó la denuncia de las mujeres agredidas explicó que, pese a que la fiscal se comprometió ante las denunciantes y sus abogados a consignar el expediente ante un juez federal, al no haber ningún señalamiento contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) ni sus nombres completos, el expediente sería remitido a la justicia mexiquense, la cual se ha mostrado parcial ante los hechos relacionados, por lo que los delitos investigados por la Fevim correrían el riesgo de quedar en la impunidad.
Refirió que la justicia del estado de México ha dado largas a otras pesquisas, por lo que al atender el caso de las torturadas probablemente alargaría el proceso, incurriendo en "dilación de justicia, lo que representaría doble victimización a las mujeres, pues no sólo son víctimas de tortura, sino que no podrían acceder a la justicia".
El 17 de mayo de 2006, el Centro Pro abanderó la defensa de las mujeres que decidieron entablar denuncias contra los policías por las agresiones y violaciones sexuales que sufrieron; meses después, Pérez Duarte manifestó que la investigación tendría los elementos para encaminarla por el delito de tortura, por lo que las indaaciones giraron en torno a ese ilícito.
Las fuentes consultadas aseveraron, sin embargo, que, pese a que la defensa legal de las agredidas intentó que la fiscal atrajera a su competencia el delito, la funcionaria sólo se comprometió a consignar el expediente ante un juzgado federal, que conocería del caso, pero al no existir al menos el nombre de alguno de los policías federales "probablemente enviará el caso a un juez mexiquense debido a que no tendrá competencia federal para conocer de la investigación".
En un último intento por acreditar la participación de los elementos de la PFP, y ante la "omisión" de la SSP en dar la información a la Fevim, los abogados del Centro Pro solicitaron, mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública, los nombres de los policías federales que participaron en el traslado de los detenidos, dato que fue denegado por la dependencia con el argumento de que se trata de "información reservada".
En el documento de respuesta (del cual tiene copia La Jornada), la SSP federal, encabezada en el sexenio pasado por el actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora, explica que con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la lista de nombres y cargos de los PFP "se encuentra clasificada como reservada".
Continúa: "Dicha información pone en riesgo la seguridad nacional, y puede causar grave perjuicio para la prevención de los delitos, poniendo también en grave riesgo la vida y seguridad del personal operativo que participa en tareas encomendadas en materia de seguridad pública".
Pese a que esa información es indispensable para hacer justicia a las mujeres atacadas, la SSP federal argumenta que de proporcionarla, "se vulneraría la seguridad de dicho personal (los policías) dejándolo en estado de indefensión".
Pese a que esa información es indispensable para hacer justicia a las mujeres atacadas, la SSP federal argumenta que de proporcionarla, "se vulneraría la seguridad de dicho personal (los policías) dejándolo en estado de indefensión".
Luisa Pérez manifestó que, ante la negativa de la dependencia federal, la defensa legal de las agredidas interpondrá un recurso de revisión con objeto de que esos datos le sean proporcionados. La litigante aseguró que la investigación emprendida por la Fevim está en la etapa terminal.
