domingo, febrero 25, 2007

Burla, decir que se respetan los derechos humanos

La Corte no garantiza castigo a culpables de violaciones en Atenco: América del Valle

EMIR OLIVARES ALONSO

Vociferar que en México se respetan los derechos humanos, luego de que organismos internacionales ''ratifican sin cansancio lo contrario, es tanto como burlarse de los mexicanos y pensar que estamos ciegos y torpes, y que no tenemos memoria histórica'', señala América del Valle, hija del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, en una declaración pública entregada a este diario.

A casi 10 meses de los operativos federal y estatal en San Salvador Atenco, donde elementos policiacos incurrieron en violaciones a las garantías fundamentales de la comunidad, la hija del dirigente campesino -sobre quien pesa una orden de aprehensión, por lo que se encuentra escondida- expresa que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió investigar si hubo violaciones a los derechos humanos durante la operación en ese municipio, no garantizará el castigo a los culpables de actos de tortura, asesinatos y violaciones.

Argumenta que el FPDT y otras organizaciones simpatizantes han tratado de agotar todos los medios e instancias nacionales para hacer justicia por los abusos de las autoridades y que se castigue a los responsables, quienes continúan en la impunidad, por lo que el último de los órganos nacionales a que han acudido los agraviados es el máximo tribunal, instancia que ''todavía no es plena, porque a la hora de defender las garantías fundamentales las pone a discusión, y hay ministros que se oponen, ya sea por sus tradiciones conservadoras o por mera consigna política. No perdamos de vista que la SCJN no investigará, sino tendrá que determinar el contenido del alcance de los derechos humanos y decir en qué punto se les faltó al respeto y si hubo violación de garantías.''

Denuncia que la máxima instancia del Poder Judicial no garantiza que los responsables de los actos y delitos en Atenco ''vayan a tener el castigo que merecen, ni que nuestros compañeros sean liberados absolutamente, que cese la persecución y haya justicia para las mujeres violadas'' y para los dos jóvenes asesinados por los elementos policiacos.

Resalta que ante esas omisiones, toca a la sociedad, a sus organizaciones y al pueblo de Atenco ''seguir empujando con la fuerza de la razón y los derechos para que, en adelante, la SCJN no se reduzca a una institución de paja que solape a violadores de derechos humanos, que mantenga la injusticia al tener tras las rejas a los presos políticos, y que no se desentienda de su responsabilidad''.

América del Valle critica el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, encabezada por Alicia Elena Pérez Duarte, a quien acusa de ''no tener convicción'' para defender a las vulneradas en San Salvador Atenco.

También critica la labor del juez que conoce de los detenidos por el caso Atenco, Jaime Maldonado, quien pese a los señalamientos de un juez federal, de que no es competente para atraer la investigación, aún no traslada el caso y a los presos a un penal de la jurisdicción de Texcoco.

Subraya que los culpables de los delitos perpetrados en San Salvador Atenco son el ex presidente Vicente Fox; el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y Wilfrido Robledo, ex titular de la Agencia de Seguridad mexiquense.

sábado, febrero 24, 2007

CNDH: espiral de violencia, por la "aparente falta de autoridad"

  • Esta administración no tolerará opacidad ni arbitrariedad, promete Calderón
  • Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas y Pasta de Conchos, grandes temas en informe de Soberanes
EMIR OLIVARES , ANGELES CRUZ
México se encuentra en una situación precaria a causa del debilitamiento del Estado por la "aparente ausencia de autoridad" que, en el sexenio pasado, propició el crecimiento de una espiral de violencia interminable, la impunidad del crimen organizado y las arbitrariedades de los cuerpos policiacos en Atenco, Lázaro Cárdenas, Oaxaca y Pasta de Conchos. Todo ello evidenció "serias fallas en el funcionamiento del gobierno federal", afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.

Al presentar su informe anual de actividades en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional dijo que la CNDH no pugna por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos de usar las herramientas que da la ley. Sin embargo -advirtió-, en la actual circunstancia, "es indispensable comenzar a preocuparnos por el tipo de gobierno existente y por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más república en nuestra democracia".

En alusión a la conflictiva relación entre la CNDH y el ex presidente Vicente Fox, el ombudsman sentenció que el gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad genera vacíos. "La apatía oficial otorga a los grupos de presión, al margen de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia".

El presidente de la CNDH remarcó que durante 2006 el país padeció niveles "inéditos" de violencia criminal y "desbordamientos" de la delincuencia organizada, los que ahora enfrenta el actual gobierno con un "empeño honesto y necesario".

Resaltó que el año pasado hubo más de mil 700 ejecuciones ligadas al crimen organizado y a la ausencia de autoridad para preservar la seguridad, por lo que deploró que diversas autoridades -como el entonces secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora, presente en el auditorio- hayan rechazado recomendaciones emitidas por el órgano a su cargo para corregir la vulneración de las garantías individuales.

Con esa actitud, "se envía un mensaje de desprecio a los derechos fundamentales y se fomenta un clima de impunidad entre los servidores públicos", además de que se canceló la posibilidad de investigar y sancionar a los responsables.

Se refería en específico a los "abusos policiacos, agravios físicos y sicológicos" sufridos por los pobladores de San Salvador Atenco, estado de México, y por los mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, los cuales "desnudaron una alarmante realidad en nuestros cuerpos de seguridad". Ante ello, recomendó a la actual administración reflexionar sobre la "nítida frontera" entre la venganza y el uso legítimo de la fuerza pública.

2006, año negro para la prensa nacional, dice el ombudsman

Insistió en que 2006 fue un año negro para la prensa nacional, pues los periodistas se convirtieron en un "grupo vulnerable", y pese a la creación de una fiscalía especial para investigar delitos contra ese gremio, las denuncias aún no se han resuelto de manera satisfactoria ni se han esclarecido los hechos que las motivaron.

El titular de la CNDH también recordó que el año pasado los defensores de derechos humanos, inclusive él mismo, fueron objeto de una "persecución política tolerada, y quizá auspiciada" desde el Ejecutivo federal, situación que aún no se aclara.

Ante dicha situación, subrayó que los activistas de las garantías fundamentales "no somos enemigos a vencer, sino aliados" de las autoridades, y que su informe no tiene el ánimo de señalar culpable ni dañar políticamente a nadie. Sin embargo, apuntó, "antes de dar la vuelta a la página hay que leerla completa".

Así, el ombudsman nacional recomendó al Presidente y a los integrantes de su administración que con el informe de la CNDH "encuentren indicios claros sobre las áreas que resulta indispensable mejorar para reforzar el respeto del Ejecutivo federal a los derechos humanos. Nuestra intención no es ser verdugos, sino presentar instrumentos para mejorar el servicio público".

Atenco no se olvida

Ernesto López Portillo
24 de febrero de 2007

Recuerdo las imágenes que captaba la cámara desde el helicóptero, cuando la policía se desplegaba de manera desordenada para golpear sin cesar a quienes alcanzaba. Era el 4 de mayo de 2006 en Atenco y no lo dudé un segundo, inmediatamente supe que el hecho tendría consecuencias severas. Cuando las autoridades políticas y policiales del estado de México y luego las de Seguridad Pública federal negaron la gravedad de los hechos, mi certeza fue aún mayor. Incluso declaré en entrevistas de prensa que las afirmaciones de los funcionarios eran, por decir lo menos, apresuradas y que en ningún lugar del mundo se podía tener certeza inmediata de que el operativo se había realizado de manera adecuada, como ellos lo insistían.

Una cosa es la brutalidad policial y otra el uso innecesario de la fuerza. La primera es un acto consciente de causar daño más allá del control de una situación, mientras que el segundo caso puede reflejar la incapacidad de manejar una situación, ya sea por falta de entrenamiento o por otros motivos. La misma semana de los hechos hablé con decenas de colegas especializados en temas policiales, nacionales y extranjeros, y la hipótesis era clara: en Atenco se combinaron brutalidad y uso innecesario de la fuerza.

Que la policía niegue incurrir en malas conductas es absolutamente común en el mundo; pero que lo haga luego de que existen evidencias transmitidas por televisión es mucho menos frecuente y sólo es posible ahí donde la policía se mira a sí misma dentro de una esfera de impunidad, garantizada por el propio poder policial, por un sistema de justicia penal envuelto en la simulación y por una clase política que renuncia a enfrentar a la propia policía o bien se sirve de ella.

La cantidad de intereses que se alinearon dentro y fuera de la policía para evadir la responsabilidad consecuencia de la intervención en Atenco nos habla de un estado de descomposición de los aparatos policial y penal y del sistema político de proporciones descomunales.

La síntesis es clarísima: la policía, el sistema penal y los políticos operaron para enterrar los hechos de Atenco; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil, la comunidad internacional de Derechos Humanos y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los desenterraron. Y ante nosotros aparecen dos oportunidades. La primera es que se haga cumplir la ley y que los hechos masivos ya probados de violaciones graves a las garantías individuales no queden impunes. Menuda tarea la de la comisión investigadora, en particular cuando deba deslindar las responsabilidades de los mandos policiales y de quienes desde cargos políticos de primer nivel negaron la gravedad de los hechos, y en esa medida no ordenaron investigaciones profundas y transparentes.

Los magistrados comisionados investigadores deben contestar el porqué de los hechos; desde ahí se teje la segunda oportunidad que consiste en desentrañar las causas estructurales del operar policial, es decir, las reglas formales e informales que organizan a la policía y que propician y toleran conductas que implican violaciones a derechos. Los comisionados en consecuencia deben distinguir dos niveles de aproximación: en uno habrán de reconstruirse los hechos para deslindar las responsabilidades legales; en el otro lo harán para caracterizar la descomposición del operar policial en su conjunto.

De tales reconstrucciones surgirá un mapa de problemas que habrá de traducirse en recomendaciones de reforma policial. La Corte se ha sumado a la larga tradición internacional de comisiones investigadores de escándalos policiales. Bienvenido el hecho y todo el apoyo y respaldo a la investigación.

Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

viernes, febrero 23, 2007

Movilizaciones por la Libertad de los presos políticos de Atenco, Oaxaca y de Todo el País


Mitin jueves 8 de marzo a las 3 de la Tarde en la

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Marcha viernes 23 de Marzo a las 4 de la tarde

del ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA A LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA, PASANDO POR GOBERNACIÓN.

BAJO LOS SIGUIENTES EJES:
  • Repudio a las vejaciones contra las mujeres en Atenco y Oaxaca.

  • Libertad absoluta e incondicional de los Presos Políticos de Atenco, Oaxaca y de Todo el País
  • Fuera Ulises Ruiz

  • Alto a las detenciones y procesos penales contraactivistas universitarios.
CONVOCAN: Frente de Apoyo a los Pueblos de Oaxaca (FAPO) y Estudiantes Universitarios.

jueves, febrero 22, 2007

Tan sólo un ejemplo más...

jueves, 22 de febrero de 2007
Por Ricardo Andrade Jardí

Muchas fueron las voces que intentaron minimizar la brutalidad y perversión de las distintas policías que los primeros días de mayo del 2006 entraron con violencia y prepotencia a San Salvador Atenco, dejando cuando menos dos muertos y un gran número de heridos y esas mismas voces, que son las que nos hablan de defender las instituciones corruptas de la democracia, son las que intentan defender a Fox después de haber confesado que efectivamente la elección del 2 de julio fue todo menos limpia y que más que nada se trató de una venganza en contra de un adversario político, que al parecer no tenia interés en mantener los privilegios de los grupos o consorcios que financiaron primero la campaña electoral del ex gerente de la Coca-Cola y luego la del "caballerito" como candidato de aquél.
"Soy el único presidente que ha ganado dos elecciones" afirmaba el empleado de la Coca-Cola, en un viaje por Estados Unidos y no es para nadie desconocido el hecho de que Fox afirme estupideces y menos aún que mienta en sus estupideces.
Fox no tiene la capacidad intelectual de distinguir entre "su sexo" y el sexenio, entre ser o dejar de ser presidente y tampoco hay que darle más crédito del que su escasa condición cultural le otorga, no es un monstruo con grandeza sino un estúpido manipulable, sin vocación alguna, que fue utilizado, hasta el límite de la tolerancia ciudadana, por los usureros y especuladores de la dictacracia neoliberal para golpear a los pueblos latinoamericanos y muy particularmente al mexicano.
Pero esas declaraciones confesas del ex gerente de la contaminante refresquera de cola, que en cualquier democracia hubieran hecho merma en la clase política, en nuestra folclórica y bananera república no dejan de ser para la tropa de seudo intelectuales a modo de la telecracia y consorcios afines más que una desesperada pasarela de dimes y diretes, en medio de las ruinas de un sistema deprimente que se hunde en el fango de sus cañerías arrastrando al país entero en sus evacuaciones. Al igual que los intentos del Poder Judicial de consagrarse como "una autonomía" ante el Ejecutivo se reflejan en la tibia declaración de la Corte con relación a los abusos cometidos por los "operativos" de limpieza de las diferentes corporaciones policíacas que torturaron, humillaron, golpearon, violaron y asesinaron en Atenco a mujeres, ancianos niños, jóvenes y discapacitados y quienes, por las estupideces de Fox como instrumento manipulado de la derecha, se vieron obligados a vivir casi seis años en rebeldía.
¿Con qué cara nos dirán los seudo intelectuales a modo que no hubo tales abusos, cuando hasta las instituciones que defienden el sistema certifican lo contrario?
¿Cuántos de ellos escribirán o saldrán a cuadro para denunciar lo que antes negaron apelando a la falta de memoria del público?
Y, una vez demostrado, ante los ojos incrédulos del confort mediático, que los abusos denunciados por "los renegados" de Atenco (o de Oaxaca) son ciertos ¿cuánto tardará el gobernador del Estado de México en presentar su renuncia para ser investigado? lo que sería totalmente lógico en la ética de la democracia. ¿O cuántas órdenes de aprehensión girarán los jueces en contra de los altos mandos que ordenaron, permitieron y fomentaron la represión de los habitantes de San Salvador Atenco? ¿Y quién girará la orden de aprehensión contra Vicente Fox y Peña Nieto por el asesinato con todas las agravantes del compañero y amigo Alexis Benhumea?
Lo probable es que nada pase, pues lo único cierto es que en México la aspiración democrática es un delito al que se castiga de la peor forma. Los compañeros de Atenco son tan sólo un ejemplo más, entre muchos.

miércoles, febrero 21, 2007

Insiste Peña Nieto en minimizar los excesos cometidos en Atenco

  • El PRD en el Congreso local plantea liberación de detenidos
ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSALES
Toluca, Mex., 20 de febrero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, negó que la violencia y los excesos de los policías en los operativos de Texcoco y Atenco de mayo pasado hayan sido generalizados, y rechazó que la violación de las garantías individuales de los detenidos, hoy acreditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya sido práctica de una estrategia o una orden girada por su administración.

El mandatario estatal recalcó que sólo si la SCJN establece que debe castigar a más uniformados por los excesos cometidos en Atenco, se hará, porque hasta el momento se ha actuado contra todo aquel a quien se le ha acreditado responsabilidad.

Pese a lo dicho por el político priísta, sólo 23 policías están sujetos a procesos penales por abuso de autoridad, de los más de 2 mil que participaron en la incursión policiaca a San Salvador Atenco, y menos de cinco oficiales fueron cesados por tolerar la violencia ejercida por sus subordinados contra los detenidos.

Peña Nieto salió de nuevo en defensa de los operativos del 3 y 4 de mayo pasado en Texcoco y Atenco, respectivamente. "El único objetivo que se tenía con ellos era el reestablecimiento del orden en el municipio y que regresara la tranquilidad social", dijo.

"Respaldaremos la determinación que tome la Suprema Corte, y colaboraremos en su investigación, porque eso nos permitirá deslindar la responsabilidad. Siempre hemos reconocido que en algunos elementos de seguridad hubo excesos, pero no por eso se puede calificar así todo el operativo... sabemos que la Corte hará un juicio objetivo de toda esta actuación", expresó.

Cuestionado sobre la posibilidad de emprender acciones contra Wilfrido Robledo, ex comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y encargado del operativo en Atenco, por las violaciones a las garantías que acredita no sólo la Corte, sino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Peña Nieto pidió "no hacer leña del árbol caído".

Hoy mismo, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local se pronunció por dejar en libertad a todos aquellos detenidos en los operativos de Atenco a quienes se les haya violado sus garantías individuales con la incursión policial, ya que de esta forma se podría resarcir, en parte, el daño que sufrieron.

Domitilo Posadas, vocero del grupo parlamentario, sostuvo que la investigación que debe hacer la SCJN es para saber con detalle a quién se le vulneraron sus derechos, pero sobre todo conocer si se trató de una acción concertada el violar las garantías individuales de los pobladores de aquella demarcación.

Tras la tempestad, el carnaval

Por otra parte, los festejos del tradicional carnaval y el desfile de "arrieros" que se celebran en San Salvador Atenco desde hace más de 100 años, devinieron en un acto de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y para exigir la libertad de los 31 presos en los penales de Santiaguito y el Altiplano.

En un ambiente festivo, acompañado de música, los "arrieros" -hombres a caballo con ropa tradicional mexicana- celebraron una parada y mitin, como cada año, frente a la vivienda del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle Medina, hoy preso en el Altiplano. La casa permanece cerrada desde el pasado 4 de mayo, luego de que policías federales y estatales la catearon, una vez que los uniformados tomaron el poblado.

Los "arrieros" expresaron su solidaridad con María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle. "Nosotros estamos con Ignacio, con su familia, y exigimos su libertad. El siempre nos abrió su casa para recibirnos y fue solidario con todos; ahora que está preso no podrá abrirnos su casa, pero sabemos que su corazón sigue abierto para todos los pobladores de Atenco", dijeron.

En respuesta, Trinidad exigió castigo a los culpables de la represión de mayo del año pasado, y exhortó a los habitantes a mantener una lucha permanente en defensa de sus tradiciones y la tierra, así como en busca de la libertad de los presos.

Denunció que en días recientes los miembros del FPDT han sido objeto de una serie de hostigamientos por parte de un grupo de priístas que, avalados por el alcalde perredista Saúl Nopaltitla, pretenden apoderarse de la delegación de gobierno municipal en Atenco y del consejo de participación ciudadana.

Recordó también que muchas familias se encuentran exiliadas de Atenco por la persecución policiaca de la que son objeto, y que no ha cesado desde mayo anterior.

"Estamos esperando que la comisión que nombró la Corte comience su investigación. Si dice en verdad lo que ocurrió en Atenco y si llega hasta las últimas consecuencias, estarían dejando en libertad a nuestros compañeros y después castigarían a quienes catearon nuestros domicilios, violaron, torturaron y mataron; tendrían que irse en contra de los que ordenaron la represión.

"Eso es lo que esperamos de la Corte; si no lo hace, pues dejaríamos de confiar en las instituciones. Es un momento histórico para que la SCJN demuestre que en verdad hace justicia. Nosotros sabemos quiénes son los responsables, de eso no hay duda", dijo.

Policía violó derechos en Atenco

Determinó la Suprema Corte de Justica

AFP

La Suprema Corte determinó que la policía violó los derechos humanos de los manifestantes de Atenco.
MÉXICO - El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que las autoridades policíacas que intervinieron en los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco, sí "incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población"
El tribunal máximo de México determinó que la policía violó derechos humanos cuando sofocó una manifestación violenta de campesinos radicales en el poblado de San Salvador Atenco en mayo del 2006. Las imágenes televisivas de entonces mostraron que la policía siguió golpeando a los manifestantes aunque ya estaban sometidos en Atenco, justo a las afueras de la capital de México. Posteriormente surgieron acusaciones de que algunos agentes habían abusado sexualmente de mujeres detenidas.
"En este caso se estima acreditada la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales por parte de las autoridades policiacas", estableció la SCJN.

Los jueces del tribunal instalaron a principios de mes una comisión que investigará el caso. En la decisión del lunes, la corte dijo a la comisión que se enfoque en el por qué y el cómo ocurrieron esos abusos, en lugar de indagar su existencia de las violaciones a los derechos humanos pues, precisó, "ya se tienen por demostradas".

Siete mujeres afirmaron que fueron violadas y otras 16 dijeron que sufrieron abusos sexuales cuando la policía retomó el control de Atenco, 25 kilómetros al noreste de la ciudad de México, después que el poblado fue ocupado por los manifestantes con el bloqueo de una carretera y enfrentamientos con la policía durante dos días.

Atención internacional

Los manifestantes inicialmente secuestraron y golpearon a seis policías, uno de ellos con brutalidad, después que las autoridades intentaron impedir que vendedores callejeros colocaran sus mercancías en la ciudad de Texcoco, también en el Estado de México que colinda con la capital nacional.

El abuso policial en Atenco atrajo la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos, que exigieron una investigación minuciosa.
Las autoridades en el Estado de México han dicho que 22 agentes fueron suspendidos y acusados de abuso de autoridad. La mayoría fue luego liberada bajo fianza. Sólo uno de estos ha sido acusado de abuso sexual y permanece encarcelado.
Según las autoridades, carecen de evidencia suficiente para que procedan cargos de violación o abuso sexual contra otros agentes.

Tres de las mujeres que denunciaron abuso sexual, no violación, eran extranjeras: dos de España y una de Chile. Las tres fueron deportadas por presuntas infracciones migratorias.

Las imágenes televisivas de entonces mostraron que la policía siguió golpeando a los manifestantes aunque ya estaban sometidos en Atenco, justo a las afueras de la capital de México. Posteriormente surgieron acusaciones de que algunos agentes habían abusado sexualmente de mujeres detenidas.

martes, febrero 20, 2007

Caso Atenco: va Corte tras causas y responsables

  • Concluye que se violaron derechos, luego de validar informe de la CNDH
Carlos Avilés
El Universal
Martes 20 de febrero de 2007
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un giro inesperado al caso Atenco al dar a conocer que llegó a la conclusión de que los cuerpos policiacos que participaron en los operativos registrados el 3 y 4 de mayo de hace un año en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco sí incurrieron en graves violaciones a las garantías constitucionales de los pobladores.

El 6 de febrero pasado, por mayoría de votos, la SCJN decidió crear una comisión investigadora, integrada por dos magistrados, que se encargará de investigar precisamente las denuncias de violaciones a derechos fundamentales presentadas en torno a estos hechos.

Y sólo se esperaba que la Corte delineara los alcances y objetivos que debería perseguir dicha comisión, y que se estableciera a partir de cuándo podría comenzar a investigar el caso.

Pero ayer, después de una sesión que se realizó en privado por lo ríspida que se esperaba que fuera, la mayoría de ministros el alto tribunal decidió dar por sentada la existencia de estas violaciones, para, a partir de esa conclusión, dedicarse únicamente a descubrir las causas y a los responsables de estos hechos, a fin de recomendar a las autoridades correspondientes, de ser necesario, la aplicación de diversos tipos de sanciones.

El documento en el que se establecieron dichas conclusiones, registrado como la solicitud de la Facultad de Investigación 3/2006, fue elaborado por el ministro Juan Silva Meza, con el apoyo de sus compañeros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En dicho texto en un primer momento se asegura que "se estima acreditada la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades policíacas que intervinieron en los hechos ocurridos los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México".

Para llegar a esta conclusión se basaron en las pruebas que les hizo llegar la abogada de algunos de los habitantes de Atenco, Bárbara Zamora, consistentes principalmente en videos y fotografías de los hechos.

Pero, de manera especial, la decisión de la Corte se basó en las investigaciones que realizó sobre este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , y que los ministros avalaron.

Para la Suprema Corte, se explica en documento elaborado por los ministros, "tiene una gran importancia para la calificación de los hechos" la investigación que realizó la CNDH, en la que concluyó que en el caso Atenco se registraron violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad sexual, a la propiedad privada y al debido proceso.

"Por tanto, -se agrega- la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones, pues ya que se tienen por demostradas; pero, en todo caso, sí podrían complementarla".

Y, por lo mismo, se decidió que los magistrados que integran la comisión investigadora, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, se concentren en dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas: "¿Por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?".

Todo ello, se asegura, con el fin de lograr dos objetivos:

"El primero -se afirma en el documento-, para que la sociedad mexicana y la comunidad internacional, y sobre todo, los habitantes de los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, conozcan el porque ocurrieron esos hechos que constituyen una violación grave a las garantías individuales y derechos humanos; con lo cual se puede contrarrestar ese estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, que generaron los hechos y que motivaron la gravedad de las violaciones y, por ende, el ejercicio de la facultad, pues ello dará confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos humanos fundamentales de los gobernados, al hacer que se respeten los límites que permiten la convivencia armónica de la sociedad".

Y "el segundo objetivo, que depende del resultado del primero, permitirá, en su caso, que esta Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública; y en su caso, haga llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles; así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas".

lunes, febrero 19, 2007

Sobre Atenco, de la Fiscal Especial

En respuesta a su carta, hago de su conocimiento que los días 5 de octubre y 1 de noviembre de 2006 fue recibida en las oficinas de esta Fiscalía Especial la Dra. Liliana Velázquez Ramírez, Presidenta de Amnistía Internacional México, quien, con motivo de la presentación del informe México: Violencia contra las mujeres y denegación de la justicia en el Estado de México, solicitó información sobre la situación actual de los casos presentados ante los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo pasado en San Salvador Atenco, Estado de México.

Asimismo, que el día 11 de octubre se le contestó a la Señora Kerrie Howard, Directora Adjunta del Programa América de Amnistía Internacional, quien nos remitió el informe en comento, expresándole que éste había sido revisado y que podía tener la seguridad de que las recomendaciones que incluye, y que son de nuestra competencia, son atendidas en el ámbito de las atribuciones y facultades que la ley nos confiere, pues forman parte de nuestra metodología de trabajo.

Usted puede tener la certeza de que en este caso tenemos empeñado nuestro compromiso de actuar plenamente de manera imparcial y efectiva para atender estas denuncias y asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
LA FISCAL ESPECIAL

DRA. ALICIA ELENA PÉREZ DUARTE Y NOROÑA

sábado, febrero 17, 2007

Hazaña cotidiana


Los de abajo

Gloria Muñoz Ramírez

Mantener un plantón durante más de nueve meses no es fácil, y conservarlo en condiciones de hostigamiento permanente, en las afueras del penal de Santiaguito, estado de México, se ha convertido en una hazaña cotidiana protagonizada por decenas de personas que continúan exigiendo la libertad de los presos políticos detenidos en San Salvador Atenco, y el castigo a los culpables de las vejaciones cometidas en su contra, que han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales de derechos humanos.

El 3 y 4 de mayo de 2006 están en la memoria de los más grandes agravios cometidos contra un poblado en resistencia. Más de 200 hombres y mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y gente solidaria de la otra campaña, fueron brutalmente golpeados, torturados, vejados, humillados y violados por órdenes de los gobiernos federal y estatal. Actualmente 27 permanecen en el penal de Santiaguito y tres más en el de máxima seguridad del Altiplano.

El pasado 6 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo mayoritario para que se investigue si hubo violaciones graves cometidas por la fuerza pública contra la población. Sin embargo, esta acción, que podría haber sido una buena señal, vino acompañada de una serie de provocaciones contra los detenidos y contra los que integran un plantón que ya es emblema de la solidaridad y el acompañamiento que no claudica. Los y las que los conforman han hecho de la protesta una forma de vida bajo las inclemencias del tiempo y, sobre todo, frente a las constantes provocaciones y amenazas de las autoridades y personal del penal.

En estos días, a partir de la revisión del caso por la SCJN, la situación en Santiaguito es la siguiente: prohibición del paso de alimentos el día de la visita familiar, lectura de correspondencia personal, impedimento a selección del paso de periódicos, libros y revistas. Además, reportan los presos desde la cárcel, "el trato del personal, tanto con los detenidos como con los familiares, es prepotente... Y tenemos conocimiento mediante personas nativas y cercanas al penal, de que el director, Irineo Monroy Dávila, tiene conocidos de la colonia SUTEIM San Miguel Almoloya, y que los utiliza como provocadores contra quienes se encuentran en el plantón.

"Como jurídicamente no hay más elementos para seguir reteniéndonos, entonces nos intentan provocar para abrirnos otros procesos 'legales' dentro del mismo penal... Hacemos responsable al director del penal de lo que pueda suceder, tanto a los compañeros que se encuentran en el plantón, como a nosotros... Pedimos la protección de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y exigimos nuestro traslado inmediato al penal del Molino de las Flores", denuncian desde Santiaguito.

Han pasado nueve meses y no son pocos los que no olvidan lo ocurrido en Atenco. Este 24 de febrero se organiza una tocada en el bosque de Tlalpan por la libertad de los y las presas (Los de abajo, Salón Victoria, Antidoping y muchos más).

viernes, febrero 16, 2007

Presos por Caso Atenco denuncian ante la ONU provocaciones de autoridades


México DF.- Presos políticos de Santiaguito de Almoloya de Juárez, detenidos por los hechos ocurridos en san Salvador Atenco el año pasado, enviaron a la Organización de la Naciones Unidas (ONU), una denuncia en la que señalan que a partir de que se inició la revisión del caso Atenco, las y los detenidos, así como las y los compañeros que se encuentran en el plantón del penal de Santiaguito como protesta por las injusticias cometidas en contra de más de 200 personas en el poblado de San Salvador Atenco, han sufrido por parte de las autoridades y personal del penal una serie de provocaciones.

Ya que como jurídicamente no hay más elementos para seguir reteniéndonos, entonces intentan provocarlos para así poder abrir otros procesos legales dentro del mismo penal.

Por ello hacen responsable a Irineo Monroy Dávila, director del penal, por lo que pueda suceder, tanto a las y los compañeros que se encuentran en el plantón, como a los que se encuentran presos y piden la protección de los Organismos de Derechos Humanos nacionales como internacionales.

jueves, febrero 15, 2007

Aclaración sobre gastos en el plantón de Santiaguito


12/02/07


Queridos compañeros y compañeras:

El día 19 de enero del año en curso, se realizó una reunión de diversos colectivos adherentes a la Otra Campaña, donde se manejaron ciertos datos relacionados con los gastos que se efectúan en el plantón de Santiaguito. La cantidad manejada para gastos del plantón oscilaba entre los $8,000 y $10,000 pesos semanales. Esta suma es exacta y en la reunión se desglosó el monto que correspondía a cada rubro, sin embargo en el correo sobre los resolutivos que se circuló no se hizo dicha especificación, lo cual genero malentendidos sobre el manejo de los recursos, por lo que hacemos la siguiente aclaración:

Mientras la cuenta se mantuvo por encima de los $50,000 pesos, los gastos se efectuaron de la siguiente forma:

* 7,000 pesos para los gastos internos (tarjetas telefónicas, alimentos, etc.),de l@s compañer@s pres@s.

* 1,000 para tarjetas telefónicas del teléfono del plantón y comunicación con l@s compas.

* 2,000 para los gastos del plantón (alimentos, apoyo en algunos pasajes, mantenimiento, etc.)

Y un gasto adicional para los abogados en los días en que se realizaban las audiencias de 5,000 pesos.

A partir de que en la cuenta quedaban $33,460 pesos, los gastos se efectuaron de la siguiente forma:

* De 700 a 800 pesos para los gastos internos (tarjetas telefónicas, alimentos, etc.),de l@s compañer@s pres@s.

* 500 pesos para tarjetas telefónicas del teléfono del plantón y comunicación con l@s compas.

* 800 pesos para los gastos del plantón (alimentos, apoyo en algunos pasajes, mantenimiento, etc.)

El día de hoy quedan en la cuenta $14,270 pesos, por lo que se ha decidido que los gastos se realicen de la siguiente forma:

* 700 pesos para los gastos internos (tarjetas telefónicas, alimentos, etc.),de l@s compañer@s pres@s.

* 500 pesos para tarjetas telefónicas del teléfono del plantón y comunicación con l@s compas.

* Y que el plantón corra con sus propios gastos, realizando actividades como la paquetería, y con el apoyo de nuestr@s compas de la Otra Campaña.

Aprovechamos para hacer la aclaración sobre la venta de alimentos que hemos llevado a cabo, en las ocasiones en las que hemos tenido mucha cantidad de alimentos para la cantidad de gente que somos, se ha decidido venderla para que no se eche a perder y la ganancia es utilizada para los gastos del plantón.

Por ahora es todo, les enviamos un saludo.

Atte. Plantón de Santiaguito

“¿Cual industria cinematográfica?” cuestiona Ofelia Medina, que habla también de homenajes, Atenco y los cortometrajes

15 de febrero de 2007
por Salvador Perches Galván.

María Ofelia Medina Torres nació en los albores de la década de 1950 en Mérida, Yucatán, donde vivió hasta terminar sus estudios de secundaria, luego se mudó a la Ciudad de México para ingresar en la Academia de danza mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde se graduó como bailarina y maestra de danza. Posteriormente viajó a Nueva York a estudiar en el Actor's Studio de Lee Strasberg.

Al concluir sus estudios viajó a Europa para continuar estudiando en el Teatro Odin de Dinamarca. Se inicia en la actuación en el teatro en el año 1967. Debuta en el cine en la película “Pax” en 1968. Su primer protagónico lo realiza en la película Patsy, mi amor, en 1969. Ese mismo año debuta en la televisión en la serie “Landrú”, de Ernesto Alonso.

En cine se recuerda mucho su interpretación de Frida Kahlo en la película “Frida, naturaleza viva”, de Paul Leduc, una de sus últimas actuaciones en el séptimo arte es en la laureada “Voces inocentes”, de Luis Mandoki, pero también resulta inolvidable su participación en cintas como “Antes que anochezca”; “Gertrudis Bocanegra”;“Nocturno a Rosario”; “Camino largo a Tijuana”; “La Palomilla al rescate”; “El Hombre de los hongos”; “Apolinar”, único largometraje del director teatral Julio Castillo; “De que color es el viento”; “Muñeca reina”; “Uno y medio contra el mundo”; “Las Puertas del paraíso”; “Las Figuras de arena”; “Paraíso”; “Las Pirañas aman en cuaresma”; o “El águila descalza”, entre otras.Recientemente recibió un homenaje por parte de la asociación de mujeres de cine y televisión.

¿Cómo se siente de recibir un reconocimiento de mujeres profesionistas en medios audiovisuales?“

Bueno, agradecida, sobrepasada, y yo tengo muy poca capacidad para recibir homenajes, es el primero en mi vida y solamente lo acepte para poder aprovechar la oportunidad de alzar la voz respecto de Valentina Palma, esta joven chilena, estudiante de cine que fue expulsada, golpeada, ultrajada por policías del estado de México y la PFP en San Salvador Atenco”.

La Corte y Atenco

Nora Patricia Jara
Con el fallo mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 6 de febrero, para investigar si hubo violaciones graves de garantías individuales en el operativo de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, población cercana al área conurbada del Distrito Federal, se puso de nuevo a debate la contradicción entre seguridad y derechos humanos, entre intereses sociales, colectivos e individuales.

En medio de consignas que habitantes de Atenco lazaban afuera del edificio del máximo órgano de justicia del país, 7 ministros, incluyendo su presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, plantearon la interrogante sobre si se pueden desconocer los derechos humanos en una circunstancia donde la fuerza pública tiene que intervenir para restaurar el orden público.

Para responder a este dilema integraron una comisión investigadora de los hechos en el poblado mexiquense. Sin embargo, esta supuesta disyuntiva, de aplicar la ley y mantener la vigencia de las llamadas garantías individuales, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos no existe, porque ambos conceptos, derechos humanos y seguridad pública, son complementarios e interdependientes, ya que su finalidad debe ser el de proteger el ejercicio de las libertades.

Tal vez en nuestro país tengamos aún que investigar y documentar un caso paradigmático como el de la tortura, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y violentas como las que ocurrieron en contra de los pobladores de Atenco para resolver este falso dilema, ignorando convenciones suscritas por el Estado mexicano, como la del 13 de noviembre de 1985, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la Opinión Consultiva OC-5/85, en su párrafo 64 considera, respecto del concepto de orden público que: una aceptación posible de orden público dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones, sólo puede ser sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, lo que significa que la acción de la seguridad pública se debe enmarcar en el derecho de los individuos a la libertad y la seguridad personales, y que el Estado está por tanto obligado a respetar, como lo señala el artículo 21 constitucional: la seguridad pública es la función a cargo del Estado, con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas. Ignorar este precepto es estar ante la presencia de un Estado autoritario y sin legitimidad.

Los antecedentes jurídicos para evitar abusos y omisiones en la materia tienen distintos fundamentos, no solamente en tesis y convenios de organismos internacionales que observan y defienden los derechos humanos, además del orden jurídico constitucional, en México existe el antecedente de la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, que establece en su artículo primero, fracción II, lo siguiente: que se entiende como orden público, el respeto y preservación de la integridad física y sicológica de las personas, cualquiera que sea su condición, edad o sexo; el respeto al ejercicio de derechos y libertades de terceros; el buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados de acceso público; el respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes de dominio público.

Con razón y ante el abuso desmedido y constante de la autoridad, los representantes de organismos mundiales como Amnistía Internacional y de la ONU advierten que en México existe un Estado de leyes pero no de justicia, y casos hay muchos como ejemplo, de ahí la importancia del resultado de las indagatorias sobre las violaciones a los derechos humanos en Atenco, que esperamos documente y haga pública la criminalidad oficial en la que incurrieron los tres niveles de gobierno en el estado de México, donde quedaron expuestos actos ilícitos que cometieron funcionarios, jueces, agentes y policías con el pretexto de brindar servicios de seguridad pública y procurar supuesta justicia.

Sobre el desalojo del Plantón

En los recientes días nos llegó el rumor de que, el Gobierno del Estado de México ha desplegado una encuesta en los municipios cercanos al penal de Santiaguito. En ella se pregunta si están de acuerdo con que se nos retire, buscando legitimación para desalojarnos.

El plantón de Santiaguito se mantiene por solidaridad a nuestros compañer@s pres@s de Atenco, sin embargo también se realizan actividades con la gente que visita a sus familiares. Se han realizado diversos talleres con los niños, guardarropa, etc.

Pero el detonante fue la construcción de una nueva letrina (llevamos cinco), con el pretexto de estar haciendo un túnel (de por lo menos 500 m .) y nuestros compañeros pudieran escapar. A los tres días nos visitaron judiciales y tres personas con chalecos de servicios periciales que vinieron a tomar fotos al plantón, a los integrantes y, desde luego, a la letrina… Este fin de semana, por primera vez desde la instalación del plantón, policías con metralletas en mano hacían funciones de agentes de tránsito, ¿dónde estuvieron estos ¨agentes de tránsito¨ cuando en agosto atropellaron a dos niños?

Entiendan, si no liberan a nuestros presos, no nos vamos a mover. En todo caso, tendríamos que hacer una encuesta sobre la manera de proceder del gobernador Enrique Peña Nieto, es decir, si se puede sostener en el poder a una persona que promueve la violación masiva a mujeres y reprima a sus pobladores.

El trasfondo del problema no es la construcción de la letrina en sí, sino el plantón mismo, conformado por adherentes a la otra campaña y compañer@s independientes, que compartimos el compromiso de luchar por la liberación de l@s pres@s políticos resistiendo en las afueras del penal, acompañando y protestando por la injusta y arbitraria detención de nuestros compañeros los días 3 y 4 de mayo.

¡Pres@s Políticos Libertad!
Planton de Santiaguito

Juzgados han emitido 11 resoluciones a favor de presos en Atenco

Israel Dávila, corresponsal

Toluca, Méx. El juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en el estado de México ha otorgado la protección de la justicia federal a 115 de los 172 procesados por los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo pasado, y en todos los casos resolvió que el juez segundo penal de Toluca es incompetente para conocer del juicio que instruye contra los detenidos.

Con estas determinaciones es casi un hecho que los expedientes sean turnados a un juzgado de Texcoco para que sea allí donde se culmine el proceso penal que por secuestro y ataques a las vías de comunicación se inició contra los indiciados.

Desde el 4 de mayo, 27 personas permanecen recluidas en el penal de Santiaguito y tres más en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ambos en Almoloya de Juárez. A 146 personas, se les otorgó la libertad bajo caución al estar acusados únicamente por ataques a las vías de comunicación, que no está tipificado en el Código Penal mexiquense como delito grave.

En suma, el juez primero de distrito Willi Vega Ramírez ha dictado 11 sentencias contra autos de formal prisión dictados por el juez segundo de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, contra los detenidos; pero de los 11 amparos que ha otorgado, sólo uno ha causado ejecutoria, ya que el resto se encuentra en revisión o en proceso de notificación.

El único expediente que se ha turnado a Texcoco es el de Magdalena García Durán, mazahua. Esta indígena, que fue detenida el 4 de mayo cuando vendía fruta en la plaza de Atenco, no ha sido trasladada al penal de Molino de las Flores, en Texcoco, a pesar de que su expediente ya se encuentra en el juzgado primero penal de esa localidad. Su defensa, encabezada por Bárbara Zamora, espera que a más tardar en 10 días el juez Alberto Cervantes Juárez se pronuncie si acepta la competencia y con ello determine hacerse cargo del juicio que se le instruye.

Otros que ya obtuvieron un amparo son los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se encuentran en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma. Sin embargo esta protección concedida a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo fue recurrido por el Ministerio Público Federal, por lo que un tribunal unitario será quien determine si es procedente o no.

La Corte y los derechos humanos

Magdalena Gómez
El binomio enunciado entraña un tema fundamental para un nuevo proyecto de nación como es la defensa del régimen de libertades que constituye la parte dogmática de nuestra Constitución. Viene al caso en estos días por la decisión que finalmente tomó la Suprema Corte de Justicia de abrir una investigación sobre la violación de garantías fundamentales en el caso Atenco. Reflexionar sobre sus implicaciones constituye además una llamada de atención ante la visión prevaleciente en la clase política, y en algunos analistas, de pensar a la Constitución sólo en términos del ejercicio de su parte orgánica, esto es, la relacionada con los ajustes y desajustes en torno a la integración de los diversos niveles de gobierno y la relación entre poderes.

El asunto, por tanto, no nada más se restringe a garantizar que las fuerzas policiacas en tareas de "restauración del orden público cumplan sus funciones en el marco de las leyes vigentes y con respeto a sus propios reglamentos'', hecho que no sería menor, pero sólo representa la punta del iceberg en la grave problemática respecto al acceso a la justicia y, ante todo, de violación sistemática del derecho a la organización, a la libertad de expresión y, en última instancia, el derecho a la protesta social.

Puesto en estos términos podemos acercarnos al entramado político e ideológico que el sistema ha construido para criminalizar la movilización social: ¿qué otra cosa estuvo detrás de los crímenes en 1968, en 1971, en la llamada guerra sucia? El Charco y Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas no son ajenos a esta dimensión.

Cuando una se acerca a los debates de la Suprema Corte de Justicia de la semana pasada sobre la posibilidad de ejercer para Atenco la investigación ya aludida, observa la tensión de conceptos y visiones entre sus integrantes; alguno de ellos ostenta no sólo su conservadurismo, sino también su trivialidad: es el caso del ministro Azuela, quien ha defenestrado al artículo 97 constitucional y ante todo la posibilidad misma de que la Corte asuma su función de órgano de control constitucional tratándose del ejercicio de derechos fundamentales. No queda atrás el ministro Aguirre Anguiano, que elaboró un proyecto de dictamen en el cual asentó: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables", llegando al colmo de aseverar que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación a nivel nacional e internacional, resulta notorio que la paz social ya ha sido restablecida y las autoridades competentes ya tomaron conocimiento de los hechos".

Por fortuna prevalecieron los criterios de los ministros que enfatizaron la imposibilidad de cerrarse a un reclamo social tan fuerte; ojalá avancen en la comprensión de que pese a tanta arbitrariedad todavía se acude a las puertas de la Corte a pedir justicia por vías pacíficas aun cuando el reclamo les parezca o llegue a ser altisonante. Al respecto señalaron: "Esa actitud, además de reprochable, resulta inadmisible", los ministros sólo obedecemos el mandato de la Constitución y de la ley, "de acuerdo con nuestra íntima convicción, sin hacer caso de presiones, amenazas ni exigencias indebidas". ¿Entenderán algún día los ministros que también existe una racionalidad en la protesta social y que al hacerce también se ejercen derechos?

Pese a las limitaciones de la intervención de la Suprema Corte, dado que únicamente emitirá una opinión, que en sí misma no es jurídicamente vinculatoria, es de la máxima importancia que este órgano promueva activamente el respeto a los derechos humanos fundamentales por parte de las fuerzas policiacas. Su opinión será un yo acuso al abuso del poder y el inicio de otra etapa en el tema, pues el propio ministro presidente afirmó que "la Corte ha discutido intensamente sobre derechos humanos fundamentales, pero hemos tenido muy pocos pronunciamientos sobre esa materia".

Este alcance debe ser claro para los agraviados en Atenco, porque si bien el Centro Pro de Derechos Humanos asentó que lograr la justicia "supone que los hechos sean esclarecidos, que los responsables sean sancionados, que el daño sea reparado a las víctimas, y que se tomen medidas para que hechos como los de Atenco no se repitan", esta dimensión no se alcanzará de manera automática con la sola opinión o recomendación de la Corte aun en el supuesto de que sea favorable. Por ejemplo, preocupa como señal que ningún ministro formará parte de la comisión investigadora, como ha sucedido en otros casos, y sólo se designó a dos magistrados de circuito. Ojalá no se confirme la impresión de que le quieren bajar el perfil a la decisión tomada.

Testimonio de Edith Rosales Gutiérrez


Soy Edith Rosales Gutiérrez, les escribo desde el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, donde me tienen presa desde el día 4 de mayo del 2006, por haber acudido a San Salvador Atenco a una comisión voluntaria de salud promovida por la sección XXXV del Sindicato del Seguro Social, donde cumpliendo con mi deber como ser humano y laboral fui detenida con lujo de violencia, golpeándome, amenazándome de muerte e insultándome, tapándome la boca.

Fui trasladada a una camioneta donde me quitaron los zapatos y todas mis pertenencias, me bajaron el pantalón e intentaron violarme, no pudieron cometer tal atrocidad puesto que en ese momento llegaron más detenidos, aún así no pude salvarme del manoseo en genitales y senos.

Apilaron a los detenidos encima de mí y nos trasladaron aun camión donde nos siguieron golpeando, insultado y amenazando y apilándonos a las que llegábamos encima de mucha gente que tenían en el suelo del camión, con gente ensangrentada, y cuando el camión empezó a caminar se escuchó cómo seleccionaban a dos mujeres para llevarlas al asiento del frente donde se empezó a escuchar cómo abusaban de ellas con ofensas y burlas, a los demás, los policías pasaban pisándonos y golpeándonos al mismo tiempo y nos amenazaban si alzábamos la cabeza o decíamos algo.

Al llegar al penal nos bajaron otra vez a golpes, metiéndonos por un pasillo donde nos iban azotando la cabeza y seguían golpeándonos en todo el cuerpo.

Ya en el interior del penal no nos permitieron comunicarnos con nuestros familiares o abogados hasta el siguiente día, no quisieron decirnos por qué nos habían detenido sino hasta el día 10 de mayo en la noche que nos dictaron auto de formal prisión. No tuvimos asistencia médica adecuada solamente 2 paracetamol con todo y que necesitábamos radiografías de las contusiones en la cabeza y cuerpo; al detenernos no nos presentaron orden de aprehensión y si golpes y tortura como respuesta, por lo que violaron mis garantías individuales.

Así como yo estamos 27 personas en Santiaguito y 2 en la Palma, que a 9 meses de nuestro encarcelamiento injusto, nos siguen torturando psicológicamente, violentando nuestros derechos más elementales, mientras nuestros torturadores, violadores, rateros, golpeadores, violadores y asesinos gozan de su libertad y hoy son nuestros acusadores.

Por lo que pedimos que exijan cese a esta tortura y sean castigados los que violentaron nuestros derechos fundamentales.

Atentamente desde el penal de Santiaguito, presa política.
EDITH

martes, febrero 13, 2007

Informe de la situación de l@s compañer@s pres@s

INFORME DE LA SITUACION DE LOS COMPAÑEROS PRESOS EN LA PALMA Y SANTIAGUITO

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL COLECTIVO DE ABOGADOS ZAPATISTAS ( CAZ )

Estado actual de los compañeros presos políticos de Atenco.

Aún están privad@s de su libertad 27 compañeros en Santiaguito y tres en el ALTIPLANO, es decir, a la fecha hay treinta pesos políticos de las cuales 7 son mujeres a quienes mencionamos a continuación

Compañeras en el penal de Santiaguito

1. GEORGINA EDITH ROSALES GUTIERREZ
2. MAGDALENA GARCIA DURAN
3. MARIA LUISA LOPEZ MORAN
4. MARIANA SELVAS GOMEZ
5. NORMA AIDEE JIMENEZ OSORIO
6. PATRICIA ROMERO HERNANDEZ
7. SUELEN GABRIELA CUEVAS JARAMILLO.

Compañeros en Santiaguito:

1. ALBERTO ORDOÑES ROMERO
2. ALEJANDRO PILON ZARATE
3. ARTURO SANCHEZ ROMERO
4. CESAR DEL VALLE RAMIREZ
5. CECILIO RAMIREZ DURAN
6. CECILIO RAMIREZ ESPINOZA
7. DAVID MEDINA NERI
8. EDUARDO MORALES REYES
9. GUILLERMO SELVAS PINEDA
10. JORGE ARMANDO RAMIREZ AGUILAR
11. JUAN ANTONIO PEREZ VAZQUEZ
12. JUAN CARLOS ESTRADA CRUCES
13. JULIO CESAR ESPINOZA RAMOS
14. NARCISO ARELLANO HERNANDEZ
15. OSCAR HERNANDEZ PACHECO
16. PEDRO REYES FLORES
17. RAUL ROMERO MACIAS
18. ROMAN ADAN ORDOÑES ROMERO
19. RUFINO GONZALEZ ROJAS
20. VICENTE GARCIA MUNGUIA

Compañeros en la Palma:

1. IGNACIO DEL VALLE
2. HECTOR GALINDO
3. FELIPE ALVAREZ

El Colectivo de Abogados Zapatistas tiene a su cargo la defensa de 102 compañeros, de los cuales 13 están privados de su libertad y a quienes les han dictado 2 AUTOS DE FORMAL PRISION, el primero el día 10 de mayo y el segundo el 31 de agosto. Inconformes con el segundo auto de formal prisión los abogados interpusieron un amparo del cual en fecha 26 de diciembre se dictó la resolución, donde el Juez primero de Distrito determina:

  • QUE EL JUEZ SEGUNDO ES INCOMPETENTE
  • QUE EXISTE VIOLACION A LOS ARTICULOS 14, 16,y19
  • QUE EL AUTO DE FORMAL PRISION CARECE DE VALOR ALGUNO PORQUE LAS DECLARACIONES MINISTERIALES DE LOS POLICIAS SON IDENTICAS.
  • QUE NO SE ESTABLECE LA FORMA DE PARTICIPACION INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS ACUSADOS
  • QUE EL JUEZ MALDONADO SE LIMITA A TRANSCRIBIR LAS DECLARACIONES DE LOS POLICIAS SIN HACER UNA REFLEXION Y CONEXIDAD DE LAS PRUEBAS CON QUE SE RELACIONAN

El ministerio Publico Federal, inconforme interpuso un recurso de REVISION, que no es otra cosa que retardar mas el proceso, a la fecha los compañeros llevan 270 días privados de su libertad.

Al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con números de toca 18/2007, y 19/2007, le fue asignado resolver dicha REVISION. No nos puede pasar por desapercibido que la suerte que tuvo la revisión de la compañera Mazahua MAGDALENA GARCIA, va a ser la misma para los otros compañeros, es decir, se va a confirmar la resolución del Juez Primero de Distrito, es decir: MALDONADO se declara incompetente y dicta un nuevo auto de formal prisión.

La política del estado represor es clara y no obstante que el JUEZ PRIMERO DE DISTRITO WILLY EARL VEGA, establece claramente la existencia de violaciones a los artículos 14,16 y 19, MALDONADO vuelve a dictar auto de formal prisión, por lo que no obstante que los políticos hacen alarde de que en nuestro país existe JUSTICIA Y LIBERTAD, con todas estas arbitrariedades se demuestra que en México existe impunidad.

Manifestamos nuestra indignación con las declaraciones hechas por el ministro de la corte Guillermo Mayagoitia, en el sentido de que la corte no conocerá de las violaciones al pueblo de Atenco. Es preocupante que la mano dura del secretario de gobernación y del procurador general de la República ha llegado al poder judicial con la finalidad de cubrir los delitos en contra de los pobladores de Atenco. La obligación de la corte es hacer cumplir la constitución, pero hoy pretende legislar a favor de los intereses mezquinos de los torturadores.

No debemos permitir que se implante un estado fascista. Exigimos JUSTICIA, LIBERTAD Y DEMOCRACIA.

ACCIONES REALIZADAS:

Marcha mitin el jueves 1 de febrero del monumento a la Revolución a la SCJN (donde sesionaban los magistrados para decidir si se atraía la investigación del caso Atenco). Se suspendió la sesión y se pospuso la discusión de los magistrados hasta el próximo martes 6 de febrero.

ACCIONES POR REALIZAR.

OBRA DE TEATRO "LA SONRISA VERTICAL" DÍA 23 DE FEBRERO A LAS 18:30 HORAS EN EL LOCAL DEL SITUAM EN TLALPAN No. 1036, A UNA CALLE DEL METRO NATIVITAS, DONATIVO SOLIDARIO DE $ 70.00 (LOS RECURSOS FINANCIEROS SE DESTINARAN AL APOYO DE NUESTROS COMPAÑEROS PRESOS Y A LOS QUE SE MANTIENEN DIGNAMENTE EN EL PLANTON EN SANTIAGUITO).

Lugares de venta de boletos:

Tienda Coyotic - Centro Comercial Copilco (copilco 102 local 115 – planta alta, tel: 5659-5621)
Oficinas de Colectivos y Abogados de la Otra – Benjamín Franklin No. 231 tercer piso. Tel: 5277-0521.
ENAH con el Colectivo Lucha Libre
Alameda Central a un costado del kiosco – Colectivo L´AK (domingos desde la 12:00)

Se anexa cartel para que nos apoyen difundiendo esta obra.
Responsable de este envío de información: María Cristina Mondragón.

El juez que conoce del caso de Atenco, incompetente, resuelve otro juzgador

  • Reciben amparo de efecto 53 acusados de ataques a vías de comunicación y secuestro
EMIR OLIVARES ALONSO
El juez primero de distrito en materia de amparo, Willy Vega Earl, dio un nuevo revés al juez penal que entiende en el caso de los detenidos tras el operativo en San Salvador Atenco, en mayo pasado, Jaime Maldonado, al señalar, una vez más, la incompetencia de éste para atender el proceso penal contra los inculpados.

Vega otorgó un amparo para efecto a 53 personas detenidas los días 3 y 4 de mayo en ese municipio acusadas de ataques a las vías de comunicación y secuestro, quienes obtuvieron su libertad bajo fianza.

En la resolución el juez federal asegura que Maldonado violó el artículo 16 constitucional, ya que "carece de fundamentos" para acreditar dicho delito a cada uno de los 53 acusados.

Establece que Maldonado actuó de manera "omisa" al dictar el auto de formal prisión del pasado 31 de agosto contra los procesados en libertad bajo caución, debido a que argumenta las conductas concretas de "cuándo, cómo, dónde y quién desplegó la conducta ilícita, es decir, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y comisión del delito".

Vega agrega que Maldonado tampoco acreditó las pruebas que demuestren la participación individual de los acusados, "de tal suerte que se origina violación a las garantías constitucionales ante la omisión, pues no es suficiente para dictar el auto de formal prisión", establece el acta de amparo, a la que este diario tuvo acceso.

El juez federal señala al juzgador de la capital mexiquense, Maldonado, que no tenía por qué vincular los presuntos delitos de secuestro con el de ataques a las vías de comunicación, por lo que incurrió en "falta de técnica jurídica", pues no existen elementos suficientes para demostrar "fundadamente que los quejosos hubieran intervenido en los hechos de secuestro".

Willy Vega añade que si bien es cierto que las conductas ilícitas atribuidas a los acusados se desarrollaron por un grupo considerable de personas aglutinadas en el denominado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dichas circunstancias "son insuficientes objetivamente para establecer que debe conocer de esos hechos un tribunal fuera de la jurisdicción correspondiente (Texcoco, donde ocurrieron los hechos)".

Ante el argumento que esgrimió Maldonado de que se trataba de personas de "alta peligrosidad" para que el caso fuera llevado en Toluca, no en Texcoco, el juez federal refiere que si en cada caso judicial se diera ese tipo de explicación, "se llegaría al extremo de que en cada entidad federativa tendría que haber un reclusorio de máxima seguridad para los acusados de delitos graves".

Subraya que en lugar de establecer las circunstancias personales de los acusados que indiquen su peligrosidad, se limita a transcribir sus datos personales, mismos que de acuerdo con el Código Penal del estado de México no son suficientes para acreditar la competencia.

Ante estos argumentos, Vega resolvió que queda insubsistente el auto de formal prisión del 31 de agosto dictado contra quienes promovieron dicho amparo; declara incompetente a Maldonado para conocer del caso y le ordena remitir las investigaciones al juez penal de la jurisdicción de Texcoco; sin embargo, a pesar de las irregularidades en que incurrió Maldonado, sólo otorgó un amparo para efecto, y no liso y llano, por lo que da posibilidad al juzgador de Toluca de dictar otro fallo, que de acuerdo con la manera en que ha actuado el juzgador toluqueño ante los además amparos sería otro auto de formal prisión.

lunes, febrero 12, 2007

Rechaza AI compromiso "retórico" de Calderón

  • Rupert Knox pide acción concreta en derechos humanos
  • Abrir pesquisas no es cumplir, señala el investigador
VICTOR BALLINAS
Rupert Knox, durante la charla con La Jornada Foto: Francisco Olvera


Un compromiso "retórico" de protección a los derechos humanos del gobierno de Felipe Calderón "no cuenta, no sirve" lo que Amnistía Internacional (AI) espera de este gobierno "es una manifestación concreta de protección a los derechos humanos", y eso pasa necesariamente por ordenar investigaciones imparciales en los casos de San Salvador Atenco; en Oaxaca, en Guadalajara; en los feminicidios de Ciudad Juárez, y en las desapariciones forzadas de personas de la guerra sucia, asevera Rupert Knox, investigador para México de AI.

Señala: "el gobierno del presidente Calderón tiene la posibilidad de cambiar esa actitud vergonzosa y de escándalo internacional en materia de justicia, y para ello debe investigar a fondo, de manera imparcial las graves violaciones a los derechos humanos que demandan justicia. No basta con abrir averiguaciones previas, eso no es cumplir".

Rupert Kox, investigador de AI, con sede en Londres, Reino Unido, destaca que la organización que representa espera que Calderón "se defina ya en materia de derechos humanos y ponga los compromisos concretos sobre la mesa, porque con más de 70 días al frente del gobierno, son preocupantes las señales negativas que se tienen. Es vergonzoso y escandaloso el sistema de justicia".
AI "espera una respuesta clara de Calderón al informe México, leyes sin justicia: violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública que se le entregó al gobierno el miércoles pasado. Les pedimos respuesta por escrito".

­¿Cual es el balance de AI, tras entrevistarse con funcionarios de Gobernación, cancillería, la Procuraduría General de la República y con legisladores federales?

­En términos generales nos fue bien, es una visita para hacer los primeros contactos con este nuevo gobierno, y aunque hubo elementos positivos, también hubo unos muy decepcionantes.

­¿Qué los decepcionó?

­La reunión con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Gobernación, Miguel Alessio Robles, y con la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Carmen Diez.

­¿Por qué los decepcionó el encuentro?

­Fue el encuentro más negativo. Es un poco preocupante que la secretaría encargada de derechos humanos no nos haya podido informar de la reforma en materia de justicia, que se elabora en la PGR, y en la cual, obviamente, no participan los funcionarios encargados de derechos humanos de Gobernación.
¿Cómo entonces van a proteger esos derechos?

"Vimos incertidumbre sobre el seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos que impulsó el presidente Vicente Fox, cuyo papel central estuvo en Gobernación, pero ahora no supieron informarnos de su cumplimiento. Es cierto que era un programa con deficiencias, pero al menos marcaba prioridades. Trataron de tranquilizarnos, nos dijeron que este gobierno sí está comprometido con los derechos humanos, pero para nosotros eso no es lo adecuado."

­¿Qué espera AI del gobierno de Felipe Calderón?

­Un compromiso ¡ya! en derechos humanos. Lleva más de 70 días en el gobierno, es hora de poner sobre la mesa sus compromisos concretos en la materia. Es temprano para asegurar que su gobierno no está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos, pero las señales son negativas, y eso nos causa problemas. Esto lo puede solucionar rápidamente, sí ordena que se investiguen las violaciones graves a los derechos humanos en Oaxaca, San Salvador Atenco, los feminicidios de Ciudad Juárez, la violencia en Guerrero contra indígenas, pero no basta sólo con abrir averiguaciones previas, tienen que realizar investigaciones serias, imparciales y eficaces.

­¿Cómo les fue en la PGR?

­Nos entrevistamos con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos. Aquí hubo elementos positivos porque nos habló del contenido, de forma muy general, de la reforma en justicia. Según nos informó, está trabajando en el proyecto de ley que impulsará el Ejecutivo en los meses que vienen. Coincidimos con algunos de los puntos que nos refirió, pero hay que ver el proyecto acabado. Es positivo el que se está trabajando una reforma; ahora hay que esperar el resultado.

­¿En las entrevistas, hubo compromisos como los que esperaba AI?

­Tanto en Gobernación como en la PGR nos hablaron de las 100 acciones y 100 días de gobierno. Nos aseguraron que en los próximos días el Presidente hará un compromiso público en derechos humanos, pero no precisaron en qué consistiría, es decir, sus acciones y medidas.

"Nos pidieron esperar, que en los próximos días él anunciará un plan de derechos humanos, con acciones específicas. Nos insistieron en que Calderón continuará con la política del ex presidente Fox, es decir, puertas abiertas a las organizaciones internacionales y organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

­¿Cuál fue su percepción al hablar con el gobierno sobre Atenco, Oaxaca, guerra sucia?
­Hubo desconcierto cuando tratamos las investigaciones de Atenco y Oaxaca, porque es realmente lamentable la impunidad que reina hoy. El Estado tiene la obligación de garantizar que no haya abusos, y aunque son violaciones del gobierno anterior, eso no exime a Calderón de su responsabilidad como gobernante. No puede argumentar que esos casos no son de su gobierno.
­¿Y los crímenes el pasado?

­Para AI hay un fracaso total de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Calderón tiene que investigar y garantizar justicia para las víctimas y familiares de la guerra sucia, eso que Fox prometió, pero incumplió. Es una vergüenza que cinco días antes de concluir su gobierno, Fox cerrara la fiscalía, sin entregar cuentas, sin hacer suyo el informe de esa fiscalía, y lo más importante, sin llevar ante la justicia a los responsables.

"Este gobierno tiene la responsabilidad de investigar, de sancionar esos crímenes, porque el hecho de que un gobierno haya concluido, no lo exime de responsabilidad. El Estado tiene que aclarar que pasó en esa época, reparar el daño y castigar a los responsables. Para AI Calderón tiene pendiente investigar Atenco, Guadalajara, Oaxaca, feminicidios de Ciudad Juárez, y la guerra sucia. Esperamos que haga justicia."

­¿Cuál es la mayor preocupación para AI?
­La impunidad. Las investigaciones que se han efectuado en Atenco y en Oaxaca son un retroceso. Están implicados agentes del Ministerio Público y jueces, y lo que es evidente es que "que no hay voluntad para sancionar a los responsables de delitos graves, como tortura, abusos sexuales, detenciones selectivas, cateos ilegales. Es un insulto querer sancionar sólo por abuso de autoridad. El hecho de que rechacen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, manifiesta que no hay voluntad para hacer justicia, el mensaje es que no van a actuar contra violadores de derechos humanos.

De l@s pres@s políticos de Atenco

A la Sra. Louise Arbour, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al Dr. José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Al Lic. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
A SIPAZ.
A la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
A la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
A la Comisión Internacional de Juristas.
A Human Rights Watch.
A Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
A Brigadas Internacionales de Paz.
A Amnistía Internacional.
A la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México.
A la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
A Alejandro Carmona, director de Reclusorios del Edomex.
A la comisión Sexta del EZLN.
A tod@s l@s adherentes de la Otra Campaña.
A todos los organismos de Derechos Humanos.
Al pueblo de México, a los pueblos del mundo.

A partir de que se inicio la revisión del caso Atenco, los detenidos, así como los compañeros que se encuentran en el plantón del penal de Santiaguito como protesta por las injusticias cometidas en contra de más de 200 personas en el poblado de San Salvador Atenco, hemos sufrido por parte de las autoridades y personal del penal una serie de provocaciones, como son:

a) Impedimento del paso de alimentos el día de la visita familiar.

b) La lectura de correspondencia personal.

c) Impedimento del paso de periódicos, libros y revistas de forma seleccionada, es decir, unos si y otros no.

d) Al impedir el paso de los artículos antes mencionados, el personal del penal los destruye y/o se los queda.

e) El trato del personal, tanto con los presos como con los familiares, es prepotente, cosa que no era.

f) Tenemos conocimiento de personas nativas y cercanas al penal, de que el Director, Sr. Irineo Monroy Dávila, tiene conocidos de la colonia SUTEIM Sn. Miguel Almoloyan, y que los utiliza como provocadores hacia las personas que se encuentran en el plantón.

Como jurídicamente no hay más elementos para seguir reteniéndonos, entonces nos intentan provocar para abrirnos otros procesos legaloides dentro del mismo penal.

Hacemos responsable al Sr. Irineo Monroy Dávila, director del penal, por lo que pueda suceder, tanto a los compañeros que se encuentran en el plantón, como a nosotros.

Pedimos la protección de los Organismos de Derechos Humanos nacionales como internacionales, esto, teniendo como referencia el desalojo ocurrido recientemente al plantón de Miahuatlán, Oaxaca.

Exigimos nuestro traslado inmediato al Penal del Molino de las Flores.

Atentamente.

Presos políticos de Santiaguito de Almoloya de Juárez.

10 de febrero de 2007.

Entrevista a Juan de Dios el Dia 25 de Enero 2007

En días recientes la suprema corte de justicia atrajo el caso de Atenco por lo que esta nueva esperanza de libertad ha logrado que muchos sigamos en esta lucha por la libertad de nuestros compas.

sábado, febrero 10, 2007

Décimas a la renuncia de Wilfrido Robledo

El mexiquense Wilfrido Robledo, autor intelectual y ejecutor de golpizas, allanamientos y torturas físicas, sicológicas y sexuales contra detenid@s en San Salvador Atenco, se tira por la borda como las ratas, ahora que la Suprema Corte investigará dichos abusos.

Dicho de pasada, la tal Suprema atrajo el caso después de que cientos de ONG’s dentro y fuera del país salieron a las calles y tomaron las afueras de Consulados Mexicanos, forzando investigaciones directas de grupos internacionales de Derechos Humanos al respecto.

“Seamos realistas: Exijamos lo imposible” (¿Quién lo dijo?)

¡Libertad a tod@s l@s pres@s de Atenco y Oaxaca!

El mexiquense Robledo
propulsado en sus dos patas
se escapa como las ratas:
balconearon al tancredo.
La había hecho tanto de… cuento
que hasta mismo Televisa
de “héroe” le dio camisa
cuando a Atenco le dio fierro
Hoy lo avientan a los perros
y el Chente se va a misa…

El Agüizote

Pedirán expedir ley de amnistía para presos de Oaxaca y Atenco

  • Jurado popular por la defensa de garantías individuales
EMIR OLIVARES ALONSO
El jurado popular constituido durante el segundo Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca afirmó que propondrá a los poderes de la Unión y estatales medidas cautelares y la expedición inmediata de una ley de amnistía para los presos, procesados, sentenciados y perseguidos por motivos políticos en el país, en la entidad sureña y en Atenco, "para lograr su inmediata e incondicional libertad".

Además, los integrantes de ese jurado ­conformado por intelectuales, académicos, escritores, defensores de derechos humanos y juristas­ concluyeron que emprenderán acciones "tendientes y urgentes" de información y denuncia ante la comunidad internacional y nacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos en que han incurrido los gobiernos federal y estatales en Oaxaca y en otras entidades del país.

Y así "generar repuestas sensibles y oportunas de investigación, impartición de justicia y solidaridad con los afectados, así como recomendaciones y censuras a los gobiernos involucrados, para que se abstengan de continuar las violaciones denunciadas y restituyan el pleno goce de los derechos de los afectados, en el contexto de un auténtico estado social y democrático de derecho".

En ese sentido, la senadora y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra ­una de las principales organizadoras de este segundo foro-- se manifestó en favor de conformar el jurado popular, aunque manifestó que éste "sólo le hará cosquillas" al gobierno de Ulises Ruiz y al federal, debido a la poca importancia que le dan a las movilizaciones sociales; por ello, se pronunció por continuar la lucha por la desaparición de poderes en aquella entidad.

El jurado popular quedó constituido por la escritora Elena Poniatowska; la actriz Ofelia Medina; el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo; Enrique González Ruiz, de la cátedra de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; José Sotelo, ex director general de la Femospp; Gilberto López y Rivas; Ernesto Sánchez Aguilar, presidente de la Liga Mexicana Anticorrupción, y Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, entre otros.

Además, se informó que se ha entablado contacto para que se incorporen el pintor Francisco Toledo, el escritor Carlos Monsiváis, el periodistas Carlos Payán, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz; y la columnista de este diario Magdalena Gómez.

Asimismo se pronunciaron por la creación, desde el Estado y la sociedad civil, de una comisión de la verdad, de carácter público, autónomo e imparcial, como un método "idóneo para conocer a plenitud cómo fueron los hechos relacionados con crímenes históricos del pasado y del presente cometidos al amparo del poder público y que establezca, dentro de sus funciones, medidas de protección inmediata a los afectados, amén de que encauce el deslinde de responsabilidades y el castigo a los criminales contra el pueblo de México".

Explicaron que el jurado es un tribunal ciudadano reconocido por las leyes mexicanas, "emanado de la participación ciudadana con carácter social y moral, que se justifica legal y constitucionalmente en la soberanía popular y en las libertades y prerrogativas ciudadanas, cuando los órganos de poder del Estado encargados de la administración, procuración e impartición de justicia, no responden a las expectativas de la sociedad, ni cumplen con los principios de legalidad, seguridad jurídica, prontitud, gratuidad, integralidad, imparcialidad y debido proceso en materia de justicia".
Debido a esto emitirán su veredicto definitivo "de carácter social y moral" durante el tercer foro por los derechos humanos en Oaxaca, que se realizará el 7 y 8 de marzo en esa entidad.

Durante el segundo día de trabajos, se presentaron, además de testimonios de los detenidos a raíz del conflicto en Oaxaca, palabras de personas de San Salvador Atenco, Guerrero y Chiapas, quienes se sumaron al apoyo del jurado popular.

viernes, febrero 09, 2007

Señalado por abusos en Atenco y nepotismo, dimite Wilfrido Robledo

  • Sorpresivamente renuncia al cargo de comisionado de seguridad mexiquense

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL


En imagen de archivo, Wilfrido Robledo Foto: MVT /Carlos Tischler

Toluca, Méx. 8 de febrero. Luego de nueve meses de estar inmerso en la polémica por los abusos policiacos cometidos en San Salvador Atenco en mayo pasado, y por los actos de nepotismo en que incurrió al emplear a su hijo, Mario Robledo Segura, como subdirector de los cuerpos auxiliares del estado de México, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, renunció hoy al cargo de comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).

Oficialmente se dijo que el también ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) dimitió con carácter de irrevocable el mediodía de este jueves, pero personal de la ASE aseguró que le fue solicitada su separación del cargo; su oficina de comunicación social había extendido invitaciones para un acto este viernes, el cual sería encabezado por el propio Robledo Madrid en el municipio de Tlalnepantla.

En su lugar fue designado Héctor Jiménez Baca, quien hasta hace unas horas ocupó la Subsecretaría de Gobernación en la región del valle de Toluca.

La renuncia de Wilfrido Robledo Madrid ocurrió horas después de que el gobernador Enrique Peña se comprometió a castigar a los responsables de los abusos durante la incursión policiaca en Atenco, una vez que conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó investigar los acontecimientos suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en ese municipio del oriente de la entidad, con saldo de más de cien lesionados y 200 detenidos.

Diversos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Civil Internacional de Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro y hasta Amnistía Internacional han acreditado que en los operativos policiacos efectuados en Atenco y en el traslado de los detenidos al penal de Santiaguito no sólo hubo exceso de violencia, sino actos de tortura y abusos de orden sexual en contra de mujeres.
A pesar de que el gobierno mexiquense admitió las recomendaciones de la CNDH, siempre se negó a proceder en contra de los responsables de ejecutar dicho operativo.

Hasta ahora se ha castigado administrativamente a 23 de los más de 2 mil uniformados que participaron en dicha operación y 21 son sujetos a proceso penal; sin embargo, ninguno de ellos ha pisado la cárcel por tener el beneficio de la libertad bajo caución, al imputárseles delitos no graves, como abuso de autoridad y actos libidinosos.

Una vez que conoció la determinación de la SCJN, Peña Nieto modificó su discurso. Mencionó que si de esta indagatoria se desprendía responsabilidad de más elementos policiacos o funcionarios, se actuaría conforme a derecho. Horas después ocurrió la renuncia de Robledo Madrid.

Además, se supo que la Contraloría del estado tenía lista la resolución del procedimiento administrativo iniciado en contra del vicealmirante por nepotismo, la cual lo encontraba responsable.

El pasado 19 de septiembre, durante una comparencia ante diputados locales, legisladores del PRD pusieron al descubierto que Wilfrido Robledo había empleado a su hijo Mario Robledo en los cuerpos de seguridad auxiliar, dependientes de la ASE.

En esa ocasión, el vicealmirante reconoció haber ayudado a su hijo a entrar a los cuerpos de seguridad, pero se justificó y dijo que legalmente nada se lo impedía, ya que este cuerpo de seguridad auxiliar es autónomo económicamente.

Al concluir la comparecencia, se le entrevistó y reconoció que sí influyó para que se contratara a su hijo Mario Robledo Segura en los cuerpos de seguridad auxiliar, y agregó: "qué padre no ayuda a su hijo, hombre".

La investigación la inició la contraloría interna de la Secretaría General de Gobierno, pero luego fue atraída por la Secretaría de la Contraloría para investigar si Robledo había incurrido en una falta administrativa.

Wilfrido Robledo llegó al estado de México por invitación del gobernador Enrique Peña. El 15 de septiembre de 2005 se anunció que el vicealmirante estaría al frente de la policía estatal.

Su llegada no fue tersa. Estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por detectar irregularidades en la adquisición de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, cuando Robledo la encabezaba.

El gobernador mexiquense justificó que la inhabilitación de Robledo Madrid sólo era efectiva para ocupar un cargo federal, pero no estatal o municipal, por lo que no se violentaba ninguna ley.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2006, el mandatario le encomendó hacerse cargo de la ASE, dependencia que aún es cuestionada por diputados locales, puesto que no tiene sustento legal en el marco jurídico del estado, toda vez que no se hicieron las modificaciones pertinentes para su creación y operación.