Miguel Concha
Con respeto y delicadeza, y con el fin de recoger observaciones y críticas, si las hubiere, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó el pasado jueves en la ciudad de México, primeramente a las víctimas y sus familiares, y luego a las organizaciones civiles y a la prensa, el sexto informe de su visita a México.
Con respeto y delicadeza, y con el fin de recoger observaciones y críticas, si las hubiere, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó el pasado jueves en la ciudad de México, primeramente a las víctimas y sus familiares, y luego a las organizaciones civiles y a la prensa, el sexto informe de su visita a México.
Acompañó su entrega con la copia de un material audiovisual que de manera impactante contrasta los testimonios individuales y colectivos de éstas con las versiones irresponsables, mentirosas y cínicas de las autoridades, o de quienes han sido parte de ellas.
Tiene programado hacer lo mismo el 25 de mayo en San Cristóbal de las Casas y el primero de junio en Oaxaca, antes de que sus integrantes regresen a sus países de origen el 8 de junio, para empezar a realizar su entrega a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al Parlamento Europeo, al presidente del Parlamento de Catalunya, a los congresos de los diputados de España, Alemania, Francia e Italia, así como a la sociedad civil del viejo continente.
El 7 de junio tiene prevista una rueda de prensa y un acto público en esta ciudad, con el fin de dar a conocer públicamente las impresiones sobre esta visita, y confrontar sus conclusiones y recomendaciones con las víctimas y sus organizaciones.
La sexta visita a México, se realizó entre el 30 de enero y el 20 de febrero, y tuvo como objetivo principal verificar el cumplimiento de las recomendaciones de sus anteriores visitas a Chiapas (seis veces), Oaxaca y San Salvador Atenco. En ella participaron 52 personas de nueve países (Francia, Estado Español, Italia, Suecia, Austria, Portugal, Alemania, Suiza y Estados Unidos), entre abogados especializados en derechos humanos, académicos, así como representantes de organizaciones civiles y de cooperación internacional, y se llevaron a cabo 291 entrevistas a 611 personas.
El informe, que consta de 484 páginas y un cuadernillo de 32 fotos, y fue editado gracias al apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo de la Generalitat de Catalunya (4 mil ejemplares), consta de tres partes, cada una reservada a las regiones que desde hace 10 años viene visitando la CCIODH: Chiapas, Oaxaca y Atenco.
Como siempre lo ha hecho en todos sus informes, y esto la distingue de los informes de otras organizaciones públicas y privadas, la CCIODH no únicamente considera los casos individuales de violación a los derechos humanos, sino también los colectivos, y teniendo en cuenta, como ahora se hace, de manera integral e interdependiente los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, los enmarca cada vez con mayor claridad y precisión analítica en el contexto histórico en que se producen y en los conflictos sociales que originan.
De allí la profundidad de sus conclusiones y lo pertinente de sus recomendaciones particulares al final de cada una de las partes de su informe, que van dirigidas no únicamente a cambios estructurales de naturaleza cultural y jurídica, sino también de índole social y económica, lo cual contrasta, en el mejor de los casos, con la visión administrativa y legalista estrecha y anacrónica de nuestras autoridades.
Teniendo en cuenta todo el conjunto de testimonios recogidos durante su sexta y anteriores visitas, muchos de los cuales son reportados con fidelidad en el informe, así como su interpretación con la metodología interdisciplinar señalada, al final la CCIODH ratifica las conclusiones y recomendaciones generales que dio a conocer el 20 de febrero de este año. De entre ellas destaco por su importancia la siguiente: “Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales, estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser entendido como una auténtica política de Estado; así lo afirmamos a partir de la coincidencia y verosimilitud de la gran cantidad de testimonios recibidos.
“Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos, como la tierra, el agua o la biodiversidad.
“Con tal objetivo, por un lado se instrumentan políticas encaminadas al debilitamiento del tejido social, por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas, y el hostigamiento a las organizaciones sociales más reivindicativas.
“Por otro lado y de modo complementario se llevan a cabo de manera generalizada detenciones arbitrarias a miembros de los movimientos sociales, y en ocasiones a sus familiares, por el mero hecho de serlo.”
A ello se debe la continuidad en el empleo de la tortura o malos tratos, la imputación de cargos falsos, la invención de leyes ambiguas de excepción, la criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva, etcétera. Por ello, entre otras cosas, la CCIODH pide con urgencia “desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política”.
