Señala VI Informe de Comisión Civil Internacional
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 22 mayo 08 (CIMAC).- Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como “extremadamente crítica”.
El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la “guerra sucia” de la década de los setenta.
Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión, instancia que surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal, en Chiapas, reconoció que pese a “avances” como la excarcelación de las y los presos de Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas no han sido suficientes.
Para el activista, el hecho de que no haya procesados (responsables) en los casos de las 26 violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006, por policías de los tres órdenes de gobierno y en los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano para con los derechos humanos.
“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, aseveró.
Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.
“Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos”, enfatizó.
Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.
Al preguntarle acerca del alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas en los anteriores informes, los cuales no han sido considerados a “profundidad” por el gobierno federal, enfatizó.
El sexto informe de la CCIODH, presentado hoy a los medios de comunicación, será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los gobiernos estatales de Chiapas y Estado de México.
EL INFORME
La CCIODH surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal en Chiapas, que originaron la primer visita de esta organización a México en 1998, y está integrada por más de 200 personas de alrededor de 12 países.
En las conclusiones y recomendaciones del informe, derivadas de su sexta visita a México en febrero de este año y producto de 275 entrevistas a 612 personas la CCIODH, se responsabiliza al panista Felipe Calderón de violaciones a los derechos humanos y de falta de respuestas concretas.
En el documento, se denuncian que no hay avances sustanciales en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, donde lejos de tomarse medidas para frenar las violaciones de derechos humanos, éstas continúan, pues no se toman medidas serias contra los principales responsables ni respecto a las razones que han originado los conflictos.
Durante 2007, señala el informe, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia.
Como en informes anteriores se reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.
También destaca “la apuesta” de Calderón de utilizar al Ejército mexicano en su “estrategia” para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en el control de fronteras, así como la presencia de grupos paramilitares y parapoliciales en comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.
La CCIODH ha señalado que resulta preocupante que se continúe tratando de “justificar” la presencia del Ejército bajo el argumento de los conflictos intercomunitarios, como ocurrió con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas 47 personas, en su mayoría mujeres y niñas.
El informe critica las reformas al sistema de justicia penal impulsadas por el gobierno de Calderón, ya que señala “suponen la legalización” de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, pero en especial manifiesta su preocupación por el delito de “instigación a la violencia”.
Como parte de las recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y nombramiento así como el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.
Finalmente, pide las siguientes reparaciones: moral, emocional de las personas afectadas, del daño comunitario, económico, legal, social e histórico en nuestro país.
08/LGL/CV
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 22 mayo 08 (CIMAC).- Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como “extremadamente crítica”.
El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la “guerra sucia” de la década de los setenta.
Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión, instancia que surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal, en Chiapas, reconoció que pese a “avances” como la excarcelación de las y los presos de Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas no han sido suficientes.
Para el activista, el hecho de que no haya procesados (responsables) en los casos de las 26 violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en 2006, por policías de los tres órdenes de gobierno y en los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano para con los derechos humanos.
“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, aseveró.
Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.
“Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos”, enfatizó.
Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.
Al preguntarle acerca del alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas en los anteriores informes, los cuales no han sido considerados a “profundidad” por el gobierno federal, enfatizó.
El sexto informe de la CCIODH, presentado hoy a los medios de comunicación, será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los gobiernos estatales de Chiapas y Estado de México.
EL INFORME
La CCIODH surgió en 1997 a raíz de los acontecimientos de Acteal en Chiapas, que originaron la primer visita de esta organización a México en 1998, y está integrada por más de 200 personas de alrededor de 12 países.
En las conclusiones y recomendaciones del informe, derivadas de su sexta visita a México en febrero de este año y producto de 275 entrevistas a 612 personas la CCIODH, se responsabiliza al panista Felipe Calderón de violaciones a los derechos humanos y de falta de respuestas concretas.
En el documento, se denuncian que no hay avances sustanciales en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, donde lejos de tomarse medidas para frenar las violaciones de derechos humanos, éstas continúan, pues no se toman medidas serias contra los principales responsables ni respecto a las razones que han originado los conflictos.
Durante 2007, señala el informe, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia.
Como en informes anteriores se reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.
También destaca “la apuesta” de Calderón de utilizar al Ejército mexicano en su “estrategia” para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en el control de fronteras, así como la presencia de grupos paramilitares y parapoliciales en comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.
La CCIODH ha señalado que resulta preocupante que se continúe tratando de “justificar” la presencia del Ejército bajo el argumento de los conflictos intercomunitarios, como ocurrió con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas 47 personas, en su mayoría mujeres y niñas.
El informe critica las reformas al sistema de justicia penal impulsadas por el gobierno de Calderón, ya que señala “suponen la legalización” de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, pero en especial manifiesta su preocupación por el delito de “instigación a la violencia”.
Como parte de las recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y nombramiento así como el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.
Finalmente, pide las siguientes reparaciones: moral, emocional de las personas afectadas, del daño comunitario, económico, legal, social e histórico en nuestro país.
08/LGL/CV
