Legisladoras pedirán información sobre caso Atenco
Por Sara Lovera
México DF, 13 mayo 08 (CIMAC/SEMlac).- La negativa del Gobierno mexicano a dar respuesta a la petición del juez Fernando Grande Malaska, en torno a denuncias de tortura formuladas por la joven catalana Cristina Valls, ratifica la total indiferencia de este país para atender los casos de violaciones a los derechos humanos.
Grande Malaska examina la querella interpuesta por Valls, desde el 25 de enero pasado, en la cual solicita acusar al gobierno de México por tortura.
Antes de aceptarla, el juez pidió al gobierno mexicano conocer si existe proceso por los hechos de Atenco de 2006, en qué estado se encuentra, si existen denuncias de violación-tortura y si Valls puede hacer la denuncia en México. También indaga acerca de las garantías, ya que la joven fue expulsada y se le prohibió regresar a territorio mexicano hasta 2011.
Desde el envío de esa petición, llamada comisión rogatoria, han pasado más de dos meses y no hay respuesta. El juez ha querido asegurarse y consultar al Gobierno mexicano, pero es un hecho que no hay información, según la denuncia hecha pública por Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide, grupo que representa a la joven.
La acusación de Cristina Valls es contra 140 funcionarios y policías, de acuerdo con los informes de una misión especial de España, encabezada por Waisman, quien ya solicitó la intervención del Congreso mexicano en el caso.
Por su parte, la presidenta del órgano legislativo, Ruth Zavaleta, y las diputadas Claudia Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, y Marina Arvizu, del Partido Alternativa Social Demócrata, adelantaron que pedirán la formación de una comisión especial que aclare las demandas de las mujeres violentadas en los hechos de Atenco y anunciaron que recibirán a la abogada Waisman.
La letrada llegó al país con una misión especial para informar en México sobre la querella interpuesta en enero pasado y dijo que existen suficientes elementos y jurisprudencia internacional para sentenciar a las autoridades mexicanas por tortura.
La misión también pedirá información a la Procuraduría General de la República y se entrevistará, antes del 18 de mayo, con organismos de derechos humanos y grupos sociales.
Waisman explicó a SEMlac que cuenta con amplia documentación, lo que ha hecho posible que la Audiencia Nacional de España intervenga, porque Cristina Valls y otras más de 20 mujeres fueron violadas en mayo de 2006, en una intervención policíaca en Atenco, Estado de México, y luego deportada ilegalmente a España.
Estos sucesos motivaron la presentación de esta querella -cuya copia obtuvo SEMlac- ante la Audiencia Nacional. En el documento se lee que la intervención policíaca y su procedimiento no reunieron los mínimos requisitos legales exigibles.
Agrega que los hechos ocurridos se ajustan a la definición de tortura que establece la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que España ha firmado y ratificado.
La querella también establece las violaciones por la deportación ilegal de Cristina Valls, aquel 4 de mayo de 2006, junto con otras cuatro personas extranjeras: una chilena, otra española y dos alemanas.
NUEVAS DENUNCIAS
El 29 de abril último se hizo otra denuncia, esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formulada por 11 mujeres víctimas de tortura durante los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. La petición fue acompañada por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro" (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Luis Arriga, director del Centro Prodh, dijo a SEMlac que la denuncia se basa en la ineficacia de las instancias nacionales, ya que no se han establecido responsabilidades, no hay detenidos, no existe proceso o curso a las investigaciones y, por tanto, no hay justicia.
Las peticionarias, buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó sus derechos humanos y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura, explicó.
ALGUNOS HECHOS
La incursión de policías federales, estatales y municipales a San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, según testimonios, documentos y denuncias, dejó un saldo alto de violaciones a los derechos humanos.
El pretexto sería el rescate de algunos elementos de las corporaciones estatales y federales que estaban retenidos por los pobladores. Pero el supuesto rescate incluyó el arresto de centenares de personas, miembros de diversas organizaciones, grupos y colectivos sociales y políticos, así como trabajadores de medios libres, alternativos e independientes de comunicación.
La madrugada del día 4, unos 2 mil agentes tomaron el pueblo, agredieron a todo el que se encontraba por la calle, allanaron casas sin orden judicial y detuvieron a 207 personas, 47 de ellas mujeres.
Veintiséis de las 47 mujeres detenidas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas al penal de Santiaguito, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México.
La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, inició de oficio una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos cometidos en contra de algunas mujeres.
Sin embargo, desde el día de los hechos no se hizo nada. Las víctimas acudieron a todas las audiencia, declararon, mostraron pruebas, se sometieron a exámenes médicos y ratificaron sus declaraciones.
El 25 de enero de 2008, Cristina Valls presentó su querella ante la Audiencia Nacional española. Denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país, debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece, en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.
LA IMPUNIDAD
Tanto para Cristina Valls, como para Cejil, Centro Pro y Amnistía internacional (AI) --que se sumó a las acciones internacionales para lograr justicia en el caso--, es preocupante que, a dos años no existan resultados y las víctimas continúen en espera de la atención y el apoyo garantizados por la Constitución Mexicana.
El material probatorio ante la CIDH consiste de 20 anexos que incluyen los peritajes del Manual para la investigación y documentación eficaces de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados por la Comisión Nacional de la Tortura y la Impunidad y la Procuraduría General de la República (sólo dos), los cuales dieron resultados positivos en cuanto a la existencia de actos de tortura.
Una primera conclusión de todos los documentos, según la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano, indica que en Atenco se dio la tortura sistemática de un grupo identificado por los policías como "subversivo".
Las mujeres fueron abusadas no sólo individualmente, sino también como grupo, fueron tratadas como objetos, como botín de guerra; hombres y mujeres fueron identificados por el Estado como enemigos y no como ciudadanos, indicó.
La persistencia de las dificultades para acceder a la justicia y el hecho de que los casos de violaciones a derechos humanos no sean considerados con la prioridad que requieren, hace necesario seguir buscando caminos que hagan posible la justicia para las víctimas.
08/SL/GG
Por Sara Lovera
México DF, 13 mayo 08 (CIMAC/SEMlac).- La negativa del Gobierno mexicano a dar respuesta a la petición del juez Fernando Grande Malaska, en torno a denuncias de tortura formuladas por la joven catalana Cristina Valls, ratifica la total indiferencia de este país para atender los casos de violaciones a los derechos humanos.
Grande Malaska examina la querella interpuesta por Valls, desde el 25 de enero pasado, en la cual solicita acusar al gobierno de México por tortura.
Antes de aceptarla, el juez pidió al gobierno mexicano conocer si existe proceso por los hechos de Atenco de 2006, en qué estado se encuentra, si existen denuncias de violación-tortura y si Valls puede hacer la denuncia en México. También indaga acerca de las garantías, ya que la joven fue expulsada y se le prohibió regresar a territorio mexicano hasta 2011.
Desde el envío de esa petición, llamada comisión rogatoria, han pasado más de dos meses y no hay respuesta. El juez ha querido asegurarse y consultar al Gobierno mexicano, pero es un hecho que no hay información, según la denuncia hecha pública por Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide, grupo que representa a la joven.
La acusación de Cristina Valls es contra 140 funcionarios y policías, de acuerdo con los informes de una misión especial de España, encabezada por Waisman, quien ya solicitó la intervención del Congreso mexicano en el caso.
Por su parte, la presidenta del órgano legislativo, Ruth Zavaleta, y las diputadas Claudia Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, y Marina Arvizu, del Partido Alternativa Social Demócrata, adelantaron que pedirán la formación de una comisión especial que aclare las demandas de las mujeres violentadas en los hechos de Atenco y anunciaron que recibirán a la abogada Waisman.
La letrada llegó al país con una misión especial para informar en México sobre la querella interpuesta en enero pasado y dijo que existen suficientes elementos y jurisprudencia internacional para sentenciar a las autoridades mexicanas por tortura.
La misión también pedirá información a la Procuraduría General de la República y se entrevistará, antes del 18 de mayo, con organismos de derechos humanos y grupos sociales.
Waisman explicó a SEMlac que cuenta con amplia documentación, lo que ha hecho posible que la Audiencia Nacional de España intervenga, porque Cristina Valls y otras más de 20 mujeres fueron violadas en mayo de 2006, en una intervención policíaca en Atenco, Estado de México, y luego deportada ilegalmente a España.
Estos sucesos motivaron la presentación de esta querella -cuya copia obtuvo SEMlac- ante la Audiencia Nacional. En el documento se lee que la intervención policíaca y su procedimiento no reunieron los mínimos requisitos legales exigibles.
Agrega que los hechos ocurridos se ajustan a la definición de tortura que establece la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que España ha firmado y ratificado.
La querella también establece las violaciones por la deportación ilegal de Cristina Valls, aquel 4 de mayo de 2006, junto con otras cuatro personas extranjeras: una chilena, otra española y dos alemanas.
NUEVAS DENUNCIAS
El 29 de abril último se hizo otra denuncia, esta vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formulada por 11 mujeres víctimas de tortura durante los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. La petición fue acompañada por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro" (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Luis Arriga, director del Centro Prodh, dijo a SEMlac que la denuncia se basa en la ineficacia de las instancias nacionales, ya que no se han establecido responsabilidades, no hay detenidos, no existe proceso o curso a las investigaciones y, por tanto, no hay justicia.
Las peticionarias, buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó sus derechos humanos y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura, explicó.
ALGUNOS HECHOS
La incursión de policías federales, estatales y municipales a San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, según testimonios, documentos y denuncias, dejó un saldo alto de violaciones a los derechos humanos.
El pretexto sería el rescate de algunos elementos de las corporaciones estatales y federales que estaban retenidos por los pobladores. Pero el supuesto rescate incluyó el arresto de centenares de personas, miembros de diversas organizaciones, grupos y colectivos sociales y políticos, así como trabajadores de medios libres, alternativos e independientes de comunicación.
La madrugada del día 4, unos 2 mil agentes tomaron el pueblo, agredieron a todo el que se encontraba por la calle, allanaron casas sin orden judicial y detuvieron a 207 personas, 47 de ellas mujeres.
Veintiséis de las 47 mujeres detenidas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas al penal de Santiaguito, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México.
La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, inició de oficio una investigación contra quienes resultasen responsables de los delitos cometidos en contra de algunas mujeres.
Sin embargo, desde el día de los hechos no se hizo nada. Las víctimas acudieron a todas las audiencia, declararon, mostraron pruebas, se sometieron a exámenes médicos y ratificaron sus declaraciones.
El 25 de enero de 2008, Cristina Valls presentó su querella ante la Audiencia Nacional española. Denunció hechos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de aquel país, debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece, en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional.
LA IMPUNIDAD
Tanto para Cristina Valls, como para Cejil, Centro Pro y Amnistía internacional (AI) --que se sumó a las acciones internacionales para lograr justicia en el caso--, es preocupante que, a dos años no existan resultados y las víctimas continúen en espera de la atención y el apoyo garantizados por la Constitución Mexicana.
El material probatorio ante la CIDH consiste de 20 anexos que incluyen los peritajes del Manual para la investigación y documentación eficaces de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados por la Comisión Nacional de la Tortura y la Impunidad y la Procuraduría General de la República (sólo dos), los cuales dieron resultados positivos en cuanto a la existencia de actos de tortura.
Una primera conclusión de todos los documentos, según la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano, indica que en Atenco se dio la tortura sistemática de un grupo identificado por los policías como "subversivo".
Las mujeres fueron abusadas no sólo individualmente, sino también como grupo, fueron tratadas como objetos, como botín de guerra; hombres y mujeres fueron identificados por el Estado como enemigos y no como ciudadanos, indicó.
La persistencia de las dificultades para acceder a la justicia y el hecho de que los casos de violaciones a derechos humanos no sean considerados con la prioridad que requieren, hace necesario seguir buscando caminos que hagan posible la justicia para las víctimas.
08/SL/GG
