Exigen a la CNDH medidas cautelares
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 6 mayo 08 (CIMAC).- A dos años de los operativos policíacos en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, los agravios para las mujeres violadas por policías no cesan: el Ejecutivo estatal quitó del Código Penal, ignorando la Constitución local, la modalidad de violación por vía oral; un policía que cometió este delito recibió una tenue sentencia que lo dejará libre bajo fianza y las víctimas reciben nuevamente intimidatorias llamadas telefónicas anónimas.
Por ello, este día la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Marisela Contreras Julián, exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dicte las medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad e integridad física y psicológica de las mujeres que fueron abusadas sexualmente (torturadas) en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
De no hacerlo, advirtió la legisladora perredista, “se agravaría aún más la situación de impunidad y la falta de justicia en estos lamentables hechos”.
La semana anterior en conferencia de prensa, un grupo de 7 mujeres que denunciaron ante la Fiscalía Especial para delitos violentos contra mujeres y trata de personas (Fevimtra) haber sido violadas por policías, afirmaron haber sido intimidadas a través de llamadas telefónicas y mensajes vía celular preguntando por otras de sus compañeras denunciantes.
VIOLACIÓN Y “SENTENCIA”
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo un llamado hoy para que la Fevimtra atraiga las investigaciones del caso Atenco realizadas en el Estado de México, luego de la “sentencia” dictada en esta entidad contra uno de los policías estatales, que deja en la impunidad las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres.
En un comunicado, el Prodh, que recientemente presentó una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó la “sentencia” emitida el viernes 2 de mayo, por el Juez primero de lo penal en Tenango del Valle, Estado de México, al policía estatal Doroteo Blas Marcelo, quien durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 obligó a una de las mujeres detenidas a realizarle sexo oral.
El policía, identificado plenamente por su víctima, quien ratificó la denuncia por violación ante la Fevimtra, fue juzgado por “actos libidinosos” y “sentenciado” a tres años y dos meses de prisión, pero, con una fianza de 8 mil 427 pesos, será libre.
El Prodh acusó al Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Enrique Peña Nieto, de violar la Constitución Política al publicar en la Gaceta oficial de la entidad una fe de erratas para quitar del Código Penal la palabra “oral” (modificación hecha al Código en 2004 por el Congreso mexiquense que incluía en el delito de violación la penetración por la vía oral).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala el Prodh, ha dicho que una fe de erratas que tiene los efectos de modificar una ley resulta violatoria de la Constitución “pues viola la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal por no agotar las etapas relativas a la creación, modificación o reforma de leyes prevista en los procesos legislativos de cada estado”. Máxime, destaca, cuando cambia el sentido de un tipo penal.
El organismo de defensa de derechos humanos lamentó que pese a los múltiples llamados al Estado mexicano hechos por diversas instancias internacionales y organizaciones del mundo para exigir justicia a las 26 mujeres violadas sexualmente por los policías durante los operativos, la impunidad prevalezca.
Asimismo, lamentó que las sentencias emitidas por el Estado de México demuestren que las instancias de procuración y administración de justicia carezcan de imparcialidad e independencia y estén bajo “el ámbito de control del poder Ejecutivo”.
DOCUMENTAL DE MUJERES DE ATENCO
Como un acto de protesta, más que de conmemoración, hoy se presentó el documental realizado por el Prodh “Llamado urgente por la justicia, la voz de las mujeres de Atenco”, con los testimonios de las mujeres que, cansadas de buscar la justicia en nuestro país, decidieron recurrir a instancias internacionales.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 6 mayo 08 (CIMAC).- A dos años de los operativos policíacos en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, los agravios para las mujeres violadas por policías no cesan: el Ejecutivo estatal quitó del Código Penal, ignorando la Constitución local, la modalidad de violación por vía oral; un policía que cometió este delito recibió una tenue sentencia que lo dejará libre bajo fianza y las víctimas reciben nuevamente intimidatorias llamadas telefónicas anónimas.
Por ello, este día la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Marisela Contreras Julián, exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dicte las medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad e integridad física y psicológica de las mujeres que fueron abusadas sexualmente (torturadas) en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
De no hacerlo, advirtió la legisladora perredista, “se agravaría aún más la situación de impunidad y la falta de justicia en estos lamentables hechos”.
La semana anterior en conferencia de prensa, un grupo de 7 mujeres que denunciaron ante la Fiscalía Especial para delitos violentos contra mujeres y trata de personas (Fevimtra) haber sido violadas por policías, afirmaron haber sido intimidadas a través de llamadas telefónicas y mensajes vía celular preguntando por otras de sus compañeras denunciantes.
VIOLACIÓN Y “SENTENCIA”
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo un llamado hoy para que la Fevimtra atraiga las investigaciones del caso Atenco realizadas en el Estado de México, luego de la “sentencia” dictada en esta entidad contra uno de los policías estatales, que deja en la impunidad las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres.
En un comunicado, el Prodh, que recientemente presentó una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentó la “sentencia” emitida el viernes 2 de mayo, por el Juez primero de lo penal en Tenango del Valle, Estado de México, al policía estatal Doroteo Blas Marcelo, quien durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 obligó a una de las mujeres detenidas a realizarle sexo oral.
El policía, identificado plenamente por su víctima, quien ratificó la denuncia por violación ante la Fevimtra, fue juzgado por “actos libidinosos” y “sentenciado” a tres años y dos meses de prisión, pero, con una fianza de 8 mil 427 pesos, será libre.
El Prodh acusó al Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Enrique Peña Nieto, de violar la Constitución Política al publicar en la Gaceta oficial de la entidad una fe de erratas para quitar del Código Penal la palabra “oral” (modificación hecha al Código en 2004 por el Congreso mexiquense que incluía en el delito de violación la penetración por la vía oral).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala el Prodh, ha dicho que una fe de erratas que tiene los efectos de modificar una ley resulta violatoria de la Constitución “pues viola la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal por no agotar las etapas relativas a la creación, modificación o reforma de leyes prevista en los procesos legislativos de cada estado”. Máxime, destaca, cuando cambia el sentido de un tipo penal.
El organismo de defensa de derechos humanos lamentó que pese a los múltiples llamados al Estado mexicano hechos por diversas instancias internacionales y organizaciones del mundo para exigir justicia a las 26 mujeres violadas sexualmente por los policías durante los operativos, la impunidad prevalezca.
Asimismo, lamentó que las sentencias emitidas por el Estado de México demuestren que las instancias de procuración y administración de justicia carezcan de imparcialidad e independencia y estén bajo “el ámbito de control del poder Ejecutivo”.
DOCUMENTAL DE MUJERES DE ATENCO
Como un acto de protesta, más que de conmemoración, hoy se presentó el documental realizado por el Prodh “Llamado urgente por la justicia, la voz de las mujeres de Atenco”, con los testimonios de las mujeres que, cansadas de buscar la justicia en nuestro país, decidieron recurrir a instancias internacionales.
08/LGL/GG
