Magdalena Gómez
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez está presentando un video donde consigna la voz de nueve valerosas mujeres que formaron parte de las múltiples víctimas de la incursión policiaca en Atenco. Los testimonios son pruebas indudables de la brutalidad y se suman a la larga cadena de denuncias sobre la impunidad que rodea estos ominosos hechos, frente a los cuales se ha practicado la política muy salinista de “ni los veo ni los oigo”. Es claro que pretendieron desarticular y para ello criminalizaron al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Por ello Amnistía Internacional ha optado por exigir a las autoridades mexicanas justicia para las mujeres violadas sexualmente por policías, impulsando una campaña desde diversos países; el propio Centro Pro presentó en días pasados una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tortura física, sicológica y violencia sexual de la que responsabiliza al Estado mexicano, pues en conjunto ninguna de sus instancias y niveles han garantizado la justicia pronta y expedita.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez está presentando un video donde consigna la voz de nueve valerosas mujeres que formaron parte de las múltiples víctimas de la incursión policiaca en Atenco. Los testimonios son pruebas indudables de la brutalidad y se suman a la larga cadena de denuncias sobre la impunidad que rodea estos ominosos hechos, frente a los cuales se ha practicado la política muy salinista de “ni los veo ni los oigo”. Es claro que pretendieron desarticular y para ello criminalizaron al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Por ello Amnistía Internacional ha optado por exigir a las autoridades mexicanas justicia para las mujeres violadas sexualmente por policías, impulsando una campaña desde diversos países; el propio Centro Pro presentó en días pasados una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tortura física, sicológica y violencia sexual de la que responsabiliza al Estado mexicano, pues en conjunto ninguna de sus instancias y niveles han garantizado la justicia pronta y expedita.
Es de reconocerse el valor de los testimonios contenidos en el video referido arriba; de ellos la CIDH podrá extraer importantes elementos para la investigación y análisis sobre el caso y para las interrogantes que habrá de plantear al Estado y a las instancias responsables en los distintos niveles.
Las mujeres, por parte, exigen justicia y reparación integral del daño por las distintas violaciones que sufrieron a bordo de los camiones de la policía del estado de México durante el trayecto de seis horas desde su detención en el centro de Atenco hasta su llegada al penal de Santiaguito. Lo aberrante es que se ha solicitado a las víctimas que reconozcan a sus agresores, lo cual es absurdo, pues las llevaban con el rostro tapado con su propia ropa y las golpeaban cada vez que intentaron verlos.
La exigencia de justicia se ha presentado en diversos ámbitos. El 25 de enero de este año la ciudadana española Cristina Valls presentó una querella con Women’s Link Worldwide en la Audiencia Nacional Española por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Se denunció tortura, incluida la violación y el abuso sexual.
Sólo una mirada a los saldos de estos dos años puede indicar a la CIDH las nulas garantías internas: están en proceso las denuncias de 14 mujeres ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM), once de las cuales fueron enviadas a la CIDH. Hay 23 casos por violencia sexual en el estado de México, los cuales fueron investigados y respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A la fecha ningún policía ha sido sentenciado y un total de 21 fueron consignados por abuso de autoridad y actos libidinosos, no por tortura ni violación sexual; de ellos, 15 ya fueron exonerados y sólo seis enfrentan procesos.
Lentamente, y gracias al eficaz trabajo de los abogados, fueron liberados 10 presos de la cárcel de Molino de Flores ante la probada ausencia de suficiencia en los cargos. El 10 de abril, 53 de las 167 personas que se encontraban en libertad bajo caución y con un proceso abierto ganaron un amparo. Aún están presas 16 personas: 13 en la cárcel de Molino de Flores y tres más en la cárcel subterránea de máxima seguridad La Palma; entre éstas últimas figura el líder histórico Ignacio Del Valle.
Como sabemos, el alfabeto de la injusticia no se agota en la “A”: también en Chihuahua, en Guerrero y en Oaxaca hay múltiples casos de mujeres en espera de una reparación integral del daño que el Estado les ha causado, por acción u omisión.
Me detengo en la región de San Juan Copala, donde las hermanas Virginia y Daniela Ortiz, de 20 y 14 años de edad, respectivamente, están desaparecidas desde junio de 2007. De igual forma, se espera castigo a los responsables del reciente asesinato de las jóvenes Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes trabajaban de locutoras y comentaristas de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio.
Cada día es más que evidente cómo la ilegitimidad del actual gobierno se manifiesta de manera fehaciente en las situaciones graves de violación a derechos humanos. Su déficit original le impide vincularse con la noción de justicia porque habría que sancionar a los responsables y éstos forman parte de la red de facturas a cubrir a cambio de las complicidades que se tejieron en 2006. Al parecer están por retirar al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos en México (El País, 5/5/08), pues al calderonismo le provoca urticaria su actividad consecuente en torno al respeto a los derechos humanos universales.
Como vemos, la agenda es muy amplia; por fortuna los defensores de derechos humanos continúan su tenaz y comprometida labor, sabedores de que México no será democrático mientras se respire un clima de impunidad.
