Civiles se quejan de la dilación en procesos por ultrajes
Ma. Teresa Montaño
El Universal
Lunes 05 de mayo de 2008
TOLUCA, Méx.— A 730 días de la violenta incursión de fuerzas policiacas a los poblados de Atenco y Texcoco, ninguna de las casi 40 violaciones sexuales cometidas por policías mexiquenses ha sido sancionada, mientras que otros delitos relacionados con el allanamiento ilegal de cientos de viviendas, lesiones, injurias, robos, despojos y dos homicidios cometidos por los uniformados, continúan impunes.
A la fecha, sólo uno de los 2 mil 600 policías estatales que participaron en la jornada, coordinada desde el aire por helicópteros de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), ha sido procesado y sentenciado a tres años y seis meses de prisión por “actos libidinosos”, en tanto que ninguno de los altos mandos del gobierno estatal responsables de ordenar y coordinar las acciones contra la población, ha sido sometido a juicio, como lo demandan las víctimas.
En contraparte, de las casi 200 personas que fueron detenidas el día de los hechos —de las cuales al menos la mitad fueron sometidas dentro de sus hogares o mientras se encontraban en tránsito—, cuando menos 176 fueron sujetas a diversos procesos por delitos como secuestro equiparado y delincuencia organizada —del que fueron exoneradas más tarde—, así como por ataques a las vías de comunicación.
Abogados y víctimas de la represión policiaca coincidieron en entrevistas por separado que el gobierno de Enrique Peña Nieto “ha hecho hasta lo imposible” por proteger a los verdaderos responsables y “disfrazar” la verdad, ya que él mismo es directamente responsable de las operaciones orquestadas en mayo de 2006.
Un informe de la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno indica que 25 agentes de la ASE y tres mandos medios han sido sancionados por abuso de autoridad y que en cinco casos se procedió a la destitución.
Actualmente, la Audiencia Nacional Española analiza la denuncia presentada por la ciudadana de ese país Cristina Valls, en contra de 140 policías mexiquenses y federales por violación y tortura en su detención ilegal en Atenco.
Sin embargo en el caso de la justicia estatal, únicamente el policía Doroteo Blas Marcelo recibió una sentencia, el viernes pasado, de tres años y seis meses de prisión.
Abogados defensores de las más de 100 personas que estuvieron sujetas a proceso, entre ellos Bárbara Zamora y Juan de Dios Castro, destacaron la dilación con la que se han llevado los procesos y la impunidad que priva en torno a las violaciones denunciadas por las mujeres durante su traslado al penal de Almoloyita.
Por su parte, la organización Mujeres sin Miedo, que encabeza Ofelia Medina, insistió en que el gobierno de Peña Nieto debe dar una disculpa pública por su responsabilidad en esos hechos, así como atender las denuncias de violación de 40 mujeres detenidas y cuyas agresiones se registraron en el traslado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La organización también reiteró su respaldo a Valls para que su denuncia en España sea atendida.
