■ El gobierno federal es plenamente responsable de la crisis, dice en un informe
■ Los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, reflejos de la tolerancia a los abusos de autoridades
■ Los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, reflejos de la tolerancia a los abusos de autoridades
Emir Olivares Alonso
Miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, durante el informe que brindaron sobre su sexta visita a México Foto: Humberto González
La situación de las garantías básicas en México “es extremadamente crítica”, independientemente del ámbito al que afecten la magnitud de las vulneraciones, y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en “plenamente responsable” de esas violaciones, asegura la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).
Al presentar su informe final sobre su sexta visita a México –que realizó del 30 de enero al 20 de febrero de 2008 y en los que analizó los casos de Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco– la organización internacional, conformada por activistas de varios países, sobre todo de Europa, concluye que la impunidad y la falta de justicia son constantes y no existe voluntad para corregir esos errores por parte de las autoridades, por lo que ellas son “la principal causa de que los abusos de poder se generalicen”.
La organización no gubernamental afirma que se comprobó que durante la actual administración federal “no se ha a avanzado sustancialmente” en las recomendaciones que sobre esos tres casos emitió en su debido momento; además de que se siguen produciendo nuevas violaciones a las garantías fundamentales.
“Más allá de declaraciones, intenciones y de determinados gestos diplomáticos, la CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”.
Considera que Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican un patrón de comportamiento continuado y común en las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que “puede ser entendido como una auténtica política de Estado” con el objetivo de debilitar el tejido social.
Una de las prácticas más comunes, asegura, son las detenciones arbitrarias de los miembros de movimientos sociales, quienes habitualmente son “sometidos a tortura y malos tratos”. Señala que para justificar las aprehensiones se falsifican pruebas de delitos como sedición, ataques a las vías de comunicación, secuestro, asociación delictuosa, e inclusive robo, agresiones sexuales y homicidio.
“La lógica de estos mecanismos es la de criminalizar a los miembros de movimientos sociales, evitando además que puedan ser considerados presos políticos”.
En torno a Atenco, considera que “la impunidad ampara a los responsables de torturas y abusos sexuales, siendo necesario recordar el especial ensañamiento y brutalidad contra las mujeres detenidas”.
Sobre Oaxaca concluye que la situación de las garantías fundamentales en la entidad se caracteriza por tres factores “de extrema gravedad”: ausencia de respuesta política y jurídica a las graves violaciones a derechos humanos en el marco de la represión de 2006; continuidad en el hostigamiento contra integrantes de la APPO; y la “sofisticación” de las tácticas de hostigamiento sobre los movimientos sociales.
En torno a la matanza de Acteal, Chiapas –hechos que originaron la primer visita de la comisión al país hace diez años– afirma que la impunidad continúa y que la creación por parte del gobierno estatal de una fiscalía especial para el caso “no ha logrado ningún avance significativo al respecto”. Además, la situación del estado “sigue marcada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión”.
