Pese a la Corte, los Benhumea buscarán que se haga justicia

■ Omite el tribunal testimonios de familias de asesinados en Atenco
■ Afirman que recurrirán a instancias internacionales y a movilizaciones

Blanche Petrich

La familia de Ollin Alexis Benhumea, el estudiante de 20 años que murió como consecuencia del ataque policiaco contra el pueblo de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, esperaron desde febrero de 2007 a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los contactara para que rindieran su testimonio sobre los hechos que provocaron esa pérdida. Catorce meses después, saben que la espera fue inútil.

La comisión investigadora de la SCJN entrevistó a 10 altos funcionarios de los gobiernos del estado de México y federal que intervinieron en Atenco; a 227 agentes y mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia de Seguridad Estatal (ASE), policías municipales y ministeriales (de los casi 2 mil elementos que participaron) y a agentes de Migración. También hablaron con 45 de las más de 200 personas detenidas en los operativos de mayo de 2006.

Pero no hablaron con los familiares de las dos bajas mortales de la acción policiaca, Francisco Javier Cortés, adolescente de 14 años, vecino de Atenco y Alexis Benhumea, estudiante de economía y matemáticas de la UNAM.

“Nadie se acercó a nosotros. Ahora que se anuncia que la Corte está próxima a emitir su resolución, no sabemos en qué términos viene el informe de la comisión investigadora. Jamás se solicitó nuestra versión. Tememos que al final, los ministros simplemente le den una cobertura legal a la impunidad”, señala en entrevista Miguel Ángel Benhumea Hernández.

El hermano mayor de Alexis siguió paso a paso la evolución de la intervención de la SCJN en el caso Atenco, desde que el 6 de febrero de 2007 este órgano jurisdiccional decidió tomar cartas en el asunto. “Al principio apoyamos esa decisión, porque nunca creímos en la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, juez y partícipe de la agresión.”

Alexis Benhumea acudió a San Salvador Atenco, con su padre y su hermano, como parte de los activistas de la otra campaña que habían decidido hacer presencia en Atenco en solidaridad con sus pobladores. Los tres Benhumea –todos ligados a la UNAM– tomaban su lugar en las vallas que pretendían cerrarle el paso a las pesadas columnas de la Policía Federal Preventiva (bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora) y de la Agencia de Seguridad Estatal (que comandaba Wilfrido Robledo). Minutos después de que empezaran a avanzar la PFP, lanzando gases lacrimógenos, uno de los proyectiles, recubiertos de aluminio, pegó en la cabeza de Alexis. En una entrevista anterior, su padre recordaba: “Disparaban a matar. A Alexis lo levantamos y pudo dar unos pasos. Pedía sus lentes. Lo cargamos y corrimos para alejarnos del avance de miles de granaderos. Nos refugiamos en una casa”.

El resto de ese día, la PFP y la judicial mexiquense sometieron violentamente a los atenquenses, catearon casas, golpearon civiles y arrestaron a centenares de personas, con exceso de violencia. En las horas siguientes la condición de Alexis se fue deteriorando. Tenía masa encefálica expuesta. Empezó a convulsionar. El médico que estaba entre ellos decidió salir a buscar una ambulancia. Era el doctor Guillermo Selvas. En el camino fue arrestado. Fue hasta el día siguiente cuando pudieron trasladar al herido al hospital del IMSS de la calzada Ignacio Zaragoza. Ya estaba en coma. Nunca se recuperó. Murió el 7 de junio.

La familia Benhumea interpuso una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. “Pero la procuraduría mexiquense atrajo el expediente y optamos por no acudir a los interrogatorios. ¿Para qué?,” pregunta Miguel Benhumea. “Nos estaban hostigando. Además, los responsables eran sus jefes”.

Un año después, el entonces procurador estatal, Abel Villicaña –el mismo que calificó como leves los delitos de violación contra 47 mujeres por parte de los policías de la ASE y que pidió una sentencia “más severa” que los 67 años de cárcel impuestos contra los líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra– declaró que no se había determinado el origen de la lesión de Alexis, que pudo ser una cápsula de gas “o un tubo o una piedra”. La investigación no avanzó.

En opinión de Miguel Benhumea hay suficientes elementos para determinar la responsabilidad de los entonces comandantes del operativo, el ex secretario de Seguridad Pública Medina Mora y Wilfrido Robledo. “El reporte médico del hospital regional Zaragoza y el peritaje de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que la fractura múltiple de cráneo fue provocada por un proyectil de gas. Además, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, reportó que las investigaciones realizadas por grupos no gubernamentales arrojaban datos suficientes para consignar a funcionarios de alto nivel por abuso de fuerza.

“Por eso recurrimos a la Corte, que tiene la facultad de intervenir en asuntos de extrema gravedad”, señala.

“Simplemente la lectura de la resolución 38/2006 de la CNDH y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos darán una idea clara a los ministros de que la policía mexiquense echó a la basura todo el Código Penal del estado de México y parte del federal”.

Con el paso de los meses el hermano de Alexis empezó a dudar de los alcances de la Corte. “Después de la ponencia de Góngora, en la que dijo que sí hubo violaciones graves, la Corte autolimitó el alcance de su investigación al decidir que su fallo no fuera vinculatorio”. El otro factor de duda es el origen de los dos magistrados investigadores. Jorge Pardo Rebolledo fue nombrado por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Alejandro González Bernabé por el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Concluye el hermano de Alexis: “Independientemente de lo que diga la Corte, nosotros vamos a seguir luchando porque se haga justicia. Nos queda la movilización social y las instancias internacionales”.