Jesús Aranda
Después de que la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Atenco entrevistó a 301 personas, de las cuales 228 eran policías, diez altos funcionarios federales y del estado de México, nueve agentes de Migración, además de 19 atenquenses que obtuvieron su libertad, 26 que permanecen recluidos y nueve personas más, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo tiene elementos suficientes para determinar que sí hubo violación grave de garantías y uso excesivo de la fuerza pública, confiaron fuentes del máximo tribunal.
Sin embargo, existen dudas sobre el alcance del informe que entregará el ministro respecto de la posible responsabilidad de dos funcionarios de primer nivel que siguen en activo: el gobernador Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Por primera vez la Corte defina los alcances de la fuerza pública cuando ésta sea utilizada para contener acciones de grupos sociales y esté en riesgo la paz.
El análisis también tendrá que ver con las acciones que en su momento adoptaron las autoridades federales, estatales y municipales, y determinar si estuvieron a la altura y realizaron acciones necesarias para evitar la confrontación y la violencia policiaca excesiva contra pobladores y los detenidos durante su traslado al penal de Santiaguito.
Límites al uso de la fuerza pública
En este contexto, los magistrados estudiaron el uso de la fuerza pública desde el punto de vista de la legislación nacional e internacional, y llegaron a la conclusión que los principios que la rigen son: legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, racionalidad, necesidad de proporcionalidad, diferenciación, no discriminación, oportunidad, prevención, preservación de la vida e integridad física, uso excepcional y extremo de las armas de fuego, y capacitación.
También la comisión analizó a los dos actores principales de los hechos: las corporaciones policiacas, “sus virtudes y deficiencias”, y el FPDT, “sus orígenes y su proceder histórico”.
Para determinar qué autoridades son responsables de violar las garantías individuales en Atenco, el informe destaca los elementos que serán definitivos en el juicio del ministro Gudiño determine: toma de decisión para el uso de la fuerza, planeación del operativo, coordinación de acciones, supervisión y ámbitos de control, entre otros.
