■ No se entrevistó a familiares, pues sólo se recurrió a testigos, dice
Alfredo Méndez
El magistrado federal Alejandro Sosa Ortiz, uno de los tres integrantes de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar los hechos violentos contra el pueblo de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, aseguró que el caso de la muerte de Alexis Benhumea, el joven que falleció a consecuencia de que un proyectil de gas lacrimógeno impactó su cabeza durante el operativo policiaco de esos días, fue “parte importante” de la indagatoria que realizaron los juzgadores durante más de un año.
El magistrado federal Alejandro Sosa Ortiz, uno de los tres integrantes de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar los hechos violentos contra el pueblo de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, aseguró que el caso de la muerte de Alexis Benhumea, el joven que falleció a consecuencia de que un proyectil de gas lacrimógeno impactó su cabeza durante el operativo policiaco de esos días, fue “parte importante” de la indagatoria que realizaron los juzgadores durante más de un año. En entrevista con La Jornada, el impartidor de justicia no quiso responder el motivo por el cual la comisión no buscó a los familiares de Alexis con el propósito de tomar sus testimonios, y se limitó a decir que “se tomaron las declaraciones únicamente de las personas que fueron testigos de los hechos que estábamos investigando”.
La semana pasada, Miguel Ángel Benhumea, hermano de Alexis, denunció a este diario que la comisión de la Corte no los llamó como testigos durante los meses que tres magistrados federales estuvieron en Atenco realizando las pesquisas.
El mayor de los hermanos Benhumea agregó que el lunes de la semana pasada fue recibido por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, a quien solicitó que el máximo tribunal del país no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.
“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, dijo Miguel Ángel Benhumea a Genaro Góngora, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos víctimas mortales de la acción policiaca.
Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea hace unos días al ex presidente de la Corte–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.
Ante esta denuncia de que la comisión investigadora en ningún momento los buscó en Atenco, el magistrado Alejandro Sosa se sostuvo durante la entrevista en su dicho de que él y sus compañeros platicaron “con todas las personas que fueron testigos” de los hechos violentos, y por ahora “no podemos hacer nada más en ese trabajo de investigación, porque el informe ya lo entregamos a la Corte”.
