Damián G. Camacho Guzmán
C
uando Enrique Peña Nieto anunció en 2014 la construcción del nuevo aeropuerto, descartó toda posibilidad de conflicto social. A diferencia de Vicente Fox que en 2001 expropió terrenos ejidales, casas, un panteón y una iglesia en las comunidades de Atenco, la nueva estrategia de Peña consistió en ampliar la zona federal y recorrer el polígono de la terminal aérea, ubicándola en el lecho del ex lago de Texcoco. Para propagandizar que no invadía tierras ejidales, promovió asambleas fraudulentas que cambiaron el régimen de propiedad social y enajenaron las tierras de uso común, destinando mucho dinero para corromper y dividir a sus pobladores.
Su estrategia parecía funcionar, porque se produjo en un contexto de éxtasis neoliberal luego de la aprobación de las reformas estructurales, con una relación de fuerzas favorable al gobierno priísta. El efecto en Atenco fue desmoralizante, en apariencia la demanda de la defensa de la tierra quedaba al olvido, porque los ejidatarios priístas y varios posesionarios habían decidido vender, por lo tanto, la propaganda mediática había logrado su propósito: deslegitimar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) como actor social agraviado e impedir la oposición a ese megaproyecto.
Para contrarrestar esa estratagema, la lucha de Atenco decidió responder de la siguiente manera: ante una nueva ofensiva, una nueva forma de lucha y de organización. Si bien, en el origen del conflicto la demanda central fue la defensa de la tierra y el actor fue el FPDT; para 2014, las demandas de la defensa del medio ambiente, del agua, de las aves, del lago, etc., se deberían poner en el centro de la lucha; ante esta nueva realidad, el actor social tenía que ampliarse; y, visualizar a la lucha con un carácter metropolitano, rural y urbano, con un sentido de defensa de la Cuenca del Valle de México.
La confirmación de esa valoración se fue gestando poco a poco en 2015 y 2016. Los impactos por el inicio de la construcción reflejaron un mega ecocidio en la zona oriente del estado de México, con 180 minas donde se extraen 36.5 millones de toneladas de materiales pétreos para cimentar la terminal aérea, aunado a que los socavones se rellenan con lodos tóxicos, cascajo y basura. Ante eso, la consecuencia fue evidente, en este segundo periodo de 2014 a 2018, se produjo la aparición de nuevos actores sociales agraviados que han emprendido una gran resistencia, lo que ha permitido construir una media luna organizativa de pueblos de la zona oriente en torno al nuevo aeropuerto.
Para alcanzar la efectividad de la nueva fase de lucha faltaba un factor determinante que potenciara todo ese esfuerzo: el cambio en la correlación de fuerzas. Esta situación política tardó 12 años en modificarse y se produjo el primero de julio de 2018. Gracias a ello, en poco tiempo se generaron condiciones para avanzar con una contraofensiva que permitió generar alternativas.
En el horizonte inmediato hay dos escenarios: o se mantiene la construcción del nuevo aeropuerto o se cancela la obra. En el primer escenario, el nivel del impacto de las afectaciones se extendería a Ciudad de México, porque se desarrollarían las obras complementarias (tren interurbano México-Toluca, autopistas, ampliación de las líneas del Metro y del metrobús, etc.), se agravaría la crisis hídrica, los hundimientos, se generaría una urbanización desmedida con la Aerotrópolis, esto es, se produciría el mayor ecocidio que tengamos memoria en toda la Cuenca del Valle de México.
Siendo así, iniciaríamos una tercera fase de lucha cuyo objetivo consistiría en cerrar el círculo organizativo que unificaría a los pueblos del oriente con Ciudad de México. En términos sociales, se trataría de una táctica de cerco al nuevo aeropuerto y a la Aerotrópolis. En poco tiempo estaríamos en condiciones de construir un gran movimiento nacional en defensa del medio ambiente, del agua y del territorio, en contra del extractivismo, el fracking, los eólicos, los megaproyectos y el capitalismo salvaje.
En el segundo escenario, en caso de que el nuevo gobierno cancele la obra aeroportuaria en Atenco-Texcoco, pasaríamos a un momento clave en el que se abordarían cuatro temas fundamentales: el proyecto de restauración ambiental del lago de Texcoco y los territorios afectados; el proyecto alternativo de desarrollo en la Cuenca del Valle de México; la cuestión agraria, con la restitución de las tierras ejidales y de uso común de las comunidades despojadas; y, la reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas, en particular, en Atenco por 17 años de despojo y represión gubernamental.
El nuevo aeropuerto es un negocio de la clase política panista y priísta con la finalidad de favorecer al capital inmobiliario. Con la llegada del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se abre una oportunidad para avalar o cancelar ese proyecto. Más allá de su método de consulta elegido, la decisión es de carácter político y debe tomarla. Ojalá decida lo correcto.
