Un manifestante recibe un chorro de agua durante la toma de posesión de Peña en San Lázaro.
Foto: Rubén Espinosa
Foto: Rubén Espinosa
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace seis años Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México, cuando en San Salvador Atenco se perpetró una de las represiones más duras en contra del movimiento social y campesino que rechazaba la construcción del nuevo aeropuerto en sus tierras ejidales.
Un sexenio después, el hijo pródigo de Atlacomulco se vio involucrado en un nuevo acto de represión, cuando varios miles de jóvenes y ciudadanos expresaron de manera violenta su inconformidad el arribo del mexiquense a la Presidencia de la República. El autoritarismo y la mano dura parecen ser su marca como gobernante.
En aquella ocasión, cuando los campesinos de Atenco levantaron sus machetes, el gobierno de Peña Nieto utilizó las Brigadas de Operación Mixta (BOM) para reprimir a los campesinos.
Esa agrupación, que forma parte de una operación especial de contrainsurgencia integrada por el Ejército y la policía, fue diseñada en 1994, para aplicarla en las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra de las comunidades de base.
Desde entonces, esa estrategia militar policiaca ha sido aplicada contra movimientos sociales, como ocurrió durante las protestas de Guadalajara en 2004, en la clausura de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea; en Cancún, en 2005, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y en 2006, contra el movimiento popular de Oaxaca.
Pero, a diferencia de las anteriores ocasiones, la estrategia utilizada el pasado sábado 1 resultó más sofisticada, más planeada, ya que no sólo se utilizó la represión, sino que además ésta fue dirigida con toda intención para provocar confusión mediante la filtración de provocadores profesionales, para luego culpar al grupo que convocó a la manifestación: el movimiento estudiantil #YoSoy132.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como de testigos de las refriegas registradas en las afueras de la Cámara de Diputados, hubo agentes infiltrados y jóvenes que recibieron dinero para ocasionar los desmanes y crear la imagen de violentos entre quienes protestaban por la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República.
La estrategia funcionó. Aprovechando el cóctel de organizaciones que se dieron cita en las manifestaciones, la violencia provocada se propaló como fuego en pasto seco, y mientras en la Cámara de Diputados, Peña Nieto rendía protesta en una ceremonia pactada y negociada, afuera la violencia tomaba la cara del movimiento estudiantil, por obra y gracia de la mayoría de los medios de comunicación.
Minutos después, a unos kilómetros del recinto legislativo, se dieron nuevos enfrentamientos entre jóvenes y granaderos. La presencia de contingentes bien organizados y violentos se hizo más evidente cuando empezó el saqueo y los daños a los negocios de la avenida Juárez.
En ese momento los manifestantes se convirtieron en vándalos, en delincuentes. Sobre ellos cayó la maquinaria policiaca, mediática y política, condenándolos sin juicio previo. A partir de entonces, se volvieron los violentos.
Ahora el gobierno de Peña Nieto tiene la excusa más clara para usar mano dura en las manifestaciones sociales, sobre todo las que pueda convocar el movimiento #YoSoy132, el mismo que puso en aprietos al mexiquense en la Universidad Iberoamericana, precisamente haciéndole el reclamo de represor en Atenco.
Cobra sentido el reforzamiento de la Secretaría de Gobernación que recuperó el manejo de la fuerza pública, y la presencia de Jesús Murillo Karam –personaje conocido por su intolerancia y mano dura– al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta es la doble cara del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por una parte, negociadora con los partidos y grupos de poder –como ocurrió en la Cámara de Diputados el día de su toma de posesión–; por la otra, mano dura con las organizaciones sociales que no están de acuerdo con el priista.
Pero habrá que ver si Peña Nieto, el presidente de la paz, como él mismo se maneja, usará esta misma mano dura contra el crimen organizado, y si es capaz de enfrentarlo con la misma fuerza, inteligencia y número de efectivos, o simplemente administrará el problema con negociaciones que les garantice seguir con su negocio, a cambio de bajar los índices de violencia.
Por lo mientras, el PRI se limpió las manos y pasó la factura de la violencia del pasado sábado al exjefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien mostró una cara de intolerancia al detener arbitrariamente a decenas de personas que no participaron en los desmanes, lo que le resta importantes bonos a su aspiración presidencial.
