Es lamentable, por principio de cuentas, que los representantes capitalinos, en vez de reconocer desde un primer momento el abuso de autoridad y el extravío represivo que condujo a 14 ciudadanos a la prisión y a la imputación legal, y de desistirse, en consecuencia, de los cargos presentados, hayan sorteado la situación mediante un parche legal, como el que efectuó antier la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el artículo 362 del Código Penal capitalino. Tal arreglo desembocó en una situación paradójica y exasperante: las autoridades, en lugar de resarcir a ciudadanos que fueron violentados en sus derechos básicos, les cobran una fianza por dejarlos en libertad y, para colmo, sometidos a proceso.
Un factor a considerar es la presión política ejercida por los propietarios de los locales comerciales del Centro Histórico vandalizados el 1° de diciembre. Sin ignorar las pérdidas sufridas ni el derecho de los empresarios a la justicia, es claro que su posición fue el punto de partida para un clamor de linchamiento judicial de aquellos que fueron capturados en forma arbitraria, discrecional y aleatoria por las fuerzas policiales. Tal clamor fue minuciosamente atizado por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos, los cuales se encargaron de juzgar y condenar a los detenidos, sin preocuparse por informar sobre la otra cara de lo sucedido: las manifiestas provocaciones a la violencia protagonizadas por individuos aún no identificados, la brutalidad y la saña policiales y las fallas –involuntarias o no– ocurridas en la cadena de mando durante esa jornada.
Cabe esperar que en los próximos días se hagan evidentes en las diligencias judiciales las irregularidades, falsedades e incoherencias de las acusaciones contra los 14 y que caigan por su propio peso, que se reconozca el extravío de autoridad cometido en contra de ellos; que los verdaderos responsables del vandalismo y de los atropellos perpetrados el 1° de diciembre sean puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales, y que la ALDF emprenda un proceso de análisis y debate con la participación de la sociedad sobre el artículo 362 del Código Penal. Si se logran tales propósitos, la ciudad de México podrá volver a concentrarse en la solución de problemas sociales y administrativos, y el país ganará en civilidad, justicia, libertades y vigencia de la legalidad.
