Deben autoridades dar con los verdaderos autores, demandan

Laura Poy, Emir Olivares y Mirna Servín

Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 29

Con la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal publicada ayer en la Gaceta Oficial y el pago de una fianza de alrededor de 140 mil pesos en total, abogados y familiares de las 14 personas que permanecieron detenidas desde el pasado primero de diciembre tras la jornada de disturbios, lograron salvar el último obstáculo para alcanzar la libertad provisional de los internos.

Los diputados federales del PRD Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria pagaron los depósitos de las fianzas, los cuales fueron de alrededor de 5 mil 200 pesos por detenido, con excepción de Bryan Reyes Rodríguez, a quien le acumularon otras dos fianzas por daños en propiedad y por la reparación del daño, lo que sumó cerca de 70 mil pesos.

López Suárez aseguró que aunque se seguirá con la aportación de pruebas para lograr que obtengan su libertad total, lo más importante era que dejaran el reclusorio. A partir de ahora buscaremos que las autoridades busquen a los verdaderos responsables de los destrozos causados en el centro.

Desde temprana hora las autoridades judiciales capitalinas fijaron una fianza de 40 mil pesos por cada uno de los 14 detenidos, acusados del delito de ataques a la paz pública. Sin embargo, luego de buscar una afianzadora se logró que los familiares sólo tuvieran que pagar entre 10 y 15 por ciento del monto.

David Peña y Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informaron que a partir de su salida del Reclusorio Norte y del penal femenil de Santa Martha Acatitla comenzará la segunda etapa del proceso, que incluye la investigación y posible denuncia contra servidores públicos que incurrieron en ilícitos como tortura, abuso de autoridad y violencia durante la detención de decenas de personas, pero también por la omisión en la integración de los expedientes.

Señaló que es necesario realizar las pesquisas correspondientes no sólo de las detenciones arbitrarias de los 70 detenidos y encarcelados el pasado primero de diciembre, sino señalar responsables, quiénes actuaron mal cuando se hicieron las detenciones y qué falló en los procesos, pero sobre todo hay actos de omisión que no han explicado ni el GDF ni el gobierno federal.

María Ángeles Rodríguez, esposa del profesor Enrique Rosales Rojas, uno de los detenidos el día primero, informó que tras su liberaciónseguiremos con el proceso para demostrar la absoluta inocencia de todos los detenidos, y estar tranquilos completamente para reanudar nuestras actividades normales.

Poco después de las 14:30 horas, abogados y familiares se trasladaron a la Afianzadora Insurgentes para iniciar los trámites para el pago de la caución y presentar los documentos correspondientes en el Reclusorio Norte.

David Peña agregó que tras conseguir la libertad bajo fianza de los 14 detenidos, continuarán la próxima semana las mesas de negociación con autoridades del GDF y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de insistir en el desistimiento de la acción penal y, de no alcanzar este objetivo, tenemos plena seguridad de demostrar la absoluta inocencia de nuestros defendidos.

Agregó que al estar sujetos a un proceso penal, los excarcelados tendrán suspendidos sus derechos políticos, aunque podrán retornar a sus actividades académicas y laborales, con excepción del profesor Rosales Rojas, quien por ser funcionario público queda suspendido de su cargo.