- La expulsión de extranjeros fue "apegada a derecho"
- Treviño Lecea descalifica recomendaciones de la CNDH Niega que se haya torturado o vejado a los visitantes
FABIOLA MARTINEZ
El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH por su actuación en los hechos del pasado 4 de mayo en el poblado de San Salvador Atenco, estado de México, que derivó en la inmediata expulsión de cinco extranjeros.
"El procedimiento que se siguió (en la expulsión de los extranjeros) no tiene ningún problema; sostenemos que esto ocurrió conforme a derecho", declaró el comisionado del INM, Hipólito Treviño Lecea.
La CNDH emitió dos recomendaciones: la primera, para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en la Secretaría de la Función Pública en contra de los servidores públicos de la delegación regional del INM en el estado de México, y de Control y Verificación de este organismo por iniciar y concretar un procedimiento fuera de los márgenes previstos por la Constitución y por la Ley General de Población.
En la segunda, la comisión recomienda restituir a los extranjeros sus derechos violados y, en su caso, revisar el procedimiento de expulsión.
El 4 de mayo fueron detenidos, en un operativo policiaco, un grupo de extranjeros, quienes fueron remitidos la madrugada del 5 de mayo de la procuraduría mexiquense al INM y, unas horas después, fueron expulsadas las ciudadanas españolas Cristina Vall Fernández y María Sostres Tarrida; la alemana Samantha Ariane Marei Dietmar, y los chilenos Valentina Larissa Palma Novoa y Mario Alberto Aguirre Tomic.
El INM argumentó que violaron la Ley General de Población, al efectuar actividades distintas a las declaradas ante la autoridad migratoria cuando ingresaron a territorio mexicano, por lo cual se determinó expulsarlos y prohibirles el ingreso durante los próximos cinco años.
Tras recibir las recomendaciones de la CNDH, el comisionado de migración dijo que la próxima semana enviará sus observaciones al ombudsman José Luis Soberanes para "precisar exactamente en dónde se supone que los funcionarios llevaron a cabo una expulsión fuera de la ley".
En entrevista, el funcionario rechazó que sus agentes hayan ejercido presión o tortura contra los extranjeros, y que en todo caso corresponde al Ministerio Público investigar los dichos de estas personas respecto a las agresiones físicas que en su momento denunciaron.
En el caso de la chilena Palma Novoa, Treviño Lecea aseveró que existe una declaración de ella en la que admite haber realizado actividades políticas y lucrativas, aun cuando presentó documentos oficiales que la avalan como estudiante de un centro universitario de cine.
Respecto a la sanción aplicada, el titular del INM explicó que los extranjeros en referencia pueden presentar "una promoción" ante el titular de la Secretaría de Gobernación o el subsecretario de Migración para tratar de revertir el resolutivo oficial.
"Nosotros actuamos -insistió Treviño- conforme a derecho. Les dimos derecho de audiencia con sus consulados, los pasamos a examen medico y les tomamos declaración frente a enviados de la CNDH".
Agregó que también está fuera de la jurisdicción del INM la eventual indemnización, en caso de que se compruebe violaciones a sus derechos fundamentales.
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