Culpa a la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense de dos muertes; la de Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea, este último fallecido un mes después de los operativos a consecuencia de los golpes recibidos
María de la Luz González
El Universal
Lunes 09 de octubre de 2006
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que autoridades federales y del estado de México incurrieron en más de 10 violaciones a las garantías individuales durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo pasado en San Salvador Atenco.
José Luis Soberanes, titular del organismo, informó además que elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense son responsables de las muertes de Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea, este último fallecido un mes después de los operativos a consecuencia de los golpes recibidos.
El ombudsman adelantó el contenido de la recomendación que emitirá la CNDH sobre el caso, en entrevista televisiva en el programa "Punto de Partida", donde confirmó que la Policías Federal Preventiva (PFP), la ASE, el Instituto Nacional de Migración y otras autoridades incurrieron en uso excesivo de la fuerza pública en agravio de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Acompañado de la segunda visitadora general del Comisión Nacional de Derechos Humanos, Susana Thalía Pedrosa, Soberanes precisó que los más de 200 detenidos durante los operativos fueron sometidos a detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también documentó tortura, abuso sexual a 26 mujeres, incomunicación de los detenidos desde el momento que fueron trasladados al penal de Santiaguito, retención ilegal y allanamiento de morada.
Detalla violaciones
Al detallar la violaciones a derechos humanos detectadas, precisó que 145 personas fueron detenidas de manera ilegal, pues no tenían nada que ver con los hechos; cinco extranjeros también arrestados en el lugar fueron retenidos contra la ley durante 24 horas por las autoridades mexiquenses, pese a tener un amparo.
El ombudsman señaló que los 207 detenidos recibieron trato cruel, inhumano o degradante, ya que 187 de ellos presentaron lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, en otros 17 se documentaron heridas que tardan en sanar más de dos semanas, y 35 tuvieron que ser hospitalizados.
Soberanes explicó que la tortura se pudo acreditar mediante entrevistas con una muestra representativa de los detenidos, a quienes se les aplicó el protocolo de Estambul, un instrumento internacional diseñado para detectar ese delito de lesa humanidad y que no se había explicado a los arrestados.
Sobre los casos de abuso sexual, la segunda visitadora no entró en detalle si fueron violaciones o actos libidinosos, término este último que utilizó el titular de la ASE, Wilfrido Robledo, para decidir la conducta de sus policías con las detenidas.
Sobre las muertes de Javier Cortés y Alexis Benhumea, la funcionaria sostuvo que hubo un uso ilegal de las armas por parte de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, pues encontraron una bala en el cuerpo de Javier Cortés que corresponde a un revólver calibre 38 especial, que es el tipo de arma reglamentaria de la corporación.
El organismo recomienda a las autoridades responsables indemnizar a las dos víctimas.
José Luis Soberanes precisó que la recomendación del caso estará dirigida al Ministerio Público que integró las averiguaciones en contra de los detenidos, a las autoridades del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, al Instituto Nacional de Migración, a la Defensoría de Oficio del estado de México y a la Policía Federal Preventiva.
