- Presenta el ombudsman recomendación sobre la violencia ocurrida en Atenco y Texcoco
- Exige que se investiguen los abusos de autoridades
- El Edomex admite peticiones
VICTOR BALLINAS E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSAL
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, ayer en el auditorio de la CNDH Foto Cristina Rodríguez
Al hacer pública ayer la recomendación 38/2006 relativa a la violencia ocurrida en San Salvador Atenco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo pasado, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, aseveró que ante los hechos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, "como país nos encontramos ante la disyuntiva de apegarnos a la ley o de optar por cualquiera de las formas del encubrimiento autoritario".
Ante 30 familiares y víctimas de los abusos policiacos -detenciones arbitrarios, vejaciones, violaciones sexuales, golpizas, amenazas- que asistieron a la presentación de dicha recomendación, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), subrayó: "si algunas autoridades eligen sostener la mentira y proteger a los culpables, la sociedad sufrirá un doble agravio. Si optan por aceptar sus responsabilidades, con todas sus consecuencias, nuestra vida republicana se verá vigorizada. La verdad fortalecerá nuestra democracia. Las complicidades -advirtió-, la harán retroceder".
En el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Soberanes ratificó que las autoridades cometieron las siguientes violaciones a los derechos humanos, al irrumpir violentamente -en San Salvador Atenco-, sin órdenes de cateo ni de detención: "trato cruel y/o degradante, allanamiento de morada, detención arbitraria y retención ilegal, incomunicación" de los detenidos.
"Tortura, violación a la libertad sexual -abuso sexual y violación de 26 mujeres-, atentados contra el derecho a la vida; se conculcaron los derechos a la integridad física y seguridad, libertad, legalidad y seguridad jurídica en los menores."
"Todas fuimos violadas"
Mientras el ombudsman leía la recomendación, familiares de los agraviados, alzaron unas pancartas improvisadas con hojas de cuaderno en las que denunciaban: "Todas fuimos violadas", "libertad a los presos políticos", "Alexis Benhumea vive".
Ante víctimas de la tortura, de humillaciones, de violaciones sexuales, y en un ambiente tenso, el titular de la CNDH manifestó que los hechos ocurridos en San Salvador Atenco "representan una tragedia que debe mover a una seria reflexión de toda la sociedad. Por diferentes motivos y en diverso grado, hubo consecuencias irreparables para decenas de personas.
"Nada podrá compensar la pérdida de vida de Javier Cortez Santiago ni de Ollin Alexis Benhumea Hernández. El sufrimiento de algunas víctimas de tortura dejará en ellas huellas sicológicas, difíciles de superar. Aunque los lamentables acontecimientos de Texcoco y San Salvador Atenco forman parte de la historia de nuestro país, sus páginas definitivas aún no han sido escritas."
Una a una, Soberanes Fernández dio cuenta de las violaciones cometidas por las policías federales, estatales, municipales y militares: durante su arresto las 207 personas sufrieron trato cruel, inhumano o degradante, sin ninguna justificación legal que faculte a un agente a golpear con los pies y con toletes a las personas que ya han sido sometidas; 145 personas fueron detenidas arbitrariamente en el interior de sus domicilios.
Varias personas que no participaron en los choques violentos con las fuerzas policiacas fueron arrestadas sin fundamento, bajo la única explicación de que se encontraban en el lugar de los hechos; las cinco personas extranjeras detenidas con violencia "no estuvieron involucrados en los hechos por los que fueron asegurados, y deportados de manera irregular".
Los detenidos fueron incomunicados, "se les tortura en el traslado al penal de Santiaguito, recibieron golpes y amenazas de muerte; se les arrojó al piso de los vehículos. Se les amenazó; 26 mujeres fueron objeto de abusos sexuales y violación que debe investigar el Ministerio Público. Bajo amenazas las obligaron a realizar actos de naturaleza sexual".
Entre las recomendaciones del ombudsman destacan: "que se inicie y resuelva conforme a derecho y procedimiento administrativo de responsabilidad contra servidores públicos de la PFP y los elementos comisionados por otras dependencias -policías militares- involucrados en los hechos, y que se inicie averiguación previa por los ilícitos penales en que probablemente incurrieron elementos de la PFP".
Demanda que se investigue al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al director del penal de Santiaguito, que se inicie investigación por tortura contra los detenidos y se indaguen las violaciones sexuales a las mujeres.
La noche de este lunes el gobierno del estado de México admitió en todos sus términos la recomendación que emitió la CNDH, relacionada con el expediente que inició el organismo por la violencia ocurrida en Texcoco y Atenco en mayo pasado.
El gobierno de Enrique Peña aseguró en un comunicado que continuará realizando todas las actuaciones ministeriales y administrativas que permitan imponer las sanciones correspondientes a los servidores públicos que infringieron la ley.
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