- La abogada denuncia empecinamiento del juzgador por mantener presos a activistas
- Señala la defensora que este asunto no es competencia del funcionario judicial
Familiares y víctimas de las agresiones de autoridades en San Salvador Atenco protestaron afuera de las instalaciones de la CNDH por no permitirles el acceso mientras el ombudsman nacional presentaba su recomendación sobre esos hechos Foto Cristina RodríguezA cinco meses de que iniciaron los procesos penales contra casi 200 pobladores de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco que fueron detenidos entre el 3 y 4 de mayo pasados por apoyar la movilización del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, que encabeza Ignacio del Valle, se han presentado diversas irregularidades de las autoridades judiciales que demuestran la intención del gobierno del estado de México de mantener en prisión a los inconformes.
Así lo aseguró Barbara Zamora, abogada de la mayoría de los inculpados, quien refirió que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías constitucionales de sus defendidos puede ser admitida por las autoridades mexiquenses para que se castigue a las policías y autoridades responsables de la misma.
Indicó que de las 199 personas sujetas a proceso, 20 continúan en prisión y los demás permanecen libres bajo fianza. Todos están acusados de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación.
"Desde hace cinco meses el juez penal de Almoloya, Jaime Maldonado, se ha empecinado en sostener una competencia que no le corresponde, ya que los hechos ocurrieron en Texcoco; esto nos demuestra que es un juez subordinado a los intereses del gobierno estatal", aseguró la litigante.
Agregó que ya un juez federal les concedió amparo a sus defendidos, "por el hecho de que el juez Maldonado no es competente para conocer de este asunto, toda vez que está fuera de su jurisdicción".
Sin embargo, señaló, el juez local sostuvo que es competente y dictó un nuevo auto de formal prisión contra los inculpados "en los mismos términos jurídicos que el primero".
Para Zamora, la "necedad" del juez Maldonado de no dejar el caso "demuestra que es un impartidor de justicia subordinado al gobierno mexiquense, porque de otro modo no se entiende cómo un juez federal le dice que no es competente, y sin embargo, insiste el juez local".
Otra de las irregularidades del juzgador Maldonado, a decir de la litigante, es que busca retardar los procesos en perjuicio de los inculpados, por lo que se ha negado a citar a los más de 100 policías que deben comparecer como testigos dentro de la causa penal. "El juez está citando de cinco en cinco y estamos hablando de más de cien policías; imagínese cuánto se prolongarán los procesos", refirió.
