Las detenciones totalmente arbitrarias del primero de diciembre evidencian un estado de excepción, donde se violan las garantías constitucionales pretextando restablecer la legalidad.
El principio de legalidad fue violado flagrantemente por la procuraduría del Distrito Federal, sus ministerios públicos y por los policías aprehensores. Se les imputan delitos graves como el de
ataques a la paz públicacuya definición del tipo penal es intencionalmente ambiguo para que cualquier acto de protesta pueda considerarse como delito. Con ello también se pretende justificar jurídicamente los actos de represión y brutalidad policial que sufrieron los ciudadanos detenidos, así como las acusaciones masivas.
Lo cierto es que, se trata de un acto de terrorismo de Estado, que se practica mediante la ley, con la modificación de los tipos penales de los delitos, que en el fondo tienen una clara connotación política, para desaparecer todo aquello que se desvía de los patrones económicos y culturales predominantes y todo aquél que se oponga será considerado como enemigo.
En este caso, se trata de castigar al individuo y no una conducta penal tipificada. Pues, ¿de qué se podría acusar al ciudadano que estaba siendo detenido por los policías lejos del lugar de los hechos, golpeado y arrastrado hacia las patrullas? ¿Y de qué se va a acusar a los otros ciudadanos que reclamaban a la policía para que dejaran de realizar estos actos de brutalidad?, y que por ello también se los llevaron a prisión.
La juez de la causa debe liberar a todos los que no han cometido delito alguno y que fueron detenidos arbitrariamente y ordenar que se les repare el daño causado. También deben ser castigados los policías federales que causaron lesiones graves que ponen en peligro la vida de Francisco Kuykendall.
Bárbara Zamora Santos García, Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC
