(23 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos expresaron su repudio por la actitud “solapadora” que el gobierno mexicano ha demostrado en torno a la figura de Jesús Murillo Karam. Y es que para los familiares de los estudiantes víctimas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el ex procurador general debe ser juzgado por presentar una versión falsa acerca del destino de los normalistas.
En conferencia de prensa realizada en el Hemiciclo a Juárez, los padres de los 43 reprocharon que a más de 17 meses la Procuraduría General de la República (PGR) no ha otorgado todas las facilidades -a los representantes legales de los familiares, así como al GIEI- para poder obtener respuestas claras sobre el paradero de los estudiantes.
Los integrantes del Comité de Padres y Madres de Familia de Ayotzinapa reiteraron su posición, y aseguraron que la lucha no se detendrá hasta conocer qué fue lo que pasó con los normalistas.
Al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” reiteró que existen diversas irregularidades cometidas por la PGR en torno al caso, mismas que han detenido el avance de las pesquisas y el castigo a los responsables. De manera particular, señaló que la Procuraduría no aportó los elementos necesarios para consignar a los Policías Preventivos de Iguala y Cocula -señalados como responsables-, por lo que podrían quedar en libertad.
De igual forma, manifestó que el Poder Judicial ha mantenido en la opacidad el desarrollo del caso. Criticó que a la fecha, los padres y madres de los estudiantes víctimas no han sido informados a detalle sobre el estatus de los procesos en contra de los acusados.
Ante este escenario, informó que los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa iniciarán una Caravana con destino a Matamoros, Tamaulipas, con el objetivo de sostener sendas reuniones con los responsables del juzgado primero y tercero de Distrito, que llevan el expediente en donde se involucra a los Policías Preventivos de Iguala y Cocula.
“Hoy (22 de febrero) estaremos saliendo hacia Matamoros, Tamaulipas. El objetivo es sostener reuniones con el juzgado primero y tercero de Distrito, que son los que llevan los procesos de los policías preventivos de Iguala, de Cocula y de algunas personas de Guerreros Unidos.
“Desde hace más de un año que fueron consignadas estas personas, pero los padres de Familia no han recibido información objetiva, más que la proporcionada por la coadyuvancia que, con serias limitaciones, les ha podido brindar”, detalló.
Cabe recordar que el 26 de enero pasado, los padres y madres denunciaron que el Poder Judicial otorgó diversos amparos que favorecen a los Policías de Iguala y Cocula involucrados en la desaparición y asesinato de los normalistas.
Rosales lamentó que las autoridades judiciales no otorgaron la orden de aprehensión en contra de los personajes señalados como responsables del delito de desaparición forzada. Sobre el punto, dijo que aún se desconoce los argumentos que llevaron al Poder Judicial denegar dicha orden.
“La PGR hizo una consignación por el delito de desaparición forzada, pero fue negada. Los padres de familia desconocen cuáles fueron los fundamentos, los motivos, y razones que tuvo el juzgado primero para poder negar esa orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada”, apuntó.
En lo referente, expresó su preocupación que a casi 17 meses de los hechos ocurridos aquella noche en Iguala, se sigue negando el acceso a la justicia. Dijo que la Caravana por la Verdad y la Justicia-que se dirige al norte-buscará conocer a detalle lo que sucede.
“El acceso a la justicia, como un derecho de las víctimas, se ha estado negando, no ha estado presente, razón por la cual emprendeos la Caravana por la Verdad y la Justicia, con el claro propósito de que estos juzgados puedan informar, proveer de todas las diligencias que se han estado realizando; qué digan cuál es el avance que hoy en día llevan estos procesos.
“Tenemos entendido que los procesos tienen irregularidades, que la Procuraduría no allegó las pruebas suficientes, sobre todo en los delitos de homicidio, de Julio César Mondragón, de César Ramírez Nava, de Daniel Solís Gallardo, y por tanto, hoy por hoy hay el riesgo inminente de que los Policías Preventivos, tanto de Iguala como de Cocula, puedan obtener su libertad (…) el poder judicial federal ha sido hermético en estos asuntos, y no ha dado un trato que corresponde a las víctimas del caso de los 43.”, expuso.
“Señora procuradora, nada está bien”
Mario Gonzales, padre de César Gonzáles -estudiante desaparecido de Ayotzinapa- criticó las barreras que la PGR ha puesto en torno al caso. Envió un mensaje a Arely Gómez en donde le reprochó que “no nos están dando las facilidades, así como usted dice”.
“Señora procuradora, Arely: nada está bien. Es mentira, como usted dice, que nos está dando todas las facilidades. Tanto así que los padres y madres de los 43 tenemos que ir a Matamoros para conocer el desarrollo del caso y nos den copias de los expedientes; tanto que se está fugando información de las nuevas investigaciones del GIEI; tanto que tenemos que ir a Tabasco, para que sepamos cuántos expedientes hay ahí”, señaló.
Por otro lado, criticó la campaña que se ha desatado para desprestigiar el trabajo del GIEI. Reiteró que los padres tienen plena confianza en el grupo de expertos enviados por la CIDH. Además expresó su hartazgo por la insistencia de la PGR en mantener la versión de basurero de Cocula, a pesar de dos peritajes que la han echado por tierra.
“Señora procuradora: desde acá le decimos que si sigue desprestigiando a nuestro equipo de expertos nosotros lo vamos a defender a capa y espada. Aquí vamos a estar los 43 padres de familia porque ya basta que se siga la línea de Murillo Karam; porque ya basta que siga solapando a Murillo Karam. Si a usted (Arely Gómez) sólo la pusieron para cubrir a Murillo Karam, le decimos que aquí vamos a estar, presionando para que se llegue a la respuesta”, manifestó.
Por su parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete -normalista desaparecido- lamentó que a casi 17 meses del ataque en Iguala, no hay respuestas por parte de las autoridades. Dijo que el gobierno de México simplemente no quiere dar respuestas.
“Los padres seguimos en la exigencia de respuestas serias del gobierno, de la presentación con vida de nuestros hijos, ya que a 17 meses, el gobierno mexicano no da respuestas; y sí tienen la capacidad, pero simplemente no quieren darnos respuestas. Por eso no podemos quedarnos rezagados. Ya hemos esperado bastante tiempo y simplemente se han basado en la pura mentira que dijo esta porquería de persona: Murillo Karam”, expuso.
Al igual que el señor Mario Gonzales, cuestionó el actuar del gobierno en torno a la figura de Murillo Karam. Enfatizó que luego de ser desmentida la “verdad histórica”, será importante conocer quién dio la orden para difundir esa versión de los hechos.
“¿Qué hace el gobierno? Se mantiene como si nada pasara, no toma acciones contundentes. ¿Por qué mintió esta persona (Murillo Karam)?, ¿quién lo obligó a decir una vil mentira? El gobierno debe tomar represalias contra esta persona. Que se diga quién lo obligó a decir una mentira, si es que el gobierno o el presidente no tenía conocimiento; pero si tenía conocimiento, pues por eso no le hace nada, porque cómo van a encerrar a una persona que es del mismo equipo”, expresó.
Reiteró que la lucha de los padres y madres de familia seguirá hasta encontrar respuestas al caso así como castigo a los responsables de la desaparición y de la “verdad histórica”.
“Seguiremos exigiendo castigo para todas esas personas. No pueden seguir por la vida, como Murillo Karam. Si hubiera sido una persona pobre, ya lo hubieran difundido, pero como tiene dinero, y esta coludido con personas de alto nivel, no le pasa nada, sigue en las calles”, concluyó.
La Caravana por la Verdad y Justicia visitará los estados de Querétaro, San Luís Potosí y Nuevo León hasta llegar a Tamaulipas. El objetivo será que los padres y madres de los normalistas estén el próximo 26 de febrero en la ciudad de Matamoros para sostener las reuniones con los responsables de los juzgados primero y tercero de Distrito.
