Jueves 21 de agosto de 2008. Dos hechos: el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la nueva sentencia por otros 45 años de cárcel a Ignacio del Valle.
Sobresale la denuncia del abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Juan de Dios Hernández Monje, al afirmar que “el propio juez (primero penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez) ha indicado a uno de los familiares que la sentencia no la dictó él, sino que se la mandaron del Tribunal Superior de Justicia del estado de México (TSJEM), lo que demuestra que se trata de una cuestión eminentemente política y no jurídica”.
Precisamente contra esto habló Alejandro Martí ante quienes se dicen servidores públicos en el primer nivel de autoridad: “¿Quién es más culpable, el que deja hacer o el que hace?....Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones.... Hagan conciencia, hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los Ministerios Públicos y los jueces son gentes honradas y de honor, y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado”.
Podríamos preguntarle al juez Alberto Cervantes Juárez: ¿qué le pasó?
¿Por qué permitió ser manipulado por el TSJEM y dictar una sentencia bajo consigna, totalmente ajena a su jurisdicción? ¿Por qué no tuvo el valor de declararse incompetente ante esta aberración jurídica? ¿No pasaría lo mismo en la primera sentencia de 67 años de cárcel contra Ignacio del Valle, como de todos los presos de Atenco, sentenciados bajo consigna?
La respuesta a estas preguntas no sólo del juez, sino principalmente del Consejo de la Judicatura Federal, pondrá a prueba si es o no una carta de buenas intenciones el acuerdo nacional pactado, toda vez que la seguridad jurídica es la garantía primaria de los ciudadanos en un verdadero estado de derecho. Corre tiempo. Si no pueden, váyanse.
Fernando Gómez Cruz
