Mientras en un Palacio Nacional convertido en búnker para la clase política se simulaba enfrentar el problema de la inseguridad con acuerdos que no trascienden lo policiaco, el poder mostraba su verdadera cara apenas saltando la valla que protegía a los convocados de sólo ellos sabrán qué.
Las sentencias dictadas el jueves contra los presos políticos de Atenco tienen el sello vengativo de un Estado que no acepta cuestionamientos ni demandas legítimas por parte de un pueblo organizado: 31 años, 10 meses y 15 días contra 10 de los 13 presos recluidos en el penal de Molino de Flores, y 45 años para Ignacio del Valle, que se suman a los 67 y medio que ya compurga en el penal del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Un total combinado de más de 430 años para Nacho y (hay que decir sus nombres) Adán Román Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Edgar Eduardo Morales Reyes, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Narciso Arellano Hernández, Óscar Hernández Pacheco y Pedro Reyes Flores.
En la otra cara de la moneda, un solo policía, de los más de 3 mil que participaron en los hechos represivos de Atenco en 2006, recibió sentencia, por “actos libidinosos”, con la posibilidad de conmutar su pena de tres años por una fianza de 8 mil pesos.
Los abogados Bárbara Zamora y Juan de Dios Hernández han documentado cómo el proceso ha estado plagado de irregularidades y violaciones flagrantes a las garantías de los acusados. Baste citar la dilación en emitir sentencia, las contradicciones de los policías que acusan a los atenqueses de haberlos secuestrado, la reclusión en un penal federal bajo procesos del fuero común, las acusaciones en paquete, donde no se individualiza la conducta de los acusados, donde se libera a unos y a otros se les sentencia a décadas de reclusión.
Por otra parte, los errores procesales contra la veintena de policías que enfrentaron algún cargo fueron la base de su presurosa exoneración. Dos caras de una moneda de justicia por consigna, donde se fabrican sentencias mientras se simula negociar con los afectados.
Esta impartición de venganza intenta ser ejemplarizante para otras luchas sociales. El “tratamiento especial” que se dio a los menores y a las mujeres detenidas en mayo de 2006, con golpizas a los primeros durante todo el tiempo de su reclusión y abusos sexuales a las segundas durante su detención, que en ese contexto es considerado por Naciones Unidas como tortura, se olvida en los procesos, pero se refresca en la memoria de la gente con cada nuevo atropello, y si bien la apuesta es de esa manera contener las expresiones de lucha social, la memoria consolida la indignación y cataliza los procesos de transformación, por lo que no tengo duda de que la balanza se inclinará, más temprano que tarde, del lado de la justicia.
Rosario Ibarra, senadora de la República
