Caso Atenco
Por Guadalupe Gómez Q.
México DF, 7 agosto 08 (CIMAC).- Organizaciones, colectivos y personas en lo individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, realizarán mañana una marcha hacia Toluca, capital del Estado de México, para exigir la liberación de María Patricia Romero Hernández y 12 varones detenidos durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco realizados contra campesinas y campesinos floristas y temporaleros.
Las organizaciones convocantes informaron en un comunicado que la caravana para demandar la liberación de la y los presos políticos partirá a las 9:00 horas del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, con destino a la sede del Poder Judicial del Estado de México en la Ciudad de Toluca.
En el Penal de Molino de Flores están aún recluidos desde hace dos años María Patricia y los 12 hombres (incluido su padre y su hijo) detenidos en forma violenta por las policías estatal o municipal, la mayoría de los cuales fueron violentados en sus derechos humanos.
Señala el comunicado que durante el operativo policíaco, una “barbarie cometida por los tres niveles de gobierno en un acto concertado”, se ejecutaron innumerables violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, irrupción de domicilios particulares sin órdenes de cateo o aprehensión.
Más de 200 personas fueron sometidas a tortura, incluida la tortura sexual cometida contra las mujeres, quienes denunciaron el abuso, sin que a la fecha ninguno de los policías agresores haya sido castigado y como lo ha venido informando esta Agencia.
Hay, incluso, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada en abril pasado por 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente en Atenco, y otra querella más ante la Audiencia Nacional Española, presentada en enero de este año por la ciudadana española Cristina Valls, víctima también de tortura sexual, contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres.
USO FACCIOSO DE LA LEY
Además, señalan las organizaciones convocantes a la Caravana de mañana, “se ha sumado que desde entonces el uso de la ley de manera facciosa a mantenido a nuestros compañeros tras las rejas”.
Se ha cerrado la instrucción de las causas 58/2007 y 298/2007 en las que nuestros compañeros enfrentan sus supuestos delitos, dice el comunicado. Es decir, los procesos se han dado por concluidos y están en espera de que se dicten las sentencias correspondientes.
Consideran que “no existen pruebas para que condenen a nuestros compañeros” y que la razón por la que continúan en la cárcel, es porque los Jueces Primero y Tercero de lo Penal de Primera Instancia de Texcoco, que han conocido del caso, han actuado por consigna.
Afirman que la razón principal de mantener a los 12 hombres y a María Patricia Romero Hernández tras las rejas es la política de Estado de criminalizar y castigar la lucha social y la defensa legitima al trabajo, a la tierra, a la dignidad.
Exigen las organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona la liberación de su compañera y sus compañeros, que se dicte cuanto antes la sentencia, la absolución de los cargos que han sido fabricados por el Ministerio Público y solapado por el Sistema de Justicia en el Estado de México.
08/GG/CV
Por Guadalupe Gómez Q.
México DF, 7 agosto 08 (CIMAC).- Organizaciones, colectivos y personas en lo individual, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, realizarán mañana una marcha hacia Toluca, capital del Estado de México, para exigir la liberación de María Patricia Romero Hernández y 12 varones detenidos durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco realizados contra campesinas y campesinos floristas y temporaleros.
Las organizaciones convocantes informaron en un comunicado que la caravana para demandar la liberación de la y los presos políticos partirá a las 9:00 horas del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, con destino a la sede del Poder Judicial del Estado de México en la Ciudad de Toluca.
En el Penal de Molino de Flores están aún recluidos desde hace dos años María Patricia y los 12 hombres (incluido su padre y su hijo) detenidos en forma violenta por las policías estatal o municipal, la mayoría de los cuales fueron violentados en sus derechos humanos.
Señala el comunicado que durante el operativo policíaco, una “barbarie cometida por los tres niveles de gobierno en un acto concertado”, se ejecutaron innumerables violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, irrupción de domicilios particulares sin órdenes de cateo o aprehensión.
Más de 200 personas fueron sometidas a tortura, incluida la tortura sexual cometida contra las mujeres, quienes denunciaron el abuso, sin que a la fecha ninguno de los policías agresores haya sido castigado y como lo ha venido informando esta Agencia.
Hay, incluso, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada en abril pasado por 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente en Atenco, y otra querella más ante la Audiencia Nacional Española, presentada en enero de este año por la ciudadana española Cristina Valls, víctima también de tortura sexual, contra 140 funcionarios mexicanos por el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres.
USO FACCIOSO DE LA LEY
Además, señalan las organizaciones convocantes a la Caravana de mañana, “se ha sumado que desde entonces el uso de la ley de manera facciosa a mantenido a nuestros compañeros tras las rejas”.
Se ha cerrado la instrucción de las causas 58/2007 y 298/2007 en las que nuestros compañeros enfrentan sus supuestos delitos, dice el comunicado. Es decir, los procesos se han dado por concluidos y están en espera de que se dicten las sentencias correspondientes.
Consideran que “no existen pruebas para que condenen a nuestros compañeros” y que la razón por la que continúan en la cárcel, es porque los Jueces Primero y Tercero de lo Penal de Primera Instancia de Texcoco, que han conocido del caso, han actuado por consigna.
Afirman que la razón principal de mantener a los 12 hombres y a María Patricia Romero Hernández tras las rejas es la política de Estado de criminalizar y castigar la lucha social y la defensa legitima al trabajo, a la tierra, a la dignidad.
Exigen las organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona la liberación de su compañera y sus compañeros, que se dicte cuanto antes la sentencia, la absolución de los cargos que han sido fabricados por el Ministerio Público y solapado por el Sistema de Justicia en el Estado de México.
08/GG/CV
