Guillermo Almeyra
Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.
La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.
El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.
¿Dónde están las condenas a los asesinos en Oaxaca durante la represión contra la APPO? ¿Dónde la condena a quienes mataron en Atenco mismo o contra los violadores de las presas que después tuvieron que ser dejadas en libertad por la misma “justicia” que mantiene en rehenes del Estado a un puñado de hombres seleccionados con criterio político? ¿Cómo hacer creer a los ciudadanos mexicanos en la independencia y majestad de la justicia, en la defensa de un estado de derecho, en la igualdad ante la ley? Se está empujando a la población, como en el porfiriato, a buscar soluciones fuera de la ley que no es tal y con prescindencia de las instituciones prostituidas a los ojos de la ciudadanía. Los que siembran vientos recogen tempestades. ¿No hay ninguno en la clase gobernante que, por mero instinto de conservación, intente aprender algo de la historia y frene a los ciegos incendiarios que gobiernan el estado de México? ¿O la voracidad capitalista, el deseo de lucrar haciendo finalmente su aeropuerto en Atenco, incluso sobre la sangre y los huesos de los ejidatarios y campesinos, lleva a todos a ignorar que el fallo que condena a los de Atenco no se sustenta en nada más que el deseo de aterrorizar a los que se rebelaron y escarmentar a los que resisten?
Ante este fallo provocativo y de clase no es posible permanecer inactivos. La libertad de los presos políticos –los de Atenco lo son– depende de sus hermanos de clase y de quienes quieren defender los espacios democráticos en este país y frenar la violencia hasta ahora impune de los sátrapas priístas. Los sindicatos democráticos que luchan contra esa otra violencia colectiva que se quiere ejercer contra los trabajadores (con la reforma del ISSSTE, con las amenazas a Pemex y a la electricidad, con los intentos de acabar con las garantías legales para los trabajadores) deben también tomar en sus manos la anulación de la sentencia contra los presos políticos por los hechos de Atenco.
El PRD, nacional y del estado de México, no puede callar como si fuese cómplice de Peña, ni tampoco limitarse a una protesta verbal, sino que, junto con los sindicatos y para salvar su responsabilidad política, además de protestar en el Congreso y exigir justicia, debe organizar una gran manifestación en Atenco mismo. ¡Que el pueblo de Atenco y de Texcoco sienta que no está solo! La exigencia de la libertad de sus presos debe ser una bandera para la defensa de la democracia y la anulación de las condenas la piedra de toque que permita saber si la legalidad tiene alguna esperanza en este México cada vez más violento y más represivo, donde la ilegalidad de las clases dominantes y de los gobernantes impulsa y alimenta todos los demás tipos de delincuencia.
¿Quién en su sano juicio puede creer que los comicios legislativos o presidenciales futuros podrán ser limpios cuando se ve la descarada utilización de los poderes represivos del Estado, comenzando por los de la llamada justicia, para imponer un retroceso de muchas décadas en las conquistas políticas y sociales y en los derechos democráticos? ¿Quién puede pensar que el agravamiento de la crisis actual en Estados Unidos y en el mundo, con la reducción de esa válvula que hasta ahora ha sido la emigración y también de la fuente de ingresos proveniente de las remesas, no va a dar como resultado el aumento de la ofensiva, por todos los medios, legales e ilegales, de una oligarquía que sabe perfectamente que no podría mantenerse en el poder en un estado de derecho y que tiene que reducir los espacios democráticos?
Fraudes, ISSSTE, Pemex, condenas a los de Atenco: ¡es demasiado! La respuesta social debe ser contundente. Quizás así, entre otras cosas, los tribunales superiores se vean obligados a declarar nulos los fallos aberrantes.
