■ Demanda que la Suprema Corte agilice la resolución del caso
Gabriel León Zaragoza
Familiares de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) informaron que apelarán la sentencia que el juzgado primero penal de Texcoco dictó en contra de 11 detenidos (entre ellos el dirigente Ignacio del Valle) por los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006, cuando ejidatarios de esa localidad se enfrentaron con policías federales y estatales.
Acompañados de su defensa legal y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, en conferencia de prensa anunciaron que el próximo 4 de septiembre realizarán un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como medida de presión para que los ministros resuelvan ya el caso Atenco.
Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Juan de Dios Hernández expuso que los 11 detenidos son inocentes de los delitos de secuestro, secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación que se les atribuyen, por lo que aunque no confían en las autoridades, no cuentan con otra opción para buscar que se haga justicia.
Lamentó que en el estado de México exista “una dependencia absoluta del Poder Judicial respecto del Ejecutivo”, que se manifiesta en el actuar por “consigna” de los jueces. “Si ustedes acuden a cualquier juzgado mexiquense encontrarán que en las oficinas de los jueces penden fotografías de Enrique Peña Nieto”, señaló.
El coordinador del colectivo, Javier Enrique Sam, consideró que las sentencias “nuevamente ponen en evidencia la falta de respeto a los derechos humanos de parte de las autoridades políticas y judiciales”.
Indicó que “a pesar de algunas sanciones administrativas, ningún responsable material o intelectual ha sido consignado, procesado o castigado por su responsabilidad en las muertes, torturas, violaciones y detenciones ilegales”.
Las sentencias de casi 32 años para 10 presos y de 45 para Del Valle, dijo, se deben interpretar como una advertencia y amenaza para los movimientos sociales y el sector organizado, de que “no se acepta la disidencia política y social”.
Familiares de los detenidos –entre los que se encontraban la esposa de Ignacio del Valle, Trinidad Ramírez, y la madre de Héctor Galindo, Nelly Urrutia– apuntaron que no cesarán en la lucha por lograr la libertad de los 11 presos y a Peña Nieto le advirtieron: “no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino”.
