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MÉXICO, D.F., 21 de agosto (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) calificó de absurdas y abusivas las sentencias contra 10 de los presos por los sucesos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, y pidió su liberación inmediata.
Además, acusó a las autoridades políticas y judiciales de haber puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las “gravísimas” violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión policíaca.
Lo absurdo, precisó, es la contradicción al no haber condenas, ni siquiera procesos abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y sí, en contra, condenas sobre personas detenidas por un conflicto social y político.Sostuvo que las sentencias (31 años, 10 meses 15 días, a nueve de los indiciados y de 45 años a Ignacio del Valle, con la que suma 112 años y medio de reclusión), se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.
El organismo no gubernamental con sede en Barcelona, España, solicitó la libertad de estas personas con base en la presunción de inocencia, toda vez que estuvieron recluidas pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses.Añadió que en ese tiempo fueron puestas en libertad algunas personas consignadas por los mismos delitos, por lo que recomendó desmontar por completo “el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política”.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se entrevistó con los detenidos durante su cuarta visita a México tras los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, primero en el penal de Santiaguito, y más tarde en el penal de Molino de las Flores, en Texcoco, para recabar sus testimonios y entregar los informes realizados tras las dos visitas.
En sus informes, la CCIODH destacó que es urgente que las procuradurías estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de de todos los presos políticos y de conciencia.
Para la CCIODH resulta paradójico el caso de Ignacio del Valle, por haber sido sometido a otra sentencia, con la que suma 112 años y medio de prisión. Del Valle ya está cumpliendo 67 años y medio de reclusión en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
“Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente administrativo”, subrayó.
La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales queda reafirmada con estas sentencias, tal y como ocurre en Oaxaca y en Chiapas, apuntó.
