Sábado, 30 de Agosto de 2008
Integrantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra revivirán en caso Atenco para exigir la liberación de 11 de sus integrantes.
Reactivan habitantes lucha para liberar a familiares con sentencias de casi 32 años
MÉXICO.- Integrantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT) apelaron la tarde del jueves la sentencia de casi 32 años en contra de 11 de sus miembros dictada por un juez del estado de México la pasada, señalando que la condena equivale a cadena perpetua por el delito de “Secuestro Equiparado”.
En su argumentación, los abogados señalaron que el juzgador de la causa desechó todas las pruebas presentadas por la defensa, incluyendo las declaraciones contradictorias de los policías que sirvieron para dictar sentencia.
En conferencia de prensa, el abogado Juan de Dios Hernández y las esposas de algunos de los dirigentes presos en los penales de La Palma y Molino de Flores, en el estado de México, informaron sobre la apelación interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) en contra de la decisión del juez Alberto Cervantes Juárez, quien fue removido de ese cargo un día después de emitir su fallo.
Los convocantes a la conferencia reconocieron sin embargo, que no confían en las autoridades judiciales de ningún nivel, ya sea local o federal, puesto que las sentencias en contra de sus familiares fueron ordenadas por consigna y no basadas en la verdadera aplicación de la justicia.
El abogado Juan de Dios Hernández ejemplificó lo anterior al señalar que el juez Alberto Cervantes sentenció a los 11 habitantes de Atenco basado en testimonios de policías retenidos por un grupo de personas a quienes, según sus declaraciones ministeriales ratificadas, nunca vieron ya que cubrieron sus rostros y los obligaron a estar boca abajo, además de cubrirlos con cobijas.
No obstante que se demostró por todos los medios que los detenidos no tuvieron nada que ver con la presunta retención ilegal de los policías, el juez terminó por darle valor a nuevos testimonios en los que los uniformados reconocieron plenamente a sus supuestos captores, indicó el litigante.
En tanto, la señora Trinidad Ramírez, esposa del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle, dijo que el frente reactivará las movilizaciones para presionar a las autoridades a que se revise el caso.
Entre consignas de “Presos políticos Libertad”, los familiares de los detenidos de Atenco denunciaron también que a más de dos años de haber sido ingresados a los penales de La Palma y de Molino de las Flores, a ninguno de los involucrados se les ha practicado ningún examen criminológico para saber si presentan algún nivel de peligrosidad.
Esto es clave, ya que a partir de ese examen se pudo haber establecido que ninguno de ellos representa riesgo para la sociedad, indicaron. Otra de las mujeres con familiares encarcelados y sentenciados a 31 años y 10 meses de prisión, Nely Urrutia (madre de Héctor Galindo), acusó al Tercer Visitador de la CNDH de proteger con su actitud a las autoridades del Estado de México, ya que no hizo nada por impedir la reubicación de varios detenidos a quienes se les cambió de penal.
