- Chocarán la versión oficial y la de los familiares de los 43
- Aunque se emitirán críticas al Estado mexicano, el académico Javier Oliva prevé que se tomarán en cuenta ‘‘esfuerzos’’ en materia de justicia
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 4
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 4
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas tendrá que tomar en cuenta las acciones que ha realizado el Estado mexicano y emitir una resolución ponderada sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, opinó Javier Oliva Posada, experto en seguridad y profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El académico se encuentra en Ginebra para participar en las sesiones del comité internacional que tendrán lugar este lunes y martes. Reconoció la posibilidad de que los diez especialistas que integran el organismo planteen preguntas críticas y señalamientos graves sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, sobre todo a partir de la ‘‘polémica forma como se han conducido las investigaciones’’.
Además, estarán los testimonios de los padres y madres de los estudiantes que, sin duda, son dramáticos, pues hablan de una tragedia y de la debilidad estructural del Estado mexicano ‘‘en algunas partes, pero estamos lejos de una generalización’’.
En entrevista vía telefónica contactada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Oliva Posada confió en que los diez expertos que integran el comité de Naciones Unidas harán una ponderación entre los testimonios, los análisis y estudios de investigadores que se han realizado en torno a la desaparición de los estudiantes el pasado 26 de septiembre.
También está el informe que el gobierno mexicano envió con antelación al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas –que se examinará durante la sesión–, sobre el cual los expertos plantearán preguntas. El Estado mexicano tendrá un plazo de 48 horas para contestar y luego vendrá el posicionamiento del organismo internacional.
Oliva recordó que esa resolución tiene carácter vinculatorio para el país, es decir, se deben acatar y cumplir sus recomendaciones, pero por los esfuerzos que ha realizado la administración federal, como la reforma al Código de Justicia Militar y la migración al sistema oral penal, entre otros, ‘‘difícilmente se le puede acusar de inacción en este caso’’, sostuvo.
