Condena a la impunidad
Las autoridades rehúsan
admitir que el problema en el país es grave
Familiares de desaparecidos realizaron el 30 de mayo de 2013 en la ciudad de México una marcha para exigir justiciaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 4
Sábado 14 de febrero de 2015, p. 4
El hecho de que el gobierno mexicano
refutelas observaciones del Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) es una señal preocupante de que las autoridades siguen negándose a admitir la gravedad de este fenómeno en el país y no tienen voluntad política para resolverlo, señalaron organizaciones civiles.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, subrayó que la resistencia de México a aceptar las recomendaciones del CED
deja un profundo mal sabor de boca, pues muestra nuevamente que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a negar cualquier versión crítica de lo que hace su administración.
Pese a los múltiples informes y revisiones internacionales que documentan la existencia de miles de casos de desaparición forzada, el gobierno mexicano
sigue sin reconocer la crisis de derechos humanos en el país y la dimensión del problema, y a cambio intenta ganar credibilidad a través de comunicados de prensa.
Tras destacar que las observaciones del CED confirman las denuncias que ha hecho la sociedad civil desde hace muchos años, Quiroz enfatizó que el intento de México de refutarlas
es indignante, porque responde al intento de negar una realidad palpable y tangible que está a la luz de todos, pero que los únicos que no ven son los funcionarios.
Javier Monroy, miembro del Taller de Desarrollo Comunitario, consideró por su parte que la tácita negativa del gobierno a admitir las observaciones del comité de Naciones Unidas es una reacción
lógica, pues el Estado
ha cerrado filaspara negar estos señalamientos, sin importar si los hacen organismos internacionales.
“Es obvio que lo refuten, porque aceptarlo implicaría ponerse en evidencia y romper vínculos con las empresas del narco, con un costo muy alto para la estabilidad económica del país y para los partidos políticos. Reconocerlo es hacerse el haraquiri, y el Estado siempre se negará a eso”, afirmó el activista.
Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, deploró que el Estado mexicano evidencie su
falta de voluntad políticaal refutar los señalamientos recibidos, faltando al respeto a convenios internacionales que ha firmado y ratificado.
Siguen sin reconocer la gravedad del problema y eso deja ver que no van a cumplir las recomendaciones. No nos sorprende, pero sí es lamentable que lo diga de manera abierta y tajante, añadió.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saludó las observaciones finales del CED y estimó que su adopción e implementación
representaría la posibilidad de lograr avances en el combate a ese lacerante problema.