E
l Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer públicas las pesquisas en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre del año pasado.
Debe recordarse que esa información, solicitada por particulares en varias ocasiones mediante el propio Ifai, había sido reservada por la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam con el argumento de que se trata de
una averiguación previa a la que sólo puede acceder el inculpado, el defensor y la víctima o su representante legal. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto presentado por la comisionada Areli Cano Guadiana, el referido argumento no puede aplicarse en el caso de violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, lo que tácitamente implica que, en la concepción del Ifai, los hechos referidos se inscriben en alguna o en ambas de estas dos categorías.
Debe señalarse que la transparencia de las pesquisas de la PGR resulta necesaria e incluso indispensable, en la medida en que la versión que esa dependencia ha manejado como la
verdad históricade los hechos ha sido objeto de diversos cuestionamientos por carecer de evidencia empírica que la sustente y ha sido impugnada por las familias de las víctimas, su entorno social de apoyo y diversos actores en el ámbito nacional e internacional.
La resolución del Ifai da cuenta de la improcedencia de la estrategia jurídica empleada por la PGR en el caso referido, en la medida en que, hasta ahora, esa dependencia se ha limitado a imputar a los inculpados por los delitos de secuestro y homicidio, y ha mostrado una reticencia inexplicable a usar el tipo penal que, de acuerdo con diversos especialistas, es el adecuado: la desaparición forzada.
Debe recordarse que las violaciones graves a los derechos humanos son, por definición, correlativas a acciones u omisiones del Estado y que, en el caso concreto de Ayotzinapa, está documentada cuando menos la participación de servidores públicos municipales en el asesinato y sustracción de las víctimas. Sin embargo, en los casi cinco meses transcurridos desde los hechos del 26 de septiembre, la administración actual no ha desistido en su pretensión de abordar la situación como si se tratara de un episodio más de la criminalidad. Así lo demuestran, entre otros elementos, la declaración inicial del presidente Enrique Peña Nieto de que su gobierno no intervendría en el caso porque se trataba de
un asunto del ámbito local, es decir, perteneciente al fuero común, a pesar de que la abducción de 43 personas y el homicidio de otras seis difícilmente podría haber sido realizado por algo que no fuera delincuencia organizada y sería, por ende, un episodio correspondiente al fuero federal.
En un entorno nacional e internacional en que se ha señalado profusamente la responsabilidad –por acción y por omisión– de instancias públicas en la agresión contra los normalistas, resulta inevitable que por primera vez un organismo como el Ifai asuma los hechos ocurridos en Iguala como un crimen que trasciende la frontera de la delincuencia común y se ubica en el ámbito de los delitos contra la humanidad. Cabe esperar que el gobierno federal rectifique y acepte la gravedad del asunto. De lo contrario, difícilmente se podrá llegar a un esclarecimiento que resulte aceptable a la opinión pública y, lo más importante, para las familias de las víctimas.
