Genera críticas el respaldo desesperado de la IP al Ejército en el caso Ayotzinapa

• Las cúpulas empresariales se creen dueñas de los militares, expresa académico de la Uia
• Los dichos de la Concanaco poco ayudan al gobierno, señala líder de pequeños comerciantes

Susana González y Juan Carlos Miranda

 

Periódico La Jornada
Domingo 15 de febrero de 2015, p. 11

La advertencia del dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco -Servytur), Enrique Solana Sentíes, de que por ningún motivo permitiremos que (los padres de familia) se metan en los cuarteles es una medida desafortunada y desesperada para ayudar al gobierno federal, pero también como una evidencia de la insensibilidad de las cúpulas empresariales y su creencia de que son dueños del Ejército, aseveraron Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), y Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Si el dirigente de la Concanaco quiso respaldar al gobierno federal con sus declaraciones de que la cúpula empresarial no permitirá por ningún motivo que los padres de los normalistas desaparecidos se metan a los cuarteles del Ejército –aunque la Secretaría de Gobernación accedió a que inspeccionen sólo el de Iguala–, poco lo ayuda a salir del problema, expresó Cuauhtémoc Rivera.

Una manera democrática de alcanzar una solución tiene que involucrar a los padres para verificar todas las versiones, quienes se han sentido engañados y han traído de allá para acá y echándoles baldes de agua fría, precisó.

Las declaraciones de Solana Sentíes, sostuvo, son desafortunadas, porque avivan el fuego de un problema que está lejos de resolverse. Para empezar, cuestionó: ¿Quién es él para impedir o permitir el acceso a los cuarteles?, sobre todo porque más que opinión parece una amenaza de que los dirigentes empresariales estarán en la puerta de los cuarteles para impedir el paso de los padres de familia; “porque no dicen: ‘nos solidarizamos con que no se haga’, sino ‘no lo vamos a permitir’, como si él mismo fuera a estar en la puerta con una metralleta.

Con eso sólo se radicaliza más el problema, que prevalecerá hasta que se verifiquen todas las versiones que ha habido sobre la desaparición de los ­estudiantes.

Imposición y promesas

A su vez, el investigador Miguel Santiago Reyes indicó que el cierre de filas de la cúpula empresarial en torno al Ejército Mexicano por el caso de Ayotzinapa no es más que una medida desesperada de los grandes empresarios para sostener a un gobierno que ellos mismos impusieron y cuyas promesas, expresadas en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, todavía están en proceso de ser cumplidas.

Las declaraciones de Enrique Solana es una muestra de insensibilidad y refleja que los empresarios se comportan como si fueran dueños del Ejército.

Las reformas aprobadas en los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron para favorecer a una buena parte del sector privado nacional y extranjero por lo que dichos grupos ahora tratan de darle la vuelta a la página en el caso de Ayotzinapa que, dijo, es solo una muestra del hartazgo social ante la impunidad.

“El sector privado lo que hace –en una medida desesperada– es tratar de salvar a a este gobierno y buscar fortalecer a una institución que la mayor parte de los mexicanos sabemos que ha sido utilizada como una institución represiva como en el 68 y más recientemente en Tlatlaya”, comentó.