vie, 20 feb 2015 10:40
México, D.F. En México no se puede hablar de una democracia y de Estado de derecho con 23 mil desaparecidos, aseguró Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
“Es de destacar que sean personalidades políticas de otras latitudes las que muestren mayor preocupación por el caso Ayotzinapa frente a la indiferencia de la clase política mexicana que está más atenta a los tiempos electorales que a esta crisis de violencia y violaciones que vive el país de la cual Ayotzinapa es un caso paradigmático pero detrás del cual están más de 23 mil desaparecidos”, expresó en relación a los reclamos que hicieron eurodiputados a legisladores del PRI por el caso Ayotzinapa.
Al respecto el abogado del Prodh dijo que el poder legislativo “tiene una deuda inmensa porque México no cuenta con un andamiaje legal robusto para hacer frente a la desaparición forzada, no sólo en cuanto a la tipificación de la conducta y establecimiento de sanciones penales adecuadas sino en cuanto la relación de otros temas como planes nacionales de búsqueda, servicios forenses, protocolos de búsqueda elevados a rango legal, en términos de reglamentar las primeras diligencias frente a una desaparición”.
En entrevista luego de participar en el 15 Aniversario de la organización no gubernamental Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México, integrada por familiares de desaparecidos, exiliados y presos políticos, reiteró que este rezago legislativo fue parte de los señalamientos que hizo el Comité de Desaparición Forzada de la ONU en sus recientes observaciones.
“El Poder Legislativo no puede decir que desconoce que está en estado de incumplimiento frente a sus responsabilidades internacionales.
“Ojalá este tipo de intercambios con parlamentarios de otros países sirvan para que el poder legislativo asuma sus responsabilidades en esta crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos que vive México; que es una crisis de Estado mexicano, no solo del Ejecutivo Federal. Es una crisis que requiere que la totalidad de los poderes y niveles de gobierno para que adopten medidas extraordinarias para paliar la crisis que enfrenta el país”.
Durante la mesa de análisis sobre “justicia” que se llevó a cabo en el Centro Prodh como parte de la conmemoración de H.I.J.O.S, activistas y familiares de víctimas de desaparición forzada en México pusieron en duda los esfuerzos de las autoridades para resolver las investigaciones.
Pavel Ramírez, integrante de la organización no gubernamental señaló que las décadas de impunidad del gobierno federal se traducen hoy en que la desaparición forzada siga practicándose en el país.
“La reciente desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha puesto en evidencia la nula voluntad del Estado mexicano de hacer realidad su obligación de procurar justicia porque no se trata de un gesto de buena voluntad, es su obligación. ¿Cómo es posible que a meses del secuestro de los estudiantes no haya más que un aire fétido de impunidad en cada declaración de los representantes del gobierno mexicano?
“Con qué cara asisten a las reuniones internacionales con una cuota pendiente de miles de personas desaparecidas? ¿Cómo se atreven a insistir en el Estado de derecho y respeto a las instituciones cuando la policía y el ejercito están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes y la desaparición de nuestro padres y madres?”.
Por su parte el periodista José Reveles aseveró que las protestas sociales por Ayotzinapa no van a cesar durante mucho tiempo ante la apuesta del gobierno cerrar y olvidar el caso.
Ademas cuestionó las cifras oficiales de desaparecidos las cuales, sostuvo, son inferiores a inferiores a las que reportan organizaciones civiles.
“Afortunadamente esta creciendo la conciencia y capacidad de exhibir por lo menos públicamente la desaparición forzada y de alguna manera el gobierno se está poniendo contra la pared a nivel internacional por el caso de iguala.
“Es algo que conmovió a la sociedad y con mucha razón, porque es sumamente grave, trágico, es inaceptable que 43 muchachos estén desaparecidos, y también es quizá hasta tan o más inaceptable que el gobierno quiera darnos atole con el dedo y no decirnos qué fue lo que paso ahí, “dándolos por muertos de una manera absurda”.
En el acto estuvieron presentes dos padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del año pasado en Guerrero. Coincidieron en que la sociedad civil y organismos internacionales han contribuido para exigir justicia.
