Ana María Aragonés
A
yotzinapa puso al descubierto la larga historia de injusticias y corrupción que se ha vivido en Guerrero, uno de los estados más atrasados en cuanto a niveles de desarrollo humano. De acuerdo con datos del Coneval, fue la segunda entidad federativa con la mayor proporción de población en pobreza alimentaria en 2010, es decir, en pobreza extrema (38.4 por ciento). Sólo Chiapas está en peores condiciones (48.6 por ciento). Sin acceso a los servicios de salud, 46.1 por ciento de su población. El nivel promedio de escolaridad es de 7.5 años, cifra inferior al promedio nacional (8.9), con un alto índice de analfabetismo, 14.5 por ciento, cuando el total nacional es de 6.1 por ciento. Y sin embargo posee enormes recursos naturales, una importantísima actividad turística y una costa que debería servir de sustento alimentario suficiente para la población con los productos pesqueros. De hecho, la propia delegación federal en Guerrero señalaba que el estado para el año 2013 tenía importantes sectores estratégicos, como la agroindustria (incluyendo pesca), el turismo y la minería. ¿Dónde está el problema?
Hay que recurrir a la historia para explicarnos por qué Guerrero ha estado marcado por la violencia generalizada en contra de la población. Por la limitación del espacio, sólo destacaré algunos eventos que, desde mi punto de vista, merecen destacarse.
Lo primero que llama la atención es que en Guerrero se aplicó un proyecto educativo cuyo objetivo, más allá de alfabetizar a la población, fue la búsqueda del desarrollo de la comunidad. La llamada educación rural fue una propuesta de José Vasconcelos, titular de la Secretaría de Educación Pública en 1921, proyecto que continuaría Narciso Bassols en 1934. Los ejes rectores giraban en torno a la idea de que la formación de maestros sería la palanca para la transformación social y para el bienestar de la comunidad. No estaban equivocados, pues los maestros egresados de esas normales rurales, que ejercieron su trabajo con enormes carencias y con bajísimos salarios, fueron conscientes de las enormes carencias y de las flagrantes desigualdades en las que vivían los campesinos, ante lo cual se rebelaban. Crearon diversas organizaciones con la idea de alcanzar los objetivos de la transformación social, lo cual resultaba peligroso para los políticos cuyo interés no pasaba por apoyar a los campesinos. La respuesta de los gobiernos fue la violencia, la represión; se les llamaba revoltosos, comunistas, ateos, etcétera. El enorme descontento produjo diversos movimientos populares, movimientos guerrilleros como los surgidos en 1960 y 1970. La violencia y las matanzas contra los campesinos estuvieron siempre presentes: Acapulco en 1967, Aguas Blancas en 1995, El Charco en 1998, acontecimientos en los que se vieron involucrados políticos, policías y el Ejército.
Pero la violencia y la corrupción también se manifiestan en otros ámbitos, como es la vulnerabilidad que el estado de Guerrero enfrenta en relación con los eventos climáticos como huracanes, tormentas tropicales, etcétera, que afectan siempre a la población más pobre y marginada. El problema central es que las autoridades y las instituciones autorizan a las constructoras para que lleven a cabo las obras habitacionales en zonas de humedales, mismas que están condenadas al desastre ante los eventos climáticos pues son zonas inundables. Tal fue el caso de la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, que dos años después de inaugurada (1997) sufrió los embates del huracán Paulina, en la que hubo muertos y desastres, pues las familias vivían en zonas de alto riesgo de inundación no aptas para su urbanización, y sin embargo todos los organismos habían dado su visto bueno a la constructora Casas Geo. En 2013 se repitió la triste historia con el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel porque nuevamente se otorgaron licencias de construcción para hoteles, almacenes y casas sin responder a las condiciones ambientales. Enrique Peña Nieto prometió una investigación sobre los responsables, cuyos resultados se entregarían el 20 de octubre de 2014... y seguimos esperando.
No se puede dejar de lado la enorme inseguridad que proviene de la delincuencia organizada, pues 60 por ciento de la amapola se cultiva en el estado, y cuya cadena de complicidades con autoridades políticas y los cuerpos de seguridad ha dado lugar a que sea considerado como un narcoestado. Se explica por qué la intensidad migratoria en el estado de Guerrero pasó del undécimo lugar en el año 2000 al séptimo lugar en el año 2010 en el contexto nacional.
Y ahora la tragedia de Ayotzinapa con la desaparición de los 43 estudiantes en ese fatídico 26 de septiembre, que puso al descubierto a Guerrero, y a la que el Estado pretende dar carpetazo. Lamentablemente hay que reconocer que las condiciones de violencia, injusticias, desapariciones forzadas, asesinatos, etcétera, se han generalizado a lo largo y ancho del país. Estamos ante la crisis de las instituciones, vulneradas por la corrupción y su correlato la impunidad. Por lo tanto, caminar hacia una auténtica regeneración institucional, como señala Ollero, requiere que el Estado reconozca que
la transparencia se ha convertido en una exigencia inexcusable. Cosa que, hasta ahora, no parece ser el camino que este gobierno quiere transitar.
