- No permitir la revisión es una decisión de Estado, dice subsecretario de Gobierno
- Se da un paso atrás en los compromisos previamente contraídos: representante de los padres
Fabiola Martínez y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Sábado 28 de febrero de 2015, p. 16
Sábado 28 de febrero de 2015, p. 16
El gobierno federal negó de manera rotunda a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa el ingreso a los cuarteles militares de Guerrero. Ante ello, anunciaron que interpondrán un amparo para tratar de revertir esta decisión de autoridad.
La respuesta emitida ayer a un grupo de 65 personas que acudió a la Secretaría de Gobernación (SG) significa un viraje a la posición gubernamental.
En enero pasado, el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, se refirió a la posibilidad de abrir las instalaciones castrenses a los familiares, con la participación para este fin de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la oferta se limitaba exclusivamente al cuartel de Iguala, el funcionario admitió que desde diciembre los padres de los normalistas hicieron la mención al recorrido, aunque ya no concretaron formalmente la solicitud .
Semanas después, cuando surgió de nuevo el tema, Osorio Chong propuso la vía de la coordinación con la CNDH e incluso subrayó que las instalaciones del Ejército son visitadas por más de un millón de personas al año, para diversos fines.
Ayer, finalmente se llevó a cabo el encuentro con el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, que había sido pospuesto al argumentar ausencia de condiciones de seguridad para su realización, por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de aquella entidad.
Después de ocurrido el enfrentamiento el martes pasado en Acapulco –con saldo de un profesor jubilado muerto, varios detenidos y otros heridos– los familiares de los normalistas desaparecidos entraron a Gobernación pero no encontraron alternativas a su petición, y menos aun el compromiso para que se investigue a fondo la probable responsabilidad de militares y policías federales en los hechos que sucedieron en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año pasado.
“El planteamiento fue revisar todos los cuarteles de Guerrero, incluido el Campo Militar Número Uno; la respuesta de él (Miranda) es una negativa total; dice que no se acepta bajo ninguna circunstancia. Nosotros decimos que hay elementos de prueba en el expediente que apuntan a la responsabilidad del Ejército Mexicano, pero ellos refieren que no es posible la revisión de los cuarteles, que no hay indicios de que ahí se puedan encontrar, que no hay elementos para hacer una revisión en esas instalaciones.
Les dijimos que si se está dando un paso atrás en el compromiso que se había tenido anteriormente y (Miranda) respondió que sí, que así lo tomemos, que hay una decisión de Estado de no permitir la revisión de los cuarteles, informó Vidulfo Rosales, representante de los familiares de las víctimas.
Miranda les dijo que
de enero a la fecha las condiciones, las posiciones se han polarizado, de ahí que ya no haya condiciones para esa inspección.
En entrevista, el abogado de los familiares precisó:
En la reunión del 13 de enero (el gobierno federal) decidió dejarnos pasar a todos los cuarteles; dos días después dicen que sólo al de Iguala, y ahora que a ninguno.
En su opinión, esta negativa muestra que en el gobierno está ganando la
línea dura, la del Ejército, a fin de terminar con el conflicto mediante la represión.
Se ve claramente que el poder civil se supedita hoy a los mandos militares, que son los que marcan el rumbo en el conflicto de Ayotzinapa, dijo al término del encuentro con el subsecretario Miranda.
Los afectados irán a la CNDH a manifestar su inconformidad,
aunque no dan por concluida la negociación con la SG debido a que es el único enlace con las instancias federales, se lee en un reporte interno de la dependencia.
Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente, dijo que la salida de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) significa un alargamiento del proceso.
Pero no nos vamos a detener porque el pueblo tiene la última palabra para exigir justicia, dijo.
Rosales sostuvo que el cambio en la PGR dificulta el trabajo que se ha realizado, así como la investigación de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
