Jesús Peraza Menéndez
Condición humana: justicia, represión y presos políticos
En una campaña mediática, previa al próximo proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, el gobierno de Felipe Calderón se viste de “humanitario” cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce legalmente graves abusos en San Salvador Atenco contra las garantías individuales, durante la represión ocurrida la madrugada del 5 de mayo del 2006 (La Jornada 11/02/09). Con dos muertos y más de 200 detenidos, entre estos 31 mujeres, contra las que se cometieron abusos con la introducción de macanas, dedos a sus vaginas, sin importar su edad, medida calculada para humillarlas, disminuir su resistencia e integridad hasta lograr la auto-atrofia de toda iniciativa de construcción de un sujeto humano distinto, siempre hay una amenaza velada o abierta del poder para terminar con la condición humana, aceptar la fragmentación antes que la resistencia con integridad, pero no lo han logrado por fortuna.
Igual fue en Oaxaca: las desnudaron, las vejaron, les cortaron el pelo, violaron a las más jóvenes, las mantuvieron desnudas a la intemperie como medidas ilegales y represivas ejemplares, es la venganza-castigo contra la resistencia. La subsecretaria de Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, feminista, ex militante trotskista, dice que “analizará las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” para ver si las toma en cuenta, es decir, si se mantiene la impunidad de los culpables intelectuales y ejecutores del pueblo oaxaqueño, no sólo ha perdido la memoria sino que la impunidad hace una clase política soberbia y prepotente, la que sabe que dominar pasa por estos actos de canibalismo. Así estiran sin romper el frágil equilibrio del poder con este gobierno de Felipe Calderón en franca caída, social y humanamente insostenible, sólo hay que esperar —suponen los priístas— reprimiendo a la oposición para volver al zócalo. Ulises, en su último informe decía que Dios los puso y sólo Dios los quita, el tiempo mostrará que son los pueblos quienes deciden cuándo cambiar al gobierno y el modo de vida, la descomposición apesta.
El gobierno de la élite que se ha refugiado en el PRI del Estado de México, tomaba venganza directamente contra los atenquenses que se opusieron a la venta de sus tierras de labranza para la construcción de un nuevo aeropuerto, que era un proyecto de inversión pública con grandes ganancias privadas para la familia Fox-Sahagún y las más distinguidas familias propietarias de las televisoras, la telefonía, las plantas de alimentos, las aerolíneas y empresa españolas y norteamericanas. Es un conflicto que indica el sentido clasista de la administración de justicia. Fox está impune con el innegable saqueo de los recursos públicos, el tráfico de influencias e información privilegiada que obtuvieron los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún y ella misma, para hacerse de bienes y recursos de la nación-pueblo, al punto que los organismos financieros humanitarios han cancelado el apoyo a organizaciones no gubernamentales, pues descubrieron que la Fundación “Vamos México” de Marta Sahagún se los embolsaba todos.
Están impunes y protegidos por el “Estado de Derecho” Roberto Hernández, a quien POR ESTO!, le ha demostrado su participación en el narcotráfico, y quien se ha concentrado suelo en propiedad mediante las instituciones públicas que administró su sobrino en Yucatán, Patricio Patrón Laviada, cuyo hermano Alejandro ha sido inscrito con su tío Roberto Hernández en la lista de los no deseados en los Estados Unidos, uno por la evidencia de su participación en el narcotráfico y el otro acusado de un fraude por 750 millones de dólares y narcotráfico, y no es que los funcionarios y la élite norteamericanos no sean corruptos y narcotraficantes, sino que es una lucha por el control del tráfico y el mercado de drogas; es la justicia aplicada contra elites superiores para las elites inferiores (POR ESTO! 21/021/09). Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y empleado de Roberto Hernández, quien realizó la venta de Banamex a Citigroup bajo condiciones que violan la ley, pues le condonó 3 mil millones de dólares de impuestos por la operación de compra-venta del Banamex ahora en quiebra.
Impunidad de las élites del poder
Para comprender la impunidad de la que gozan las élites y de cómo se sirven de los tribunales para realizar venganzas personales, empecemos por Vicente Fox contra Ignacio del Valle, este último, un humilde campesino que se dedicaba a sembrar su parcela, destacado líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, a quien no le permitirán salir de la cárcel imputándole “delitos graves”. Ignacio del Valle no cabe en el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los graves abusos contra el pueblo de San Salvador Atenco. Con 55 años de edad, ha sido condenado a 67 años de prisión inconmutables por “la gravedad de los delitos”, es entonces cadena perpetua. Su hija América del Valle sufre persecución, tiene que vivir escondida para no sufrir un juicio injusto y vengativo como el de su padre.
Ignacio del Valle “vive” la cárcel, como explica Luis Hernández: “En su morada no hay noche ni día. La luz esta encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean entre 10 y 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardianes reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios prodigan en malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión” (La Jornada 20/02/09). Claro está que no se acerca al trato con privilegios que por ejemplo, recibía Raúl Salinas de Gortari, cualquier otro narcotraficante distinguido o alto funcionario sacrificado esporádicamente o algún criminal de la casta divina como Armando Medina Millet, o “El Teclas”. (Continuará)
