A la par que tribunales mexicanos
De la redacción
México DF, 4 marzo 09 (CIMAC).- Cristiana Valls, ciudadana española y una de las 26 mujeres víctimas de violación y tortura por parte de elementos de la policía, en los operativos policiales contra civiles ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presentó ante el Tribunal Constitucional de su país un recurso de amparo porque se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
Así lo informó su abogada, Paloma Soria, de Women´s Link, organización internacional de derechos humanos que trabaja para que la equidad de género sea una realidad en todo el mundo.
Cristina Valls además de ser víctima de tortura, incluyendo violación y agresión sexual, en mayo de 2006 en México, fue deportada ilegalmente el 5 de mayo y se le prohibió regresar a territorio mexicano en un plazo de cinco años, por lo que ella denunció su inconformidad ante la Audiencia Nacional española el 25 de enero de 2008 en base al principio de justicia internacional.
La querella interpuesta por Valls correspondió atenderla al juez Fernando Grande-Marlaska, quien no la aceptó porque que en México se estaba investigando el caso, razón por lo que Women´s Link, recurrió a esta decisión ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Fue entonces que el pasado 14 de enero esta sala dio la razón al juez y determinó que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar el crimen de tortura, incluida la agresión sexual y la violación, por entender que en México se está investigando, lo que deja a la ciudadana española sin acceso a la justicia.
El recurso de amparo que se presentó ayer y reclama la aplicación de la sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional que establece que los tribunales españoles son concurrentes, es decir, pueden investigar al mismo tiempo que otras jurisdicciones, cuando la denuncia sea por un crimen internacional como lo es la tortura. Este principio de concurrencia busca que crímenes graves, tales como los sufridos por Valls, no queden en la impunidad.
Cabe recordar que en el operativo policial dirigido por los tres órdenes de gobierno y en el que intervinieron tres mil efectivos policiales y resultaron 200 personas aprehendidas, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, mismos que se registraron durante las seis horas que duró el traslado al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito, un recurrido que habitualmente se realiza en dos horas.
Dos años después de los hechos, de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, comandados por el ahora Procurador General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, 14 decidieron denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim, hoy Fevimtra).
Con el tiempo, tres desistieron del proceso y hoy, a casi tres años de los hechos, 11 mujeres continúan en la búsqueda de justicia y piden castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional, donde esperan la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De la redacción
México DF, 4 marzo 09 (CIMAC).- Cristiana Valls, ciudadana española y una de las 26 mujeres víctimas de violación y tortura por parte de elementos de la policía, en los operativos policiales contra civiles ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presentó ante el Tribunal Constitucional de su país un recurso de amparo porque se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
Así lo informó su abogada, Paloma Soria, de Women´s Link, organización internacional de derechos humanos que trabaja para que la equidad de género sea una realidad en todo el mundo.
Cristina Valls además de ser víctima de tortura, incluyendo violación y agresión sexual, en mayo de 2006 en México, fue deportada ilegalmente el 5 de mayo y se le prohibió regresar a territorio mexicano en un plazo de cinco años, por lo que ella denunció su inconformidad ante la Audiencia Nacional española el 25 de enero de 2008 en base al principio de justicia internacional.
La querella interpuesta por Valls correspondió atenderla al juez Fernando Grande-Marlaska, quien no la aceptó porque que en México se estaba investigando el caso, razón por lo que Women´s Link, recurrió a esta decisión ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Fue entonces que el pasado 14 de enero esta sala dio la razón al juez y determinó que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar el crimen de tortura, incluida la agresión sexual y la violación, por entender que en México se está investigando, lo que deja a la ciudadana española sin acceso a la justicia.
El recurso de amparo que se presentó ayer y reclama la aplicación de la sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional que establece que los tribunales españoles son concurrentes, es decir, pueden investigar al mismo tiempo que otras jurisdicciones, cuando la denuncia sea por un crimen internacional como lo es la tortura. Este principio de concurrencia busca que crímenes graves, tales como los sufridos por Valls, no queden en la impunidad.
Cabe recordar que en el operativo policial dirigido por los tres órdenes de gobierno y en el que intervinieron tres mil efectivos policiales y resultaron 200 personas aprehendidas, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, mismos que se registraron durante las seis horas que duró el traslado al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito, un recurrido que habitualmente se realiza en dos horas.
Dos años después de los hechos, de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, comandados por el ahora Procurador General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, 14 decidieron denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim, hoy Fevimtra).
Con el tiempo, tres desistieron del proceso y hoy, a casi tres años de los hechos, 11 mujeres continúan en la búsqueda de justicia y piden castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional, donde esperan la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
