Organizaciones de la Sociedad Civil de México, establecieron que no existe justificación jurídica para mantenerlos recluidos en Penales de Máxima seguridad. El Comité Libertad y Justicia para Atenco, emplazó a la Secretaría de Gobernación de México, a que antes del próximo 4 de mayo, reubique en penales cercanos a sus domicilios a los 3 activistas presos por las revueltas populares en el municipio mexicano de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
El colectivo estableció que mantener a los referentes opositores presos transgrede lo dispuesto por la Constitución Política Mexicana.
En tal sentido, señalan el artículo 20 que sostiene que "Los sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social".
El grupo mexicano, informó que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPR) -encargada de administrar las cárceles en la República Mexicana- solicitó a autoridades federales, el traslado a penales de máxima seguridad de los tres presos de Atenco.
Por "tratarse de un asunto de alta relevancia" y "por haberse identificado como dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra", organización campesina que participó de manera directa en los sucesos del 3 y 4 de mayo en el poblado de San Salvador Atenco México.
Por tanto para la agrupación: "Las razones -son- políticas, más no jurídicas".
El colectivo defensor de los presos de Atenco, recordó que de acuerdo al dictamen emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, el traslado de los tres presos a los penales de máxima seguridad fue ilegal debido a que fue vulnerado el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
