Afirma Centro Prodh con motivo del 8 de marzo
De la redacción México DF, 7 marzo 09 (CIMAC).- El Estado mexicano no tienen ningún compromiso real para que las mujeres denunciantes de tortura sexual en el caso Atenco accedan a la justicia, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
De la redacción México DF, 7 marzo 09 (CIMAC).- El Estado mexicano no tienen ningún compromiso real para que las mujeres denunciantes de tortura sexual en el caso Atenco accedan a la justicia, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Diversas voces han señalado, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, la persistencia de la exclusión, la discriminación y las agresiones contra las mujeres, señala el Prodh en un comunicado.
Sumamos nuestra voz a esas denuncias, señala el comunicado, al mismo tiempo que señalamos una vez más la falta de compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006. Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de 2006, las víctimas no han obtenido justicia integral a pesar de haber transcurrido casi tres años de los hechos.
A la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a los responsables por el delito de tortura. Únicamente se consignó a 21 policías por el delito de abuso de autoridad, de los cuales solamente 6 continúan enfrentado proceso en primera instancia, ya que el resto fue exonerado.
Asimismo, sólo un policía fue condenado por el delito de actos libidinosos, no obstante a la fecha la sentencia no ha quedado firme. Los nulos resultados alcanzados en el Estado de México muestran que en esa entidad federativa las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo.
En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició una serie de investigaciones que hasta hoy han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se consigna a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas, entre otras, contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
JUSTICIA INTERNACIONAL
En abril de 2008, ante el incumplimiento del Estado mexicano, el Centro Prodh, que ha representado activamente a 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, presentó junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de encontrar justicia y reparación para las sobrevivientes de tortura.
Igualmente, detalla el Prodh, considerando que el Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad, continuamos los procesos iniciados ante las instancias internacionales.
En este sentido, actualmente Claudia Hernández Martínez, en representación de las 11 mujeres que continúan la denuncia, realiza una gira en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, por invitación de Amnistía Internacional con el fin de que las y los activistas de esa región conozcan el caso y se unan al llamado de justicia por las mujeres de Atenco en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer
Por lo tanto, señala el Prodh, reiteramos nuestras denuncias y exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mantenemos claras nuestras exigencias: la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura sexual, incluyendo los altos mandos y garantizar medidas de no repetición.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución sobre el caso Atenco, no señaló responsabilidades directas, su fallo no constituye una exoneración plena, por lo que la Fevimtra sigue obligada a investigar los hechos y consignar a los responsables.
