Por Efraín Núñez Calderón
Ardelio Vargas Fosado, precandidato del PRI a diputado federal por el Distrito 1 de Huauchinango, rechazó haberse interesado una curul en San Lázaro para obtener el fuero que lo protegiera de un posible proceso legal o fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su contra, por su participación en el caso Atenco.
Entrevistado por e-consulta, el exonerado por el máximo tribunal de justicia en el país de cualquier responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos en el conflicto de San Salvador Atenco, consideró cerrado el caso y afirmó haber cumplido con su responsabilidad como jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva.
A pesar de que la decisión final de la Corte, con base en el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, concluyó que se detectaron “violaciones graves” a los derechos humanos en los operativos de seguridad pública realizados en mayo de 2006, Vargas Fosado sostuvo que como funcionario federal siempre respetó las garantías individuales de las personas.
Descartó que el PAN u otros partidos políticos en la región de Huauchinango utilicen el tema en su contra durante el proceso electoral de este año, pues subrayó que para la Corte está claro que no tuvo responsabilidad en dichos hechos, en los que la mayor parte de los 207 detenidos sufrieron agresiones físicas, incluso sexuales, según consta la investigación del ministro de la corte.
¿Se acercó al PRI o al gobernador del estado para buscar protección a través del fuero en caso de que la Corte fallara en su contra?
-No por supuesto que no. El asunto está plenamente juzgado, la Corte ya resolvió. Hay una determinación que está muy clara. No tomaría una posición de esta naturaleza para ocultar una situación personal, siempre he hecho frente a mis responsabilidades. Como funcionario no tengo nada que ocultar. Ya la Corte lo dijo con toda firmeza.
¿El tema puede influir en el resultado de la elección? ¿Sus adversarios lo pueden utilizar en su contra?
-Quedó claro que ninguno de los funcionarios mencionados tiene ninguna responsabilidad. Quienes participamos ahí actuamos conforme a la ley, respetando las garantías individuales y los derechos humanos. La madurez de los partidos y los políticos así lo entenderán.
Asimismo, recordó que como funcionario experto en temas de seguridad entregó buenos resultados a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y también al actual mandatario federal, Felipe Calderón Hinojosa con quien trabajó en los primeros años del sexenio.
Hay que decir que en el apartado Décimo Segundo de la investigación del ministro Gudiño Pelayo, titulado “Sobre la determinación de quienes participaron en las violaciones graves encontradas”, en los operativos del tres y cuatro de mayo de 2006 se consigna el nombre de Ardelio Vargas Fosado, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva.
El ministro también consideró al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a Eduardo Medina Mora, procurador general de la República y entonces secretario de Seguridad Pública Federal, así como a Miguel Ángel Yunes García, ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, entre otros como las autoridades que pudieran tener responsabilidad en estos hechos.
En febrero pasado, el pleno del máximo tribunal determinó no responsabilizar de las violaciones graves en este caso a los altos funcionarios del gobierno mexiquense o federal.
