CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
La unánime palabrería de las instituciones del Estado en torno a la inseguridad pública, la criminalidad y el combate oficial de tales lacras, vale poco, pudiéramos decir nada. Los frondosos discursos que en pro del estado de derecho pronuncian inflamados nuestros gobernantes, ya sea que se acomoden a la izquierda, al centro o la derecha, valen menos.
Resulta que la violación permanente y masiva de los derechos humanos por parte de quienes tendrían que cuidar de ellos es la marca de este azulado país. Específicamente, los cientos de presos y presas políticas que llenan injustamente las cárceles de este país son la demostración plena de lo dicho.
El 21 de agosto del año en curso Ignacio del Valle Medina, campesino originario del mexiquense municipio de San Salvador Atenco y luchador social integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que tenazmente se ha opuesto a la oprobiosa construcción de un aeropuerto en las tierras pertenecientes a diversas comunidades indígenas de la región de Texcoco, fue sentenciado en la causa penal número 58/07 por el delito, falsamente sembrado en su contra, de secuestro equiparado en la modalidad de autoría intelectual, habiendo obtenido una condena de 45 años de cárcel que, sumada a su anterior condena de 67 años y cuatro meses, da un total de 112 años y cuatro meses que absurda e injustamente habrá de pasar en la cárcel, suponiendo que viva todos esos años, si la “razón” de Estado se impone en contra de quien tiene como único “delito” haberse opuesto a las destructivas políticas neoliberales que cotidianamente aplican nuestros gobernantes.
Frente a este crimen mayúsculo, cometido desde los más altos círculos del poder establecido, pues, en la determinación judicial estarían involucrados, por lo menos, el gobierno del estado de México, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación; cualquier discurso oficial en contra de la delincuencia organizada y la inseguridad carece de proporción, tamaño y valor efectivo.
Frente al omnímodo y arbitrario ejercicio del poder con la oscura finalidad de violar los derechos fundamentales de Nacho del Valle y muchos cientos y miles más, cabe preguntarse dónde podrá estar la raíz de la criminal ola que desde hace años se bate sobre el inerme pueblo mexicano.
En la causa penal en que se condenó a Ignacio del Valle también fueron sentenciados a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel los luchadores sociales Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Eduardo Morales Reyes.
Actualmente existen 13 presos políticos y decenas de perseguidas y perseguidos políticos por los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, fecha en que una descomunal columna de policías federales y del estado de México desató una feroz represión en contra de los pobladores de San Salvador Atenco y del FPDT con la doble intención de “castigar” la osadía de éstos al haber detenido lo que pretendía ser “el” proyecto del sexenio foxista –el aeropuerto internacional de Texcoco– y de frenar la Otra Campaña impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus aliados, incluido el FPDT.
Frente a la interesada cerrazón de quienes llevan las riendas de este país, únicamente la acción solidaria y organizada de los de abajo logrará abrir las cárceles donde injustamente consumen su vida Nacho del Valle, sus compañeros y tantas y tantas personas más.
