El 25 de agosto pasado, cuatro días después de que un juez del estado de México dictara condenas absurdas e inhumanas contra los presos de Atenco, le fue negada la visita a la madre y familiares del abogado Héctor Galindo Gochicoa, recluido en el penal federal del Altiplano, y el día 29, cuando tenía programada su llamada semanal de 10 minutos, Héctor no pudo realizarla.
Rosa Nelly, mamá de Héctor, presupone algún tipo de sanción disciplinaria, pero no ha sido informada de nada por las autoridades del penal. Lo único que a duras penas pudo obtener fue una información del visitador de la CNDH, quien tras hablar con las autoridades le dijo que su hijo había tenido un problema con un custodio y que lo demás era ¡información reservada!
Dado que Héctor siempre ha tenido claridad sobre lo que implica su condición de preso político, ha observado una conducta apegada a las normas desde su reclusión, incluso ante atropellos de la autoridad. Esto es lo que hace suponer que Héctor Galindo pudo haberse resistido a obedecer instrucciones ilegales o injustas, o bien que se le esté hostigando para evitar que haga frente común ante las recientes sentencias de sus compañeros.
Por ello es necesario que la directora del penal informe oficialmente de las causas del presunto castigo a Héctor, así como que lo presente físicamente para comprobar su estado de salud. No queremos suponer que lo estén “guardando” para que se recupere de maltratos físicos mientras la CNDH, encargada plenipotenciaria en México del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (sin participación de las ONG), se reserva información al tiempo que rinde un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, de visita en México y encabezado por el costarricense Víctor Manuel Rodríguez Rescia.
Rosario Ibarra, senadora de la República
